El Tribunal Supremo de Apelaciones de Turquía ha tomado una decisión sin precedentes al declarar que la detención continua de un legislador de la oposición es legalmente apropiada, desatendiendo la reciente resolución del Tribunal Constitucional que determinaba que los derechos del parlamentario habían sido violados.
Además, han presentado denuncias penales contra los jueces del Tribunal Constitucional que votaron a favor del legislador.
Can Atalay, miembro del Partido de los Trabajadores de Turquía (TİP, por sus siglas en turco), presentó una petición ante el Tribunal Constitucional en julio, argumentando que sus derechos habían sido violados debido a su detención prolongada, a pesar de haber adquirido inmunidad parlamentaria después de obtener un escaño en el parlamento en mayo.
La decisión del Tribunal Supremo de Apelaciones se produce después de que el Tribunal Constitucional determinara que los derechos de Atalay a ser elegido y participar en actividades políticas, así como su derecho a la libertad y seguridad personal, habían sido violados.
La Tercera Sala Penal del Tribunal Supremo de Apelaciones, encargada del caso, negó la liberación de Atalay durante el proceso de apelación, citando el Artículo 14 de la Constitución turca, que establece las condiciones en las que se pueden limitar los derechos y libertades fundamentales.
En su opinión, la Tercera Sala Penal argumentó que Atalay no tiene derecho a la inmunidad legislativa por acciones anteriores a su elección.
Además, los jueces del Tribunal Supremo de Apelaciones presentaron denuncias penales contra los miembros del Tribunal Constitucional que fallaron a favor del caso de violación de derechos de Atalay, acusándolos de exceder su autoridad y violar la constitución al involucrarse en «activismo judicial».
Este acontecimiento ha generado gran preocupación, ya que los jueces de apelación afirman que el Tribunal Constitucional ha llegado incluso a amenazar a los miembros del Tribunal Supremo de Apelaciones, insinuando que han cometido el delito de negligencia.
El caso de Atalay ha sido remitido nuevamente al Tribunal Supremo de Apelaciones por el Tribunal Penal Superior de Estambul, que previamente había confirmado la condena del legislador.
El Tribunal Constitucional emitió su fallo el 25 de octubre, declarando que Turquía había violado el derecho de Atalay a elegir, presentarse a elecciones y participar en actividades políticas, de acuerdo con el Artículo 67 de la Constitución turca.
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