El 7 de mayo de 2024, la Policía de Estambul, bajo la dirección de la Fiscalía General, realizó una serie de arrestos. En una operación que tuvo lugar durante las primeras horas del día, 40 personas fueron detenidas, entre ellas 15 menores de entre 13 y 17 años. Estas menores fueron arrestadas sin la debida representación legal ni la presencia de sus padres, en una clara violación de las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de los niños.
Las acusaciones presentadas por la Fiscalía se basan, en gran parte, en declaraciones obtenidas bajo coacción de las menores detenidas. Estos testimonios fueron utilizados para imputar cargos de terrorismo a 37 mujeres, la mayoría de ellas jóvenes estudiantes universitarias y madres de las menores arrestadas. La primera audiencia de este controvertido juicio tendrá lugar entre el 23 y el 27 de septiembre en el Tribunal de Çağlayan, en Estambul, un caso que muchos consideran un ejemplo alarmante de la creciente represión estatal en Turquía.
Las acusaciones incluyen actos tan cotidianos como ser voluntarias para dar clases de inglés, actuar como mentoras religiosas y organizar actividades sociales fuera del horario escolar. Para las autoridades, estas acciones, que en cualquier otro país se considerarían normales, son vistas como evidencia de actividades terroristas. La Fiscalía sostiene que estos eventos forman parte de una supuesta estrategia para reclutar nuevos miembros para el movimiento Gülen, una organización a la que el Gobierno turco acusa de estar detrás del fallido golpe de Estado de 2016.
El uso de plataformas digitales: ¿un crimen?
Uno de los aspectos más sorprendentes de la acusación es la criminalización de las herramientas de comunicación digital. La Fiscalía ha citado repetidamente el uso de aplicaciones populares como WhatsApp, Telegram e Instagram como pruebas de actividades encubiertas. En un ejemplo, se menciona una conversación en la que una de las acusadas le pide a su pareja que la “llame por WhatsApp” como evidencia de actos ilegales.
Estas plataformas, utilizadas por millones de personas en todo el mundo, son presentadas por las autoridades como “herramientas de comunicación secreta” sin ninguna evidencia concreta de actividades criminales en los mensajes. La Fiscalía mencionó el uso de estas aplicaciones más de 75 veces en la acusación, sin aportar contenido incriminatorio en ninguna de las conversaciones. Esto ha llevado a muchos a cuestionar la validez de las acusaciones, ya que el simple uso de herramientas de mensajería encriptada no puede considerarse un acto criminal por sí mismo.
Alegaciones financieras sin pruebas
Otro de los puntos clave de la acusación es la alegación de que los pisos de estudiantes donde vivían las acusadas estaban financiados por el movimiento Gülen. Sin embargo, al igual que en el resto de la acusación, no se ha presentado ninguna prueba concreta. No se han encontrado registros financieros, transacciones bancarias ni transferencias sospechosas que respalden esta afirmación. Por el contrario, los testimonios de las estudiantes y sus familias indican que los gastos de alquiler y manutención eran cubiertos por sus padres, una situación común entre estudiantes universitarios.
Estigmatización de las menores y violaciones de derechos humanos
El aspecto más preocupante de esta operación es el trato a las menores detenidas. Niñas de apenas 13 años fueron interrogadas sin representación legal ni la compañía de sus padres, en flagrante violación tanto de las leyes turcas como de los tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, de la cual Turquía es signataria. Las menores, además, fueron sometidas a maltratos psicológicos y físicos, según testimonios de las propias víctimas. Z.B. y Z.B., dos hermanas menores de edad, relataron cómo fueron objeto de burlas y amenazas por parte de los oficiales de policía durante su detención.
Este juicio pone de manifiesto una tendencia preocupante en Turquía: la instrumentalización del sistema judicial para la represión política. Acciones cotidianas, como utilizar WhatsApp o asistir a reuniones sociales, son ahora vistas como pruebas de terrorismo debido a la supuesta asociación con el Movimiento Gülen. Esta estrategia de «culpabilidad por asociación» ha creado un clima de miedo y ha llevado a la criminalización de la vida diaria de miles de ciudadanos.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha criticado repetidamente el uso excesivo del artículo 314 del Código Penal Turco, argumentando que su definición vaga permite una interpretación excesivamente amplia que facilita la persecución política.
El juicio como prueba de los derechos humanos en Turquía
El juicio que comienza esta semana será seguido de cerca tanto dentro como fuera de Turquía, ya que se considera una prueba de la capacidad del sistema judicial turco para impartir justicia de manera imparcial y respetar los derechos humanos fundamentales. Organizaciones de derechos humanos y activistas han denunciado que este caso es un ejemplo más de la represión del Gobierno turco contra cualquier tipo de disidencia.
El juicio de estas jóvenes y menores está construido sobre pruebas circunstanciales, suposiciones legales y un proceso judicial gravemente defectuoso. Las acusaciones, que criminalizan acciones cotidianas como el uso de aplicaciones de mensajería, la organización de actividades sociales o el simple hecho de compartir una vivienda, carecen de sustento legal sólido. La motivación política detrás de este proceso es clara, y su resolución tendrá implicaciones importantes para las libertades civiles y los derechos humanos en Turquía.
