Un número considerable de ciudadanos turcos no tiene acceso a los derechos fundamentales. El régimen de Erdogan los etiqueta con tres letras: “KHK”, que es la abreviatura en turco de los decretos que tienen fuerza de ley promulgados por los poderes especiales, también conocidos como decretos leyes.
Los números de seguridad social de estas personas se marcan con ciertos números para que todos los empleadores e instituciones reconozcan que están en la lista negra del Gobierno turco.
Dichas personas están excluidas de la administración pública, no se les permite tener pasaporte, los bancos no les conceden préstamos, en algunos casos ni siquiera abren cuentas, y es casi imposible que estas personas encuentren un trabajo en el sector privado.
Miles de estas personas, la mayoría de las cuales son graduados universitarios, están en prisión.
Muchos decretos leyes fueron emitidos después del estado de emergencia que fue declarado después del controvertido intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016 en Turquía.
Con estas supuestas medidas temporales, cerca de 150 mil empleados públicos fueron despedidos. La mayoría de ellos son simpatizantes o seguidores del movimiento Gulen, algunos son activistas pro-kurdos y otros de izquierda.
El Gobierno turco defiende el despido de miles de personas, señalando las secuelas de la caída del Muro de Berlín. El portavoz presidencial Ibrahim Kalin defiende las acciones del gobierno de Erdogan con las siguientes palabras: “Después de la fusión, 500 mil empleados públicos en Alemania Oriental fueron despedidos”. Sin embargo, en Alemania, estas personas recibieron una compensación y se beneficiaron de los derechos del estado de bienestar.
En Turquía, en cambio, el seguro médico y la tarjeta sanitaria que se llama “tarjeta verde” no se da a las personas despedidas por decreto ley. 150 mil personas despedidas por decretos leyes tampoco recibieron compensación alguna.
Servicios sociales denegados
Los profesores constituyen la mayoría de las personas despedidas por decreto ley. Sin embargo, no pueden encontrar trabajo debido a los códigos de decreto ley que aparecen en sus registros de seguridad social. El profesor Cemil Özen es uno de ellos. Dice que los dejaron morir de hambre durante tres años. Su solicitud de la “tarjeta verde” que se puede obtener para el grupo de personas más pobres de Turquía fue rechazada porque él era una de las personas despedidas por decreto ley.
También está prohibido salir del país
Las personas despedidas por decreto ley son condenadas a muerte civil en Turquía, y tampoco se les permite salir al extranjero. Seher Kılıç, una de las personas más cualificadas que podría encontrar trabajo en el extranjero, cuenta sus experiencias de la siguiente manera: “No he sido capaz de conseguir un pasaporte durante tres años y medio. Pregunté por qué no podía obtener un pasaporte. Me dijeron que hay una anotación junto a mi número de identidad: “Prohibido, no se le puede dar el pasaporte”. Mis tarjetas de crédito fueron canceladas, no puedo conseguir nuevas. No puedo retirar el dinero enviado por mi familia desde el extranjero”.
Mehmet Alkan, que fue expulsado de las Fuerzas Armadas turcas, es graduado de la Facultad de Derecho. Sin embargo, no puede trabajar porque la licencia de su abogado ha sido cancelada: “Ser una de las personas despedidas por decreto ley significa que estás socialmente prohibido. No tienes ningún derecho”.
Ayşe Düzkan, la editora interina del diario Özgür Gündem, que fue cerrado por decreto ley, cuenta su experiencia con el banco internacional HSCB: “Después de salir de la cárcel, el HSCB no quiso prestarme servicio. No me llamaron para informarme. Un día no pude sacar dinero del cajero automático. Llamé al banco y me enteré de que habían bloqueado mis cuentas. Saqué mi dinero desde la sucursal y mis tarjetas fueron canceladas”.
Trabajar para empresas privadas no es una opción
La razón por la que miles de personas que fueron despedidas por decretos leyes como médicos, maestros, policías e ingenieros no pueden encontrar una carrera en el sector privado es la nota “Prohibido” que aparece junto a sus números de seguro social. Las autoridades emiten códigos separados para aquellos que fueron despedidos de la administración pública, los que se graduaron de las instituciones que fueron cerradas por decretos leyes o que están suscritos a periódicos que fueron cerrados de manera similar.
Por ejemplo, algunas personas tienen la nota “36” inscrita junto a su número de seguridad social. Cuando solicitan un empleo, los empleadores que no quieren atraer la ira del gobierno o de los funcionarios fiscales ven esa nota y no los emplean.
Miles de ciudadanos turcos con buena carrera no pueden ir al extranjero debido a las prohibiciones de viajar ni encontrar un trabajo en Turquía. Algunas de estas personas, que están expuestas a la “muerte civil”, perdieron la vida al intentar huir ilegalmente de Turquía.
El profesor de inglés Ugur Abdurrezzak y su esposa Ayşe Abdurezzak, un profesor del idioma turco, son algunos de ellos. Ambos fueron despedidos por decreto ley por sus afiliaciones con el movimiento Gulen. Toda la familia falleció junto con sus hijos, de once y tres años de edad. Su barco volcó cuando trataron de cruzar la frontera con Grecia a través del río Evros.
Las personas despedidas por decretos leyes en Turquía abrieron un canal de Youtube llamado KHKTV, mientras intentan que su voz sea escuchada. Las plataformas fundadas por las víctimas de los decretos leyes en varias provincias, están constantemente bajo presión del Gobierno turco, y las autoridades frecuentemente prohíben las reuniones que quieren realizar. (boldmedya.com)
