El Tribunal Constitucional de Turquía está evaluando hoy la solicitud de anulación de la controvertida «Ley de Censura», conocida públicamente como la «Ley de Difusión de Información Engañosa». Periodistas y organizaciones de medios se han unido en una protesta frente al edificio del Tribunal Constitucional. Incluso el líder del Partido Republicano del Pueblo (CHP), Özgür Özel, se ha sumado en apoyo a los periodistas.
Asimismo, el Departamento Legal de Media and Law Studies Association (MLSA, por sus siglas en inglés) ha enviado una solicitud a los miembros del Tribunal Constitucional. En su solicitud, exigen la anulación de la «Ley de Desinformación», que se ha convertido en una herramienta de censura y represión contra los periodistas.
La solicitud resalta que esta ley contradice los principios de libertad de expresión y prensa consagrados en la Constitución. Además, señala su conflicto con los artículos pertinentes del Convenio Europeo de Derechos Humanos y afirma que la regulación contradice el «principio de previsibilidad».
Los abogados de MLSA sostienen que esta ley, que afecta los derechos de los periodistas de recopilar y difundir noticias, va en contra del orden democrático y exhortan al Tribunal Constitucional a anular la ley y poner fin a la presión sobre los periodistas.
La «Ley de Censura» ha desencadenado una serie de investigaciones contra periodistas desde su aprobación en el Parlamento, y ha sido utilizada como base para el arresto del columnista del portal de noticias T24, Tolga Şardan. Hoy, el Tribunal Constitucional está debatiendo esta ley en respuesta a una solicitud presentada por el CHP.
Conocida también como «Ley de Desinformación», esta enmienda se incorporó al artículo 217/A del Código Penal Turco, estableciendo el delito de «difusión pública de información engañosa» con penas de uno a tres años de prisión. Según datos del Sindicato de Periodistas de Turquía, al menos 33 periodistas han sido objeto de investigaciones en el último año en virtud de esta enmienda, con seis de ellos detenidos y cuatro encarcelados, aunque estos últimos fueron liberados posteriormente. El artículo en cuestión sanciona a aquellos que publiquen información falsa perjudicial para la paz pública, seguridad interna y externa, orden público y salud pública con la intención de generar temor, pánico o ansiedad entre el público. En caso de cometer el delito ocultando su identidad real o como parte de actividades de una organización, la pena se incrementa en la mitad.
Hoy, mientras el Tribunal Constitucional aborda la posible revocación de esta ley, los periodistas han llevado a cabo una manifestación frente al tribunal, exigiendo su derogación. La protesta ha contado con la participación del Consejo de Prensa, la Asociación de Periodistas Contemporáneos, la Asociación de Periodistas de Turquía, el Sindicato de Periodistas de Turquía (TGS) y miembros del sindicato Haber Sen, entre otros. Entre los manifestantes se encuentra Tolga Şardan, el periodista cuyo arresto se relacionó recientemente con esta ley.
Los periodistas han emitido un comunicado conjunto expresando su preocupación por la formulación de acusaciones infundadas y el uso indebido de la ley de «difusión pública de información engañosa» durante el último año, lo que ha resultado en investigaciones injustas, detenciones y arrestos. Esta ley ha sido ampliamente criticada por restringir la libertad de prensa y expresión en Turquía.
Los periodistas instan al Tribunal Constitucional a revocar esta ley y a poner fin a su uso abusivo contra la prensa y la libertad de expresión en el país.
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