Yavuz Baydar *
La administración de Ankara, una coalición de islamistas y nacionalistas implacables liderada por el presidente Recep Tayyip Erdogan, es el elefante en la sala cuya presencia sienten los miembros de la UE y algunos países de la región MENA. Esos países, que en su día se sintieron alentados por la creciente economía y las perspectivas de democratización de Turquía, están conmocionados e inseguros de cómo abordar la fuerte violación de las normas internacionales por parte de Ankara.
Al examinar el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de Turquía, observé que muchos países habían adoptado posturas discretas en sus evaluaciones y en sus recomendaciones sobre las políticas de Ankara. Los países que adoptaron una posición más valiente, como EE.UU. o Europa occidental, se limitan a gritar en una cámara de eco.
En total, Turquía recibió 450 recomendaciones como parte del examen, lo que pone de relieve su terrible historial en materia de derechos humanos.
El examen del EPU es un proceso de cinco años en el que el historial de derechos humanos de un país y el respeto del Estado de derecho “se radiografían” y se someten a críticas a las que se espera que responda con prontitud.
En el caso de Turquía, no se cumplió ninguna de las expectativas. Cuando se vio afectada por un aluvión de críticas en el gran salón de las Naciones Unidas en Ginebra, la delegación turca respondió con total desafío y hostilidad arrogante. Se negó a reconocer cualquier preocupación y volvió a su trillado pretexto de “lucha contra el terrorismo”.
El hecho de que Turquía encabece la liga de los regímenes opresivos, manteniendo a más de 55.000 disidentes -a los que califica de “enemigos internos”- como prisioneros políticos no se discutió seriamente ni tampoco la miríada de otras formas en que Turquía hace caso omiso del Estado de derecho.
El hecho de que más de 130 periodistas y muchos más intelectuales hayan sido detenidos injustamente no parecía preocupar a la delegación turca, cuyo presidente, el viceministro de Relaciones Exteriores Faruk Kaymakci, argumentó, en pocas palabras, que esos encarcelamientos tenían que ver con la lucha contra el terrorismo. Nadie, especialmente los periodistas, sostuvo, está por encima de la ley.
Otra cuestión que no se planteó en el período de sesiones del EPU, pero que se abordó en actos paralelos en los que participé, fue el uso generalizado de la tortura por parte de Turquía que, por supuesto, niega categóricamente. Sin embargo, como ha documentado Sebnem Korur Fincanci, presidenta de la Fundación de Derechos Humanos de Turquía, la tortura se utiliza sistemáticamente en todo el país, a menudo contra prisioneros kurdos y presuntos gulenistas.
La mayoría de los hechos amargos están registrados. Como ha señalado el International Observatory of Human Rights, Turquía no se ha acercado a cumplir sus promesas en relación con el EPU.
Declaró: “En el período examinado, el gobierno ha armado el sistema legal y la legislación sobre el terrorismo para restringir la libertad de expresión. En cuanto a la libertad de expresión y la libertad de prensa, Turquía se encuentra ahora muy por debajo de lo que estaba en 2010, cuando se compiló el primer ciclo del EPU”.
No pude evitar notar la sensación de impotencia de los diplomáticos y los representantes de las oenegés occidentales en mis conversaciones con ellos. La mayoría no ocultó el hecho de que casi se habían agotado todas las formas de “argumento amistoso” para persuadir a Ankara de que volviera a respetar el Estado de derecho. El gobierno de Erdogan se muestra cada vez más desafiante ante las críticas externas a medida que su régimen se convierte en uno de los más opresivos del mundo.
El día después de la sesión del EPU, una nueva confirmación de la mala conducta de Turquía aterrizó en sus escritorios. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en su informe anual de actividades publicado el 29 de enero, clasificó a Turquía en primer lugar en cuanto a las violaciones de la libertad de expresión en 2019.
De las 68 sentencias en las que el Tribunal de Estrasburgo determinó que se habían producido violaciones de la libertad de expresión en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, 35 fueron presentadas por ciudadanos turcos.
El informe del Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos recordó que la intolerancia de Turquía hacia la disidencia se estaba convirtiendo en una característica crónica del Estado: “El país por sí solo cometió más violaciones en relación con esta cuestión que el resto de los Estados miembros juntos durante todo el período 1959-2019, cometiendo 356 del total de 845 violaciones”, declaró el TEDH.
“En 2019, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó 113 sentencias sobre Turquía, en las que se determinó que se había producido al menos una violación en 97 de esos casos. Durante el período 1959-2019, el tribunal dictó 3.645 sentencias en casos procedentes de Turquía, en las que consideró que el país había cometido una violación en 3.225 de esos casos.” añadió el TEDH.
Esta dura acusación, combinada con las ambiciones expansionistas de Turquía y su política exterior militarizada, muestra la necesidad de revisar urgentemente las políticas de apaciguamiento que se están llevando a cabo en los círculos más altos de la Unión Europea.
Una cosa está clara: la política del avestruz de los aliados preocupados de Turquía, si se mantienen, no sólo creará un monstruo, sino que infligirá un daño más profundo a gran parte de la sociedad turca.
