El programa de liberación anticipada debe tratar de reducir la amenaza del coronavirus para todos los prisioneros
El riesgo que la pandemia del coronavirus supone para el personal y los reclusos de las superpobladas prisiones de Turquía ha impulsado al gobierno a acelerar un plan para sustituir el tiempo de prisión por alternativas como la libertad condicional anticipada y el arresto domiciliario. Si bien se trata de un paso positivo, es importante que los presos que no cumplen condena por actos de violencia, sino que son encarcelados por poco más que sus opiniones políticas puedan beneficiarse. No debe haber discriminación por motivos de opinión política.
Según se informa, el proyecto de ley que el Parlamento tiene ante sí esta semana podría ayudar a hasta 100.000 presos de una población carcelaria en Turquía cercana a los 300.000, pero excluirá a miles de reclusos que están siendo juzgados o condenados por delitos de terrorismo o crímenes contra el Estado.
El terrorismo puede parecer la más grave de los delitos, pero en Turquía, el gobierno utiliza la acusación con fines políticos. Muchos reclusos son sometidos a prolongadas detenciones previas al juicio o condenados sin pruebas de que hayan cometido actos violentos, incitado a la violencia o proporcionado ayuda logística a grupos armados proscritos. Entre ellos se encuentran periodistas como Ahmet Altan, políticos como Selahattin Demirtas y Figen Yuksekdag, defensores de los derechos humanos como Osman Kavala, y miles de funcionarios públicos despedidos, maestros y otros castigados por su asociación con el movimiento de Fethullah Gülen.
Human Rights Watch ha trabajado durante años en el uso indebido de las leyes de terrorismo en Turquía, incluyendo la forma en que los tribunales definieron el ejercicio del derecho de reunión como un delito de terrorismo, y cómo los medios de comunicación, los políticos y los abogados han sido blanco de ataques.
El proyecto de ley de libertad condicional anticipada del gobierno sugiere que los presos que han cumplido al menos la mitad de su condena podrían ser puestos en libertad anticipada e incluye varias disposiciones, como la de permitir que las mujeres embarazadas y los presos mayores de 60 años con problemas de salud sean puestos en libertad bajo arresto domiciliario o en libertad condicional.
Todos los esfuerzos por reducir la población carcelaria en este momento son bienvenidos, pero esas medidas no pueden convertirse en un instrumento para centrarse en los presos políticos. El Parlamento debe rechazar toda exención discriminatoria de los presos por terrorismo y de los presos enfermos que hayan solicitado el aplazamiento de sus sentencias. Debería asegurarse de que las decisiones sobre la puesta en libertad anticipada de todos los presos no sean discriminatorias -teniendo en cuenta el imperativo de proteger su salud, en particular cuando existan riesgos debidos a la edad o a condiciones médicas subyacentes- y objetivas, basadas en el riesgo que los presos pueden suponer para los demás si son puestos en libertad anticipadamente.
* Directora de Human Rights Watch Turquía
