por Nurcan Baysal*
Todos los días se oye hablar de los miles de personas que se han visto afectadas por los decretos gubernamentales emitidos bajo el actual estado de emergencia en Turquía. En un país como Turquía, donde miles de personas han sido arrestadas y cientos mueren cada mes a causa de la violencia, las vidas pueden convertirse fácilmente en números. Hoy quiero compartir una historia, una vida detrás de estos miles.
Gökhan Acikkollu era un joven profesor de historia. Después del intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016, fue despedido de su trabajo bajo un decreto de emergencia. El 25 de julio de 2016 fue detenido por acusaciones de tener vínculos con el movimiento Gülen, acusado de llevar a cabo el golpe.
Acikkollu permaneció bajo custodia policial durante 13 días. Fue sometido a torturas físicas y psicológicas. Todos los días lo sacaban de su celda y lo torturaban. Después lo llevaban de urgencia al hospital cuando su estado empeoraba. Les contó a sus médicos sobre la tortura. Su declaración oficial nunca fue tomada. Después de 13 días de detención, se anunció que había muerto de un infarto.
La gente que compartía celda con él dijo que murió torturado. El profesor Şebnem Korur Fincanci, presidenta de la Fundación de Derechos Humanos de Turquía, preparó un informe sobre su muerte. En el informe, concluyó que Acikkollu había perdido la vida debido a la tortura que sufrió.
La tortura no terminó después de su muerte. Cuando su familia fue al Instituto de Medicina Forense de Estambul para reclamar su cuerpo, las autoridades les dijeron que su cuerpo sería liberado con la condición de que fuera enterrado en el cementerio de los traidores. El cementerio de traidores fue preparado por la Municipalidad de Estambul después del intento de golpe para enterrar a los supuestos traidores.
Debido a fuertes reacciones adversas, nadie fue enterrado en el cementerio. Después del intento de golpe de Estado, el Dirección de Asuntos Religiosos de Turquía hizo una declaración pública en la que dijo que no se debía la oración fúnebre por los traidores. Por lo tanto, los imanes se negaron a preparar su cuerpo y a realizar los ritos funerarios y las oraciones para Acikkollu.
El mes pasado, unos 18 meses después de su muerte, el Ministerio de Educación restituyó póstumamente a Acikkollu en un reconocimiento tácito de su inocencia. El documento oficial enviado a su esposa, que también había sido despedida de su puesto de maestra por decreto de emergencia, simplemente decía “¡Perdón!”.
Acikkollu no está solo. Según un informe publicado la semana pasada por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, “las prórrogas rutinarias del estado de emergencia en Turquía han dado lugar a graves violaciones de los derechos humanos de cientos de miles de personas, desde la privación arbitraria del derecho al trabajo y a la libertad de circulación hasta la tortura y otros malos tratos, detenciones arbitrarias y violaciones del derecho a la libertad de asociación y expresión”.
El informe indica que, en los 18 meses del estado de emergencia en Turquía, 160.000 personas han sido detenidas y 152.000 funcionarios públicos, profesores, jueces, abogados, médicos y académicos han sido despedidos de sus puestos de trabajo.
Sin medios de comunicación independientes, no es fácil escuchar las voces de estas personas. Algunos de ellos han perdido familiares, otros han muerto tratando de abandonar el país y otros se han suicidado. En las últimas dos semanas, tres personas afectadas por los decretos de emergencia se han suicidado. Cada uno de ellos dejó familias. El costo continúa sintiéndose.
La Plataforma de Derechos y Justicia (Hak ve Adalet Forumu), una ONG turca de orientación islámica, preparó un informe muy detallado sobre estos miles. Según el informe “Cargas sociales del estado de emergencia en Turquía”, más de 1,2 millones de personas se han visto afectadas por decretos de emergencia. Perdieron sus puestos de trabajo, su posición económica y social. Son tratados como traidores y terroristas. En el informe, las víctimas del decreto de emergencia dijeron que “sólo están respirando, están muertos vivientes”. Muchos de ellos dijeron que fueron torturados en prisión y que pensaban en suicidarse:
“Traté de suicidarme por acusaciones de ser un traidor, un terrorista, y no hice nada para merecerlo. Nunca he recibido una amonestación formal en mi vida. Me aferro a la vida porque tengo hijos pequeños y ellos me necesitan.”
Muchas de las víctimas de los decretos gubernamentales y sus familias informaron de graves problemas psicológicos y dijeron que no tenían esperanzas. Perdieron la confianza en la gente. No sólo sus vecinos y la red social, sino también sus familiares dejaron de saludarlos. Han sido totalmente excluidos de la sociedad:
“Dos de mis hermanos me rechazaron. Me fui de casa. Ya no me llaman mis amigos”, dijo uno.
“Nadie llamó en meses. La gente no quiere contactarnos. Nuestros vecinos no dicen ni ‘hola’. Mis amigos fueron arrestados uno por uno. He sido condenado al ostracismo tanto en el mundo social como en el cibernético. Nadie me daría un trabajo. También dejé de buscarlo.”
Hoy miles de personas viven como marginados sociales sin trabajo y sin esperanza para el futuro. Estas personas viven en total incertidumbre e inseguridad.
Mientras escribía este artículo vi una entrevista hecha con la familia de Acikkollu varias veces. Cuando vinieron a reclamar su cuerpo, su padre estaba tratando de hablar con las cámaras. Luchó entre lágrimas. No podía creer que su hijo sería enterrado en el cementerio de los traidores. Dijo entre lágrimas:
“Ni siquiera tomaron una declaración oficial de mi hijo. Esto es como una república bananera. No podemos reclamar nuestros derechos, no podemos hacer nada. ¿Cómo pueden acusar a mi hijo de ser un traidor sin tomarle declaración? ¿Cómo puedo enterrarlo en el cementerio de traidores? Dice (el presidente Erdogan) que ha sido engañado, tal vez mi hijo también ha sido engañado.”
Seguramente estas vidas merecen algo más que un no decir “¡Perdón!”.
