La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH) ha pedido a Turquía que ponga en libertad a dos ciudadanos turcos detenidos por presuntos vínculos con Fethullah Gülen, acusado por Ankara de haber orquestado el intento de golpe de Estado en 2016, informó el miércoles Reuters.
El ACNUDH también dijo que Turquía debería pagar una compensación a los dos detenidos, el académico Ismet Ozcelik y el director del colegio Turgay Karaman, por su detención arbitraria.
En 2017, Ozcelik y Karaman fueron deportados de Malasia a Turquía, donde fueron acusados de tener vínculos con el movimiento Gulen.
El Gobierno turco acusa a Gulen y a sus seguidores de instigar el fallido intento de golpe militar que tuvo lugar el 15 de julio de 2016.
Aunque el clérigo y los miembros de su movimiento niegan firmemente las acusaciones, las detenciones generalizadas contra ellos siguen siendo habituales en Turquía, donde más de 77.000 personas fueron encarceladas a la espera de juicio desde 2016.
Los críticos dicen que la caza de brujas contra los disidentes dirigida por el gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), apunta a una creciente autocracia en el país.
El ACNUDH dijo que las autoridades turcas habían violado las libertades de Ozcelik y Karaman y dio a Ankara 180 días para cumplir con su decisión.
Sin embargo, Reuters dijo que carece de autoridad de ejecución.
En el informe del ACNUDH sobre el caso se señala que la adhesión de Turquía a un pacto internacional de derechos humanos exige que el país actúe y proporcione un “recurso efectivo”.
“El Estado parte está obligado …. a poner en libertad a los autores [de la denuncia] y a indemnizarlos adecuadamente por las violaciones sufridas”, dice el informe.
El ACNUDH también rechazó una petición de Turquía para que el caso sea considerado como una excepción debido al estado de emergencia del país y a la naturaleza “grave y compleja” de los supuestos crímenes de ambos ciudadanos. Sostuvo que las razones de la solicitud de exención de Turquía no explicaban cómo los ciudadanos representaban una amenaza.
Reuters indicó que no hubo una reacción inmediata del Gobierno turco al informe de la comisión.
Desde el fallido intento de golpe de Estado de 2016, el gobierno del AKP ha exigido la extradición de Fethullah Gülen junto con varias personas que se sospecha que tienen vínculos con el movimiento.
Mientras que países como Kosovo, Pakistán y Malasia han cumplido con la demanda de Ankara, otros se han negado.
En 2018, Kosovo arrestó y deportó a seis ciudadanos turcos a petición del gobierno turco.
La medida llevó al primer ministro de Kosovo, Ramush Haradinaj, a destituir a su ministro del Interior, Flamur Sefaj, así como a Driton Gashi, jefe de la Agencia de Inteligencia de Kosovo (KIA), de su cargo.
En 2017, las autoridades pakistaníes deportaron a Turquía al exdirector de una cadena de escuelas privadas turcas y a su familia debido a supuestos vínculos con el movimiento Gülen.
Ozcelik y Karaman, que según el comité de la ONU es el director de Time International School, habían vivido en Malasia durante 13 años antes de su deportación.