Rebecca Harms, diputada al Parlamento Europeo y Copresidenta de la Asamblea Parlamentaria Euronest, ha dicho que tiene serias dudas acerca de la actitud del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) desde que el tribunal se base indebidamente en los recursos jurídicos internos de Turquía sobre los casos abiertos contra miles de personas bajo el estado de emergencia declarada tras un controvertido intento de golpe de Estado el 15 de julio de 2016.
Harms concedió una entrevista a Esref Aydogmus del portal de noticias en línea Ahval, y afirmó que “tengo serias dudas acerca de la actitud del TEDH. Deberían poner fin al traslado de los casos procedentes de Turquía a la judicatura turca. La Corte se basa indebidamente en los recursos internos de Turquía”.
Afirmando que Erdogan ha estado encarcelando a la gente que le critica para deshacerse de ellos e intimidar a sus rivales en nombre de sus propios intereses políticos, Harms dijo: “Miren los casos de Selahattin Demirtas y otros diputados democráticamente elegidos del Partido Democrático Popular (HDP); miren los casos del periodista Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazli Ilicak, Ahmed Turan Alkan, Aysenur Parildak y Sahin Alpay; y miren los casos del periódico Cumhuriyet, el de Deniz Yücel, los defensores de los derechos humanos Taner Kılıç y Osman Kavala… Hay tantos casos en la judicatura turca que no hay un proceso judicial justo o veredictos justos para las víctimas políticas…”.
“La mayoría de los casos que han llegado al TEDH ya están sobre la mesa en Estrasburgo”, dijo Harms y añadió que “Especialmente los casos de periodistas y escritores cuyos abogados han estado pidiendo ayuda a Estrasburgo durante mucho tiempo… Esta situación demuestra que el TEDH se basa indebidamente en los recursos internos de Turquía”.
Un informe exhaustivo del Centro de Estocolmo para la Libertad (SCF) ofrece información detallada sobre cómo el Estado de derecho ha perdido su significado en el contexto turco, confirmando el colapso efectivo de todos los recursos judiciales y administrativos internos disponibles para los ciudadanos turcos que presentan denuncias de violaciones de derechos.
Además de encarcelar a miles de jueces y fiscales, Turquía también ha encarcelado a cientos de defensores de los derechos humanos y abogados, lo que ha dificultado enormemente el acceso de los detenidos a un abogado en violación del debido proceso y de las garantías procesales en virtud del Código de Procedimiento Penal turco.
Turquía sufrió un controvertido intento de golpe militar el 15 de julio de 2016 en el que 249 personas perdieron su vida. Inmediatamente después del golpe de Estado, el gobierno del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) junto con el presidente Erdogan culpó al movimiento de Gülen.
Gülen, quien inspiró al movimiento, negó enérgicamente tener ningún rol en el golpe fallido y pidió una investigación internacional sobre él, pero el presidente Erdogan llamando al intento de golpe “un regalo de Dios” y el gobierno iniciaron una amplia purga para limpiar a los simpatizantes del movimiento de las instituciones estatales, deshumanizando a sus figuras populares y poniéndolas bajo custodia.
Turquía ha suspendido o despedido a más de 150.000 jueces, profesores, policías y funcionarios públicos desde el 15 de julio de 2016. El ministro del Interior turco anunció el 12 de diciembre de 2017 que 55.665 personas han sido detenidas. Anteriormente, el 13 de diciembre de 2017, el Ministerio de Justicia anunció que 169.013 personas han sido procesadas por cargos relacionados con el golpe de Estado.
