“Nuestra vida se puso patas arriba. En una noche, fuimos declarados ‘terroristas’”, dijo Sevval, una niña de 13 años que se encuentra entre las víctimas de una represión masiva contra los disidentes llevada a cabo por el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. La represión continúa hoy en día y afecta a las personas que se identifican como críticas con el régimen de Erdogan. Desde el fallido intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016, el régimen de Erdogan ha persistido en sus esfuerzos por atacar a los seguidores del movimiento Gülen, un grupo social y religioso dirigido por el clérigo turco autoexiliado Fethullah Gülen. El régimen de Erdogan responsabilizó a él y a sus seguidores por el fallido golpe militar. Sin embargo, el señor Gülen ha negado cualquier implicación y ha pedido una investigación internacional sobre las medidas draconianas de Erdogan.
En un intento de castigar a los disidentes vinculados a Gülen, a quienes el régimen de Erdogan identifica como “terroristas”, Turquía recurrió primero a la extradición, el mecanismo legal formal para solicitar la devolución de ciudadanos buscados en jurisdicciones extranjeras. No convencidos por la afirmación de que las personas buscadas eran en realidad “terroristas”, los países que acogían a turcos disidentes rechazaron las solicitudes de extradición de Turquía. Sin dejarse intimidar, el régimen de Erdogan adoptó una política formal de “extradiciones ilegales”, es decir, secuestros extraterritoriales. Las declaraciones públicas de altos funcionarios turcos y los informes de al menos 18 países dejan claro que esta política se ha centrado en gran medida en los simpatizantes de Gülen. Un examen de la legalidad de la política de secuestro extraterritorial de Erdogan revela una serie de recursos a través de los mecanismos de la ONU que los Estados víctimas y los individuos pueden perseguir.
Violación de la soberanía
Al no obtener el consentimiento de los países que acogen a disidentes, pero que siguen secuestrando a los turcos que huyen, Turquía violó las leyes internacionales que prohíben la intervención y el uso de la fuerza, así como la soberanía de los Estados en los que se produjeron los secuestros extraterritoriales. Esto ha generado una reacción masiva entre los Estados víctimas. Por ejemplo, el Servicio Exterior de Mongolia denunció un intento de secuestro turco como un “acto inaceptable de violación de la soberanía e independencia de Mongolia”. De manera similar, el Ministerio de Asuntos Exteriores kosovar publicó una declaración en la que condenaba enérgicamente los secuestros en Kosovo como “contradicción directa con las leyes internacionales”.
Como ha señalado Kosovo, la lógica de Turquía para sus secuestros no está a la altura de las leyes internacionales. El régimen de Erdogan a veces insinúa que su implacable persecución de los “gülenistas” en cualquier parte surge de su derecho a la autodefensa, citando una vez más su acusación infundada de que el señor Gülen orquestó el intento de golpe de Estado. Esta defensa es inadecuada por dos razones: en primer lugar, Turquía nunca ha intentado justificar las operaciones mencionadas en virtud del derecho internacional y ha negado continuamente cualquier implicación en las mismas; y, en segundo lugar, hasta ahora Turquía no ha informado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) de los incidentes en los que supuestamente ha recurrido al derecho de autodefensa a pesar de que el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas exige dicha notificación.
Violación de los derechos humanos que regulan el derecho a la libertad
Las acciones de Turquía violan más que las leyes internacionales. Los secuestros extraterritoriales son una forma de privación de libertad. La injerencia en el derecho de una persona a la libertad se ajusta al derecho internacional, siempre y cuando dicha privación no sea arbitraria. En virtud del artículo 9 del Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, la privación de libertad es arbitraria cuando no se basa en motivos y procedimientos prescritos por la ley. Ambos artículos estipulan que la persona detenida será informada, sin demora o en el momento de la detención, de los motivos de su detención y de los cargos que se le imputan. Asimismo, según los artículos, la persona detenida debe ser llevada sin demora ante un juez o una autoridad judicial similar en un plazo razonable. Según estas normas, las acciones de Turquía son flagrantemente arbitrarias. El hecho de que las personas secuestradas no comparecieran ante un tribunal turco ni siquiera meses después de su detención y que incluso sus familiares directos siguieran sin conocer su paradero indica el aspecto problemático de la política de secuestros de Erdogan en virtud de las normas de derechos humanos.
El camino a seguir
Frente a las operaciones extraterritoriales del régimen de Erdogan, hay una serie de medidas que deben adoptar los Estados cuya integridad territorial ha sido violada, así como las personas secuestradas y/o sus familias.
Los Estados víctimas deberían plantear la cuestión de la ilegalidad de los secuestros extraterritoriales ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es el foro más adecuado para la cuestión de la violación de la soberanía, ya que es el principal actor de las Naciones Unidas responsable del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Se puede argumentar que es improbable que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tome medidas, dada su reputación de inacción. A pesar de la falta de respuesta general del órgano, el mero hecho de plantear la cuestión en un lugar tan crucial seguiría siendo un paso de gran repercusión, ya que disuadiría al régimen de Erdogan de adoptar políticas extraterritoriales perjudiciales para la paz y la seguridad.
Además, los Estados víctimas deberían llevar el asunto ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y solicitar sentencias que establezcan la ilegalidad de los secuestros extraterritoriales. La obtención de un juicio tan favorable haría que el régimen de Erdogan se lo pensara dos veces antes de llevar a cabo nuevas operaciones en el extranjero. Este cambio de comportamiento se produciría porque un fallo desfavorable de la CIJ mancharía la imagen de la nación en el extranjero. Privada de recursos naturales como el petróleo y el gas, Turquía necesita urgentemente mantener la imagen de un Estado de Derecho. Sin esta imagen, la economía en crisis perdería lo que queda de la inversión extranjera en el país.
Dentro de las Naciones Unidas también hay vías disponibles para las personas secuestradas. Las propias personas secuestradas y/o sus familias pueden responsabilizar al régimen de Erdogan planteando la cuestión a través de los mecanismos pertinentes de derechos humanos de las Naciones Unidas. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y el Comité Contra la Tortura son dos de los principales órganos de la ONU que tradicionalmente han ayudado a los Estados a evitar comportamientos que violen los derechos humanos básicos. Estos organismos de las Naciones Unidas también tienen como objetivo garantizar un diálogo comunicativo con los gobiernos pertinentes. Los familiares de las personas secuestradas pueden utilizar estos canales para averiguar el paradero y las condiciones de sus seres queridos.
En conjunto, establecer la ilegalidad de los secuestros extraterritoriales ante las instituciones judiciales y/o semijudiciales internacionales haría que el costo de llevar a cabo operaciones extraterritoriales para Erdogan fuera totalmente desproporcionado en relación con sus ganancias en el país.
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Yasir Gökçe es actualmente doctorando en la Facultad de Derecho de Bucerius en Hamburgo, centrándose en la aplicación de la ley del uso de la fuerza al ciberdominio. También ocupa un puesto de investigador en la Universidad de Bonn. Durante varios años trabajó como asesor jurídico interno en el Departamento de Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía. En paralelo a su puesto en el Ministerio de Exteriores, trabajó como abogado en Turquía. Obtuvo un grado de máster de administración pública la Universidad de Harvard, un grado de máster en Derecho de la Universidad de Ankara, y una licenciatura en Derecho de la Universidad de Bilkent. Puede ser contactado en: gokceyasir@gmail.com
