Más de 7.000 académicos y personal han sido despedidos de las universidades turcas desde el polémico intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016, y 70.000 estudiantes siguen en prisión, según un informe del prokurdo Partido Democrático de los Pueblos (HDP) de Turquía.
La Comisión de Educación del HDP presentó su “Informe de Educación Superior” en una conferencia de prensa en el Parlamento turco el lunes.
Al presentar el informe, los diputados del HDP Mahmut Toğrul y Sevtap Akdağ Karahanli afirmaron que “Según las estadísticas de la fuerza laboral del Instituto Turco de Estadística (TUİK) en junio de 2018, la tasa de desempleo es del 12,7 por ciento entre las personas con educación superior, mientras que el 28 por ciento de todos los desempleados son graduados universitarios.”
La persecución del pensamiento crítico en Turquía con una caza de brujas sin precedentes dirigida a profesores, académicos y otros profesionales del sector educativo ha asestado un duro golpe a la libertad de pensamiento en Turquía, según un informe publicado por el Stockholm Center for Freedom (SCF).
El gobierno del presidente Erdogan ha encarcelado a unos 20.000 instructores y ha despedido arbitrariamente a 34.185 maestros de escuelas públicas y a 5.719 académicos, incluidos profesores de universidades estatales, sólo en los últimos dos años. Fueron tildados de “terroristas” y “golpistas” sin ninguna investigación administrativa o judicial efectiva y, como tales, marcados de por vida.
El gobierno cerró 1.069 escuelas privadas, la mayoría de las cuales eran las escuelas de ciencias de mejor rendimiento del país y estaban afiliadas al movimiento Gülen, y cerró 15 universidades que eran administradas por fundaciones privadas. Como resultado, 2.465 académicos y 54.350 maestros quedaron desempleados al instante. Con el personal de apoyo que trabajó en estas escuelas, el número total de personas que perdieron sus empleos llegó a 65.214. El gobierno también canceló las licencias de 22.474 maestros, lo que les impidió seguir trabajando como maestros en otras instituciones.
En total, 96.719 profesores y académicos fueron expulsados de las instituciones educativas públicas y privadas de Turquía. Esta cifra no incluye el personal de apoyo que fue contratado para dirigir escuelas y universidades con capacidades administrativas y de otro tipo.
La mayoría de las instituciones cerradas se transformaron en escuelas religiosas diseñadas para formar una nueva generación de simpatizantes islamistas del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) de Erdogan.
Si se tienen en cuenta todas las instituciones cerradas, la pérdida total de valor, incluidos los bienes inmuebles y los terrenos, es de unos 100.000 millones de dólares, según estimaciones de una fuente. La represión incluyó a estudiantes extranjeros que vinieron a Turquía para estudiar o a estudiantes turcos que fueron enviados al extranjero con becas del gobierno.
