El think tank progubernamental turco Fundación para las Investigaciones Económicas, Políticas y Sociales (SETA, por sus siglas en turco) ha recomendado la introducción de mecanismos para controlar el lenguaje utilizado para informar sobre los ataques terroristas en el país, lo que hace temer nuevos intentos de censurar a los periodistas críticos en un ambiente mediático ya reprimido.
Al informar sobre los atentados terroristas, los medios de comunicación no deben criticar al Estado, sino condenar el terrorismo, difundir mensajes de unidad, garantizar la empatía con las víctimas y utilizar la terminología adecuada, según el informe de SETA sobre los medios de comunicación turcos publicado el jueves.
El informe advertía que pequeñas diferencias en la terminología pueden tener un profundo efecto en la percepción que el público tiene de los informes y señalaba que el uso de términos como “luchadores por la libertad” o “guerrilleros” puede mostrar los ataques terroristas como actos heroicos.
Según el informe, SETA ha estado analizando informes en los medios de comunicación turcos desde que se produjeron 10 recientes ataques terroristas en Turquía llevados a cabo por grupo terrorista Estado Islámico (EI) y el proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), dividiendo los medios de comunicación según su afiliación ideológica.
El informe de SETA acusa a los medios de comunicación críticos como los periódicos BirGün, Cumhuriyet y Sözcü de presentar los fracasos del Estado contra los ataques terroristas, de no condenar los actos terroristas, de utilizar discursos de odio en lugar de dar mensajes de unidad, de utilizar el terrorismo para manipular a la sociedad y de apoyar al terrorismo en lugar de ponerse del lado del Estado en la lucha contra el terrorismo.
Según el informe de la SETA, es problemática la incapacidad de cualquier gobierno para prevenir acontecimientos terroristas, evitar el término “mártires” de las víctimas del terrorismo y utilizar términos como “yihadista” o “pro kurdo” para describir las tendencias de los grupos terroristas.
En el informe se recomendaba la creación de un organismo de control gubernamental que se encargara de seguir la información sobre esos sucesos y se sugería que también debería tener derecho a imponer sanciones. El informe también pedía el desarrollo de un marco legal para prevenir la “incitación al odio” utilizada en la denuncia de los ataques terroristas.
Los autores eligieron una definición poco ortodoxa de incitación al odio, que incluía las palabras “yihadista”, “sectario” y “religioso” cuando se referían a los ataques del Estado Islámico, e incluso la palabra “policía” utilizada por el periódico BirGün.
El informe también asesoró sobre las herramientas para los medios de comunicación, incluidas las directrices sobre las normas éticas que deben aplicarse en la cobertura informativa, así como sobre un programa de capacitación para reporteros. Las recomendaciones del informe fueron percibidas como un llamado a la autocensura por parte de los periodistas que trabajan en los medios de la oposición.
“SETA parece estar descontenta con nosotros porque estamos usando un lenguaje que está acorde con nuestros principios y los estándares éticos del periodismo. Nos ‘invita’ a utilizar la terminología oficial. Esperará en vano”, tuiteó Fatih Polat, redactor jefe del periódico izquierdista Evrensel.
Turquía ocupa el puesto 157 entre 180 países en la clasificación mundial de la libertad de prensa de 2018, según el informe de Reporteros sin Fronteras (RSF). Si Turquía pierde dos lugares más, estará en la lista negra de países que tienen el historial más pobre en libertad de prensa.
Turquía es la mayor cárcel de periodistas del mundo. Las cifras más recientes documentadas por Stockholm Center for Freedom muestran que 254 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación estaban encarcelados al 3 de mayo de 2018, la mayoría en detención preventiva. De los encarcelados, 192 estaban detenidos a la espera de juicio, mientras que sólo 62 periodistas han sido condenados y están cumpliendo su condena. Quedan pendientes las órdenes de detención de 142 periodistas que viven en el exilio o siguen prófugos en Turquía.
Deteniendo a decenas de miles de personas por sus presuntos vínculos con el movimiento Gülen, el gobierno también cerró cerca de 200 medios de comunicación, incluyendo canales de televisión y periódicos kurdos, después de un intento de golpe de Estado en Turquía el 15 de julio de 2016.
