Un total de 37 ONG de Turquía, Europa y todo el mundo emitieron el viernes una declaración conjunta en la que piden a las autoridades turcas que reduzcan la prisión preventiva y consideren el uso de alternativas como medida contra una posible propagación del nuevo coronavirus entre rejas.
El grupo incluye a Amnistía Internacional de los Países Bajos, la Asociación para la Vigilancia de la Igualdad de Derechos, la Asamblea de Ciudadanos de Turquía, Civil Rights Defenders, Fair Trials, the Media and Law Studies Association, el Comité de Helsinki de los Países Bajos y la Plataforma Punto24 de Periodismo Independiente.
“En esta declaración se pide que se reduzca la prisión preventiva en Turquía y que se utilicen alternativas a la detención, a fin de reducir el peligro de brotes de la enfermedad COVID-19, como medida de seguridad para la salud y el bienestar del personal penitenciario y los detenidos, y para evitar procedimientos de aislamiento desproporcionados dentro de las prisiones”, reza la declaración. “Las órdenes actuales de prisión preventiva deben ser revocadas y los jueces deben recurrir a medidas alternativas de control judicial cuando sea necesario. Del mismo modo, en el caso de los nuevos detenidos, debe evitarse la detención preventiva.”
Las oenegés destacaron las advertencias de la Organización Mundial de la Salud en el sentido de que la transmisión de la enfermedad en las cárceles u otros lugares de detención probablemente tenga un efecto amplificador en el brote, multiplicando rápidamente el número de personas afectadas.
La semana pasada, el Gobierno turco aprobó una ley que permite la liberación anticipada de hasta 90.000 prisioneros de su población carcelaria de unas 300.000 personas.
La ley fue criticada por excluir categóricamente a los presos políticos, algunos de los cuales son grupos de riesgo particulares debido a su edad o a condiciones preexistentes, así como por no abordar en absoluto las detenciones preventivas.
“Es decepcionante, como se ha expresado en varios llamamientos de organizaciones de derechos humanos, que las medidas de esta ley no se extiendan de forma más amplia e indiscriminada a todas las personas privadas de libertad con especial riesgo de infección por COVID-19 debido a su edad o a enfermedades o condiciones preexistentes”, dijeron las oenegés.
“Como esta ley sólo afecta a las personas ya condenadas, queremos llamar la atención sobre otra categoría de personas tras las rejas: los miles que están en prisión preventiva. … Según la información obtenida del ministerio de Justicia, aproximadamente el 43% de la población carcelaria se encuentra en prisión preventiva, por lo que la reducción del número de detenidos en prisión preventiva puede contribuir significativamente a aliviar el riesgo de brotes.”
En la declaración se instaba a los fiscales y jueces a que aplicaran medidas de control judicial en lugar de la detención preventiva y se pedía al Consejo de Jueces y Fiscales (HSK) que impartiera orientaciones claras a los tribunales con ese fin. (turkishminute.com)
