Muaz Türkyılmaz, empresario turco que fue detenido en el aeropuerto cuando salía de Panamá en septiembre, se enfrenta a la extradición a Turquía, donde la tortura y otras formas de maltrato se han generalizado en los últimos años.
Desde septiembre, la embajada turca en Panamá ha intensificado sus gestiones para la deportación de Türkyılmaz por cargos de terrorismo inventados debido a sus supuestos vínculos con el movimiento Gülen.
El empresario turco había solicitado anteriormente asilo en el país y actualmente espera en la cárcel la decisión de un tribunal panameño sobre su recurso contra la petición de Turquía. Como se ha visto en casos anteriores, Türkyılmaz se enfrentaría a un grave riesgo de tortura y malos tratos y de ser encarcelado en Turquía si es devuelto por Panamá.
El presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, tiene en el punto de mira a los seguidores del movimiento Gülen desde las investigaciones anticorrupción del 17 al 25 de diciembre de 2013, que implicaron al entonces primer ministro Erdoğan, a los miembros de su familia y a su círculo íntimo.
Desestimando las investigaciones como un “golpe de Estado” gülenista y una conspiración contra su gobierno, Erdoğan designó al movimiento como una organización terrorista y comenzó a atacar a sus miembros.
Erdoğan intensificó la represión del movimiento tras el intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016, del que acusó a Gülen de ser el autor intelectual. Gülen y el movimiento niegan rotundamente su participación en el fallido golpe de Estado o en cualquier actividad terrorista.
Las autoridades turcas acusaron a Türkyılmaz de descargar la aplicación teléfonos móviles ByLock, que estaba disponible en la App Store de Apple y en Google Play, de depositar dinero en un banco vinculado al movimiento, ahora cerrado, y de hacer donaciones a la organización benéfica Kimse Yok Mu, ahora clausurada.
El intento de golpe de Estado desencadenó una transformación en el uso de la represión transnacional por parte del Gobierno turco contra sus críticos en el extranjero. Según declaraciones recientes del ministro del Interior, Süleyman Soylu, 137 presuntos miembros del movimiento han sido devueltos a Turquía desde 31 países como parte de la campaña global del gobierno.
En un informe reciente, Freedom House reveló la intensidad, el alcance geográfico y la brusquedad de la campaña del Gobierno turco contra los disidentes en el extranjero y señaló que Turquía es el número uno entre los países que han llevado a cabo entregas desde Estados de acogida desde 2014.
Turquía ha visto un marcado resurgimiento de la tortura y los malos tratos bajo custodia en los últimos cinco años, y especialmente desde el intento de golpe de Estado. La falta de condena por parte de los altos cargos y la disposición a encubrir las denuncias en lugar de investigarlas han dado lugar a una impunidad generalizada de las fuerzas de seguridad.
En dos informes publicados en agosto, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) confirmó la persistencia de los malos tratos, la tortura, los interrogatorios informales y la restricción del acceso a un abogado, así como un sistema de reconocimiento médico fundamentalmente defectuoso en los centros de detención turcos.
Según un informe elaborado por el diputado del principal partido de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), Sezgin Tanrıkulu, que también es un destacado activista de los derechos humanos y vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, un total de 27.493 personas fueron víctimas de tortura y malos tratos entre 2002, cuando el gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) llegó al poder, y 2020, y otras 86 murieron a causa de esos malos tratos.
Mientras que en 2002 se denunciaron 988 casos de tortura o malos tratos, esta cifra aumentó a 3.534 en 2020, según el informe. Las desapariciones forzadas, que eran habituales en Turquía durante la década de 1990, reaparecieron tras el golpe de Estado fallido de julio de 2016, según el informe.
La mayoría de las víctimas de tortura y desapariciones forzadas después de 2016 eran personas con supuestos vínculos con el movimiento Gülen.
