En el marco del Día de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, la Plataforma Pro Derechos y Libertades reitera su dedicación a los principios universales de los derechos humanos. Este día conmemora el valor inherente y los derechos iguales de todas las personas, recordándonos que la libertad, la justicia y la paz son los pilares fundamentales del mundo. Hacemos hincapié en la importancia de abrazar valores humanos universales, superar las fronteras nacionales y derribar barreras en este sentido.
Nuestra organización sostiene que todas las personas, sin importar su religión, nacionalidad, etnia, género o ideología, tienen derecho a la completa gama de derechos humanos. En el Día de los Derechos Humanos, conmemoramos la igualdad y la dignidad inherente de todas las personas, así como sus derechos inalienables. Extendemos nuestros sinceros deseos por la preservación de la vida y el triunfo de la paz, instando a todos a alzar la voz contra cualquier infracción a sus libertades fundamentales.
Debido a la violación del derecho humanitario y los derechos humanos universales, el sufrimiento indescriptible prevalece en todo el mundo. Este sufrimiento es tan amplio que ninguno de nosotros puede soportarlo o experimentarlo solo. Encontrar una solución a esta angustia compartida que todos experimentamos en nuestras conciencias requiere apoyo mutuo y compañerismo.
Como Plataforma Pro Derechos y Libertades, una organización establecida por activistas de derechos humanos, periodistas y académicos que han sido obligados a vivir en el auto-exilio en España, nos comprometemos a continuar monitoreando las violaciones sistemáticas de derechos humanos que han ocurrido en Turquía durante décadas y a intensificar nuestros esfuerzos para ponerles fin.
El gobierno del AKP en Turquía desestabilizó rápidamente el estado de derecho y la independencia del poder judicial durante las protestas del Parque Gezi en 2013 y con su respuesta antidemocrática a la amenaza de enjuiciamiento de altos funcionarios estatales por corrupción en diciembre de 2013. El Gobierno turco comenzó a cometer crímenes de odio y a seguir una estrategia de marginación sistemática de ciertos grupos y polarización de la sociedad, además de su búsqueda de autoridad legítima.
Tras los eventos del 15 de julio, el gobierno convirtió este crimen de odio en una acción. El gobierno practica la tortura sistemática y organizada, especialmente contra personas percibidas como afiliadas o simpatizantes del Movimiento Hizmet/Gulen y el pueblo kurdo.
La tortura y el maltrato han comenzado a proliferar en centros de detención oficiales y no oficiales, calles, cárceles y prácticamente en cualquier otro lugar en la Turquía actual, como resultado de la decisión del gobierno de eliminar la independencia del poder judicial y los medios de comunicación.
El gobierno del AKP acusa de terrorismo a quienes no están de acuerdo con él en un esfuerzo por inducir miedo y terror en ellos. El hecho de que más de dos millones de personas hayan sido objeto de investigaciones en la República de Turquía con acusaciones falsas es una clara indicación de esto.
La sentencia «Yalçınkaya» del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) es un hito significativo hacia la restauración del orden legal en el país. La decisión documentó la persecución de individuos que ejercieron derechos fundamentales, como tener una cuenta bancaria, enseñar en instituciones educativas que operan legalmente o utilizar aplicaciones de comunicación móvil.
El TEDH emitió un fallo revolucionario que no solo afectó a Yalçınkaya, un profesor, sino que también tuvo la capacidad de remodelar la existencia de cientos de miles de personas dentro del intrincado y desde hace mucho tiempo inoperante sistema legal turco.
Como la primera decisión de la Gran Sala en más de una década que condena las violaciones de derechos humanos en Turquía, las consecuencias potenciales de esta decisión afectarán significativamente a un país que lidia con su conciencia legal. La presencia de los jueces en Estrasburgo recordará que los jueces turcos no pueden absolverse de sus obligaciones morales y éticas profesionales argumentando: «Simplemente ejecuté las órdenes».
Reafirmamos nuestro compromiso de monitorear la ejecución de esta resolución histórica y persistir en nuestro esfuerzo por erradicar las persistentes y graves violaciones de derechos humanos en Turquía, ¡que equivalen a crímenes contra la humanidad!
