Günal Kurşun*
A propósito del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, celebrado el 26 de junio, me gustaría abordar la persistencia del problema en Turquía. Desde que las Naciones Unidas adoptaron la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes el 26 de junio de 1987, esta fecha se ha dedicado a solidarizarse con las víctimas de la tortura.
Según esta convención, a la cual Turquía se ha adherido, la tortura está terminantemente prohibida para salvaguardar la dignidad y el valor inherente de todas las personas, sin excepción alguna. Ni siquiera en tiempos de guerra, amenaza de guerra, inestabilidad política o estados de emergencia se justifica su práctica.
«Nadie será sometido a tortura o mal tratamiento»
Según el Artículo 17 de la Constitución turca, que garantiza “Nadie será sometido a tortura o mal tratamiento; nadie será sometido a pena o tratamiento incompatible con la dignidad humana”, la tortura ha persistido durante mucho tiempo en Turquía a pesar de esta prohibición absoluta. El artículo, titulado «La inviolabilidad y la integridad física y moral de las personas», establece que ningún individuo debe ser sometido a tortura ni a tratos o penas inhumanos o degradantes. Además, el artículo 94 del Código Penal turco define la tortura como cualquier acción perpetrada por un funcionario público que cause sufrimiento físico o mental, afecte la capacidad de percepción o voluntad, o humille a una persona. Estos actos son castigados con penas de prisión que oscilan entre tres y doce años, agravándose si el delito se comete contra mujeres, niños, personas vulnerables o embarazadas, abogados o funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, o si involucra acoso sexual.
Entonces, ¿por qué la tortura persiste a pesar de estas normativas estrictas? La respuesta radica en la autorización política, los discursos que desde altas esferas gubernamentales fomentan la tortura y las arraigadas políticas de impunidad.
Ha habido un notable aumento en los casos de tortura. Las fuerzas de seguridad a menudo recurren al uso desproporcionado de la fuerza al intervenir en manifestaciones pacíficas y reuniones. Este uso excesivo de la violencia, que excede los límites legales de las autoridades, constituye un acto de tortura. La incidencia de tortura ha crecido significativamente, especialmente durante el estado de emergencia entre julio de 2016 y julio de 2018, afectando a una amplia gama de grupos como las Madres del Sábado, trabajadores en huelga, empleados públicos, profesores sindicalistas, miembros de la comunidad LGBTI+, estudiantes, votantes cuyos derechos han sido violados, refugiados, y defensores de derechos humanos, entre otros.
Especialmente alarmante es el aumento dramático de los casos de tortura en las cárceles. La investigación y documentación de estas prácticas, como se refleja en numerosos informes de organizaciones de derechos humanos, sigue siendo extremadamente peligrosa. Por ejemplo, investigar el paradero de Yusuf Bilge Tunç, un antiguo empleado del Ministerio de Defensa secuestrado en 2019 y desaparecido desde entonces, o documentar las torturas sufridas por prisioneros políticos en cárceles tipo F y los abusos posteriores al fallido golpe de Estado del 15 de julio de 2016 en centros de detención, sigue siendo una tarea arriesgada. A pesar de estos riesgos, los verdaderos defensores de los derechos humanos continúan su labor de investigación y documentación.
Es crucial destacar la gravedad de la situación en las cárceles. El encarcelamiento en sí mismo es un proceso inherentemente traumático. Sin embargo, las prácticas de aislamiento utilizadas para deshumanizar a los prisioneros en cárceles de alta seguridad tipo S o Y, y en el caso particular de la prisión de İmralı, son consideradas tortura según los informes del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT).
La razón principal del elevado índice de tortura radica en una cultura de impunidad arraigada. Si los funcionarios públicos tuvieran la certeza de ser castigados, se abstendrían de cometer actos de tortura. Sin embargo, la falta de consecuencias alienta la perpetuación de estos abusos. Mientras haya ministros del Interior que inciten a la policía a través de declaraciones como “¡Rompedles las piernas!” transmitidas por los medios de comunicación, será difícil avanzar en este tema.
Además, es crucial mencionar la Institución de Derechos Humanos e Igualdad de Turquía (TİHEK), que se supone actúa como el mecanismo nacional para prevenir la tortura. Desde su creación, no está claro si ha logrado más que intentar una tarea imposible. Es urgente cerrar esta institución y establecer un nuevo mecanismo nacional de prevención completamente independiente, alineado con el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT) y los Principios de París de la ONU.
Construir una sociedad libre de tortura solo será posible si los ciudadanos lo demandan. La defensa de la dignidad humana y la prevención de la tortura recae en última instancia sobre los ciudadanos. Para proteger los valores fundamentales de nuestra humanidad, debemos reconocer el sufrimiento causado por la tortura y fortalecer la solidaridad. (Fuente: Yeni Arayış)
* Günal Kurşun, abogado, experto en derecho penal internacional y miembro veterano de Amnistía Internacional Turquía.
