El 29 de mayo, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su informe anual sobre la libertad religiosa internacional, que saca a la luz el estado de la libertad religiosa en todo el mundo. Documenta, en 200 países y territorios, informes de violaciones y abusos cometidos por gobiernos, grupos terroristas e individuos.
En la sección dedicada a Turquía, el informe afirma que, tras el intento de golpe de Estado de julio de 2016, el gobierno declaró un estado de emergencia de tres meses. El gobierno atribuyó la responsabilidad del intento de golpe al clérigo musulmán Fethullah Gulen y su movimiento, que se identifica como un movimiento cívico, cultural y educativo inspirado en el Islam, aunque el gobierno lo considera una “organización terrorista”.
Desde el intento de golpe de Estado de julio de 2016, el Gobierno turco despidió o suspendió de las instituciones estatales a más de 100.000 funcionarios del gobierno, la policía arrestó a más de 50.000 personas, muchas de ellas por supuestamente tener vínculos con el movimiento Gulen, incluyendo a más de 4.000 miembros del personal de Diyanet (Directorio de Asuntos Religiosos), por presuntos vínculos con el movimiento Gülen.
El gobierno también continuó deteniendo a algunos ciudadanos extranjeros por sus supuestos vínculos con el movimiento de Gülen. En agosto, un juez de Esmirna agregó cargos a la acusación original de diciembre de 2016 de un pastor protestante ciudadano estadounidense detenido desde octubre de 2016. El gobierno continuó limitando los derechos de las minorías no musulmanas, especialmente de aquellas que no reconocidas por el Tratado de Lausana de 1923. Continuó considerando al alevismo como un grupo musulmán heterodoxo y continuó no reconociendo las casas de culto aleví (cemevis). Como parte de un cierre más amplio por decreto gubernamental de organizaciones por supuesta difusión de propaganda terrorista, el gobierno cerró dos estaciones de televisión propiedad de los chiítas yaferi en enero. Los decretos no especificaban la naturaleza de la “propaganda terrorista”. Los alevís expresó su preocupación por la seguridad y dijo que el gobierno no cumplió con sus demandas de reformas religiosas.
En julio, el Ministerio de Educación Nacional llevó a cabo una amplia revisión del plan de estudios escolar, que, según personas laicas y otros ciudadanos, aumentó el contenido musulmán sunita en los libros de texto y socavó el sistema educativo laico del país. Los musulmanes no sunitas no reciben las mismas protecciones que las minorías no musulmanas reconocidas, aunque ambos tienen dificultades para operar o abrir lugares de culto, impugnar las reclamaciones de tierras y otras propiedades u obtener exenciones de las clases obligatorias de religión.
El gobierno continuó capacitando a clérigos musulmanes sunitas, al tiempo que restringió a otros grupos religiosos la capacitación de su clero, y continuó financiando la construcción de mezquitas sunitas y restringiendo el uso de la tierra a otros grupos religiosos. El Patriarca Ecuménico Bartolomé de la Iglesia Ortodoxa Griega siguió pidiendo al gobierno que permita que el Seminario de Halki vuelva a abrirse como institución independiente para formar a clérigos ortodoxos griegos en el país.
Algunos ciudadanos extranjeros, incluidos varios individuos vinculados a grupos cristianos, se enfrentaron a la detención, a problemas con los permisos de residencia o a la denegación de entrada al país bajo el estado de emergencia. Algunas fuentes de la comunidad protestante dijeron que no creían que el gobierno estuviera apuntando específicamente a misioneros extranjeros o a aquellos vinculados a grupos cristianos.
En octubre, el gobierno agregó cargos adicionales al caso de un pastor protestante ciudadano estadounidense, que a finales de año seguía en detención preventiva por cargos que incluían la pertenencia al movimiento asociado con Fethullah Gulen (calificado por el gobierno como la “Organización Terrorista Fethullahista” o “FETO”), espionaje e intentos de derrocar al gobierno. El presidente Recep Tayyip Erdogan relacionó públicamente el caso del pastor con la extradición de Fethullah Gulen de los Estados Unidos. El gobierno afirmó que no estaba reteniendo al pastor debido a su trabajo religioso. La mayoría de los observadores en el país dijeron que el caso era de naturaleza política; algunas organizaciones con sede en Estados Unidos dijeron que la detención del pastor estaba relacionada con su trabajo como ministro cristiano. El del pastor fue uno de varios casos de ciudadanos estadounidenses detenidos bajo el estado de emergencia; los otros casos no involucraron a líderes religiosos.
El gobierno continuó interpretando el Tratado de Lausana de 1923, que se refiere ampliamente a las “minorías no musulmanas”, como la concesión de un estatus especial de minoría legal exclusivamente a tres grupos reconocidos: cristianos ortodoxos apostólicos armenios, judíos y cristianos ortodoxos griegos. El gobierno no reconoció el liderazgo ni las estructuras administrativas de las minorías no musulmanas, como los patriarcas y el gran rabinato, como entidades jurídicas, lo que les impidió comprar o mantener el título de propiedad o presentar reclamaciones ante los tribunales. Estos tres grupos, junto con otras comunidades religiosas minoritarias, tuvieron que apoyarse en fundaciones independientes que habían organizado anteriormente, con consejos de administración separados, a fin de poseer y controlar propiedades religiosas individuales. Las fundaciones seguían sin poder celebrar elecciones para renovar la composición de sus consejos de administración porque el gobierno, a pesar de las promesas de hacerlo, todavía no había promulgado nuevas normas que sustituyeran a las derogadas en 2013 y que habrían permitido la elección de los miembros del consejo de administración de la fundación.
El gobierno siguió sin reconocer al patriarca ecuménico como líder de los 300 millones de cristianos ortodoxos del mundo, de acuerdo con la postura del gobierno de que no había ninguna obligación legal para que lo hiciera. La posición del gobierno seguía siendo que el patriarca ecuménico no era “ecuménico”, sino sólo el líder religioso de la minoría ortodoxa griega del país. El gobierno continuó permitiendo que sólo los ciudadanos turcos votaran en el Santo Sínodo del Patriarcado Ecuménico o fueran elegidos patriarca, pero continuó con su práctica de conceder la ciudadanía a los metropolitanos ortodoxos griegos según los términos de la solución provisional del gobierno de 2011 para ampliar el grupo de candidatos y convertirse en el próximo patriarca. La Gobernación de Estambul, que representa al gobierno central de Estambul, continuó manteniendo que los líderes de las comunidades ortodoxa griega (Patriarcado Ecuménico), ortodoxa apostólica armenia y judía deben ser ciudadanos turcos, aunque en algunos casos los correligionarios de fuera del país habían asumido posiciones de liderazgo informales en estos grupos.
El Patriarcado Apostólico Armenio y el Patriarcado Ecuménico continuaron buscando el reconocimiento legal, y sus comunidades operaron como conglomerados de fundaciones religiosas individuales. Debido a que los patriarcas no tenían personalidad jurídica, las fundaciones asociadas controladas por consejos de administración individuales poseían todos los bienes de las comunidades religiosas, y los patriarcas no tenían autoridad legal para dirigir el uso de ningún bien o gobernar de otro modo sus comunidades.
El gobierno limitó el número de estudiantes admitidos en las escuelas secundarias públicas y asignó a decenas de miles de estudiantes a escuelas religiosas “imam hatip” administradas por el Estado en función de sus resultados en los exámenes de ingreso o su proximidad. El gobierno continuó convirtiendo muchas escuelas públicas no religiosas en escuelas “imam hatip”, citando la demanda, y los estudiantes reportaron que esto creó un obstáculo geográfico para aquellos que preferían asistir a escuelas públicas seculares. La matriculación en las escuelas del “imam hatip” aumentó de aproximadamente un millón en 2015 a 1,2 millones de alumnos.
Desde el intento de golpe de Estado de 2016, el gobierno ha cerrado al menos 1.284 escuelas privadas, muchas de ellas afiliadas al movimiento Gülen, por motivos “antiterroristas”. El gobierno convirtió algunas de estas escuelas privadas en escuelas para imanes.
La retórica antisemita continuó periódicamente en algunos medios impresos y en las redes sociales durante todo el año. En enero, el columnista Yusuf Kaplan en el periódico progubernamental Yeni Safak afirmó que el país había estado bajo la “influencia judía” durante los últimos dos siglos y describió el supuesto efecto como un “tumor”. En enero, un columnista del diario islamista Yeni Soz afirmaba que el Estado Islámico (EI), Al-Qaeda, PKK, “FETO” y otros grupos similares eran producto de una alianza entre el “diablo y los judíos”. En marzo, un columnista del diario islamista Milat afirmó que la Segunda Guerra Mundial había comenzado para establecer el Estado de Israel y dijo que la guerra era una “guerra de independencia” para los judíos. En mayo, un columnista del periódico progubernamental Star afirmaba que “los evangélicos y los judíos” apoyaban al PKK. El mismo columnista afirmó que “FETO” era un movimiento evangélico disfrazado de Islam. En julio, un artículo del periódico Yeni Soz afirmaba que el movimiento de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales estaba financiado por “judíos satanistas”.
Varios grupos nacionalistas islamistas continuaron abogando por la transformación de algunas antiguas iglesias ortodoxas, incluido el museo de Santa Sofía de Estambul, en mezquitas, lo que suscitó críticas de algunos grupos cristianos. La Santa Sofía fue una iglesia ortodoxa de 537-1453 y una mezquita de 1453-1931. Las campañas se intensificaron después de que la Santa Sofía de Trabzon, una iglesia bizantina del siglo XII que había estado funcionando como museo durante los últimos 50 años, se convirtiera en mezquita en 2013. En mayo, miles de personas participaron en una oración matutina frente a Santa Sofía de Estambul. La asociación nacionalista islamista de la Juventud de Anatolia organizó el evento en el contexto de la celebración por parte del gobierno del 564º aniversario de la conquista otomana de Estambul.
