Turquía no es un observador ajeno ni un invitado de piedra en el tablero europeo. Es un Estado miembro que firmó el Convenio Europeo de Derechos Humanos, lo que significa que está obligado a cumplirlo, le guste o no.
Este miércoles, 24 de junio de 2026, la explanada del Consejo de Europa en Estrasburgo vuelve a ser el escenario de una protesta incómoda pero necesaria. Por quinto año consecutivo, la plataforma Peaceful Actions Platform, respaldada por 17 organizaciones de la sociedad civil de todo el continente, saca a la calle la ya consolidada «Marcha por la Justicia». Lo que nació como una denuncia aislada es hoy una cita anual ineludible que mueve a más de 5.000 personas en directo y a decenas de miles en redes sociales bajo un reclamo claro: «Justicia para todos».
Turquía no es un observador ajeno ni un invitado de piedra en el tablero europeo. Es un Estado miembro que firmó el Convenio Europeo de Derechos Humanos, lo que significa que está obligado a cumplirlo, le guste o no. Pese a ello, Ankara ha convertido el desacato judicial en una práctica de Estado abierta y descarada. Las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) no son sugerencias ni recomendaciones diplomáticas bilaterales; son mandatos vinculantes que se tienen que cumplir.
El veto del Gobierno turco a las resoluciones que exigen liberar de inmediato a figuras clave de la oposición, como el filántropo Osman Kavala o el líder político kurdo Selahattin Demirtaş, es un pulso directo a la autoridad jurídica de Europa. Sin embargo, el problema va mucho más allá de estos nombres de impacto internacional. El pasado mes de mayo, la Gran Sala del TEDH firmó el fallo Yasak v. Türkiye, una resolución que supuso una auténtica lección de primero de Derecho para el régimen de Ankara al recordarle un principio básico:la irretroactividad de la ley penal. Nadie puede ir a la cárcel por actos que no fueran delito de forma clara e individualizada cuando se cometieron.
El Gobierno de Recep Tayyip Erdoğan ha retorcido las leyes penales en casos sistémicos como el histórico Yalçınkaya v. Türkiye. La estrategia consiste en coger actividades cotidianas, legales y normales del pasado y catalogarlas de golpe como pruebas de terrorismo para criminalizar a cualquiera que huela al movimiento Gülen (Hizmet). Esta persecución deja un daño humano brutal que la geopolítica de despacho prefiere ignorar: miles de familias asfixiadas económicamente, niños estigmatizados y presos políticos en aislamiento prolongado sin una atención médica mínima en las cárceles turcas. Esto no es aplicar la ley; es una venganza institucional pura y dura.
El sistema democrático turco sufre una demolición interna que ha borrado de un plumazo la separación de poderes. Los ayuntamientos en manos de la oposición sufren un acoso constante con bloqueos administrativos, ceses fulminantes y procesos judiciales a la carta que nunca salpican a los alcaldes del partido del Gobierno. Los cargos electos de la oposición han pasado a ser tratados como amenazas a la seguridad nacional. El ejemplo más descarado es el del propio alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, encerrado en prisión preventiva por acusaciones estrictamente políticas con el único fin de sacarlo de la carrera electoral.
La situación de la prensa en el país es insostenible. El Índice Mundial de la Libertad de Prensa de 2026 hunde a Turquía en el puesto 163 de 180 países. Artículos del Código Penal como el 299 (injurias al presidente), el 217/A (la ley mordaza contra la desinformación) o el 216 (incitación al odio) funcionan como herramientas de censura masiva. Se usan para amordazar a los periodistas que investigan la corrupción económica, los abusos de poder o los juicios políticos amañados. Sin periodistas libres, la sociedad civil se queda a oscuras y el control al poder desaparece.
Que nadie se equivoque: esto no va de partidos ni de banderas, ni de si eres kurdo o turco. Golpea por igual a activistas, políticos kurdos, estudiantes, profesores y ciudadanos de a pie. Para todos aquellos a los que sus propios tribunales han cerrado la puerta, el Convenio Europeo de Derechos Humanos es el último clavo ardiendo al que agarrarse para buscar justicia.
Europa no puede mirar para otro lado una vez más, escudándose en intereses diplomáticos o en el miedo a tensionar relaciones. El Consejo de Europa tiene que reaccionar ya, usando los mecanismos de control que tiene guardados en los cajones para proteger la autoridad del TEDH y exigir que sus fallos se ejecuten de inmediato y sin más excusas.
Mehmet Siginir (Fundador de www.proderechos.org)
