El Proyecto Mundial de Justicia (WJP, por sus siglas en inglés) recientemente publicó su Índice de Estado de Derecho para 2023, evaluando a 142 países, y la posición de Turquía ha disminuido con respecto al año anterior. Ahora, Turquía se ubica en el puesto 117 en la clasificación general, marcando un descenso de un lugar.
El país obtuvo calificaciones particularmente bajas en términos de limitaciones al poder del gobierno, donde se ubicó en el puesto 137, y en cuanto a derechos fundamentales, en el puesto 133. La puntuación general de Turquía, sus derechos fundamentales y la justicia civil lo colocaron en el último lugar en la región de Europa del Este y Asia Central, incluso por detrás de Rusia.
A nivel global, la posición de Turquía la situó por debajo de países como Angola y México, pero por encima de Guinea y Honduras.
Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia y Alemania se destacaron como los mejores en el índice, mientras que países como Haití, Afganistán, la República Democrática del Congo, Camboya y Venezuela ocuparon las posiciones más bajas.
El Índice de Estado de Derecho 2023 del WJP evalúa a los países en función de ocho factores clave, que incluyen Limitaciones al Poder del Gobierno, Ausencia de Corrupción, Gobierno Abierto, Derechos Fundamentales, Orden y Seguridad, Aplicación Regulatoria, Justicia Civil y Justicia Penal.
Los datos se recopilan a través de encuestas a la población en general, que incluyen una muestra representativa de 1,000 encuestados en cada país, junto con “Cuestionarios de Encuestados Calificados” completados por profesionales legales, expertos y académicos con experiencia en diversas áreas del derecho.
Estas clasificaciones se producen en un momento en que la judicatura de Turquía enfrenta graves acusaciones de corrupción y soborno. El fiscal jefe de Estambul, İsmail Uçar, envió recientemente una carta al Consejo de Jueces y Fiscales (HSK), revelando una serie de acusaciones de corrupción dentro del sistema judicial turco.
La carta de Uçar detalló acusaciones de soborno, nepotismo y otras irregularidades dentro del sistema judicial. Las acusaciones también se extendieron a Bekir Altun, presidente de la Comisión Judicial de Estambul.
Erdoğan enfrenta acusaciones de establecer un sistema de gobierno unipersonal en el país, particularmente después del fallido intento de golpe de 2016. Tras este evento, se lanzó a una severa represión contra aquellos ciudadanos que no le eran leales, y Turquía hizo una transición hacia un sistema presidencial, otorgándole considerables poderes. Muchos argumentan que la separación de poderes ya no existe en el país y que los miembros del sistema judicial están completamente subordinados al gobierno, lo que les impide tomar decisiones basadas en la legalidad.»
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