Solidarity with OTHERS, una ONG establecida en Bruselas y fundada por un equipo de exiliados políticos de Turquía y ciudadanos europeos, ha publicado su nuevo informe y presentado ante Solicitud de Aportaciones al Informe del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el «Uso de Medidas Administrativas en la Lucha contra el Terrorismo».
El informe titulado “Medidas Administrativas, Contraterrorismo e Impunidad: Enfrentando la Turbulencia en Turquía” ofrece un análisis detallado y preocupante de la situación de los derechos humanos en Turquía, centrándose en las acciones gubernamentales adoptadas bajo el pretexto de combatir el terrorismo, particularmente dirigidas al Movimiento Gülen. Desde el intento de golpe de Estado en 2016, el Gobierno turco ha implementado una serie de medidas administrativas que han resultado en una violación sistemática y generalizada de los derechos fundamentales de sus ciudadanos, generando una atmósfera de impunidad y erosión del Estado de derecho.
El Movimiento Gülen, sujeto a una amplia persecución por parte del Gobierno turco, ha sido defendido por organismos internacionales de derechos humanos por sus actividades legales y no violentas. Es especialmente notable que el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria haya emitido múltiples opiniones condenando las acciones de Turquía contra los afiliados al movimiento Gülen, sugiriendo que tal persecución implacable podría equivaler a crímenes contra la humanidad. Estas opiniones (N.º 3/2023, N.º 66/2020, N.º 67/2020, N.º 84/2020 y N.º 66/2023) subrayan la gravedad de las violaciones de los derechos humanos involucradas.
El informe comienza contextualizando la situación, destacando cómo el Gobierno turco ha identificado al Movimiento Gülen como la “Organización Terrorista Fethullahista (FETÖ)” y lo ha etiquetado administrativamente como tal, sin un proceso judicial transparente y público. Esta práctica levanta serias preocupaciones sobre el respeto al debido proceso y las garantías judiciales en el país.
Uno de los aspectos más impactantes que aborda el informe es el abuso de poder a través de decretos ley durante el estado de emergencia declarado después del intento de golpe de Estado en 2016. Estos decretos, emitidos por el Consejo de Ministros, condujeron al despido masivo de funcionarios públicos, incluyendo jueces y fiscales, así como al cierre de instituciones educativas y medios de comunicación. Esta acción resultó en una violación generalizada de los derechos humanos y una erosión del Estado de derecho en el país.
Además, el informe examina críticamente la ineficacia de los mecanismos de monitoreo establecidos por el Gobierno turco, como la Comisión de Investigación sobre las Medidas del Estado de Emergencia. Esta comisión ha rechazado la mayoría de las solicitudes de revisión de medidas administrativas, lo que arroja serias dudas sobre su capacidad para servir como organismo de supervisión de los derechos humanos en el país.
El informe también destaca cómo algunas medidas administrativas se han perpetuado más allá del estado de emergencia, con leyes que extienden las facultades de las autoridades gubernamentales y otorgan inmunidad a los funcionarios involucrados en la represión. Esto ha generado un clima de impunidad y ha contribuido a un deterioro continuo del Estado de derecho en Turquía.
Asimismo, se analiza el uso de listas de buscados y la cancelación de pasaportes como herramientas para perseguir a disidentes, lo que plantea serias preocupaciones sobre la violación de los derechos humanos y el Estado de derecho en el país.
El informe hace un llamamiento urgente a la acción para abordar las violaciones de derechos humanos en Turquía, incluida la manipulación de medidas administrativas en la lucha antiterrorista y la impunidad de los violadores de derechos. Insta al Gobierno turco a respetar el Estado de derecho y sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos para garantizar la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
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