La Fiscalía General de Estambul emitió el martes órdenes de detención contra 102 personas acusadas de utilizar ByLock, una aplicación de mensajería para teléfonos inteligentes que, según las autoridades turcas, fue utilizada entre los seguidores del movimiento Gülen.
Según un informe de la agencia estatal de noticias Anadolu, al menos 45 de los sospechosos fueron detenidos.
El lunes, la policía de la provincia de Adana detuvo a 41 ex policías que fueron despedidos por decretos del gobierno durante un estado de emergencia que ya ha llegado a su fin.
El Gobierno turco inició una represión masiva contra el movimiento Gülen tras el fallido golpe de Estado del 15 de julio de 2016, deteniendo a más de medio millón de personas por sus supuestos vínculos con el movimiento.
En diciembre, el ministro del Interior de Turquía anunció que había más de 90.000 usuarios de ByLock en el país.
El Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la Detención Arbitraria declaró en octubre que la detención, el arresto y la condena basados en el uso de ByLock en Turquía violaban los artículos 19, 21 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El grupo de trabajo examinó una solicitud presentada por Mestan Yayman, ex vicegobernador de la provincia de Antalya, quien fue destituido por decreto gubernamental el 29 de agosto de 2016 debido a sus vínculos con el movimiento Gülen.
Las organizaciones de derechos humanos sostienen firmemente que el derecho a la privacidad requiere mensajes encriptados. Un documento publicado por la Amnistía Internacional (AI) sobre activistas de derechos humanos detenidos en Turquía en 2017, subrayaba que la posesión de una aplicación disponible internacionalmente y ampliamente descargada no constituye un delito penal. “Los métodos del Gobierno turco para identificar a los usuarios son, en general, muy deficientes”, dijo AI en el documento.
El 4 de marzo de 2016, el entonces Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, publicó una declaración escrita sobre un conflicto entre Apple y el FBI y señaló que “El cifrado y el anonimato son necesarios para facilitar tanto la libertad de expresión y opinión como el derecho a la intimidad. No es ni imaginativo ni exagerado decir que, sin herramientas de encriptación, las vidas pueden estar en peligro”.
Más específicamente, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de opinión y de expresión, David Kaye, destacó en su informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU (35ª sesión, 6-23 de junio de 2017) que la acción gubernamental sobre el uso de ByLock es la penalización de la encriptación y un ejemplo de abusos de los derechos humanos.
Por último, un informe reciente publicado por el Stockholm Center for Freedom (SCF) ha revelado los absurdos pretextos utilizados por los fiscales para acusar a los sospechosos y a los jueces de encarcelar a personas inocentes que supuestamente han estado afiliadas al movimiento Gülen. El informe concluye que el principio fundamental de la ley “Nullum crimen, nulla poena sine lege” (sin ley no hay crimen ni pena), ha sido violado de forma amplia y sistemática.
Desde el intento de golpe de Estado de 2016 en Turquía, cientos de miles de personas de todas las profesiones y condiciones sociales han sido objeto de investigación por acusaciones de golpismo inventadas. (stockholmcf.org – turkishminute.com)
