Un informe publicado el jueves por Amnistía Internacional revela que las voces críticas y disidentes fueron reprimidos de forma implacable en Turquía en 2017 y que el estado de excepción vigente en Turquía fue el telón de fondo de las violaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional ha declarado que es probable que continúen las violaciones de los derechos humanos y la represión de la libertad de expresión en el país mientras se mantenga en estado de emergencia.
Más de 50.000 personas han sido detenidas en una represión cada vez mayor desde el fallido golpe de Estado de 2016 y más de 150.000 han sido despedidas o suspendidas de sus empleos en Turquía.
La sección de Turquía del informe habla de cómo periodistas, activistas políticos y defensores de los derechos humanos fueron atacados debido a la falta de tolerancia de las voces disidentes, que disminuyó aún más debido al estado de emergencia que se declaró tras un controvertido intento de golpe militar el 15 de julio de 2016.
El informe dice que el estado de emergencia allanó el camino para las restricciones ilegales a los derechos humanos y permitió al gobierno aprobar leyes más allá del escrutinio efectivo del Parlamento y los tribunales.
“Más de 50.000 personas estaban en prisión preventiva por cargos relacionados con la “pertenencia a la Organización Terrorista Fethullahista”, a la que las autoridades culpaban del intento de golpe de 2016. Un número similar de personas quedaron en libertad bajo fianza con el requisito de presentarse periódicamente ante las autoridades. Sólo una pequeña minoría fue acusada de participar realmente en el intento de golpe de Estado”, dijo el informe.
“FETÖ” es un término peyorativo acuñado por el gobernante Partido de Justicia y Desarrollo (AKP) dirigido por el autocrático presidente Recep Tayyip Erdogan para referirse al movimiento Gülen.
Los críticos dicen que el presidente Erdogan está usando el estado de emergencia, establecido después del fallido golpe de Estado y renovado seis veces desde entonces para sofocar la disensión y aplastar a sus oponentes. El gobierno antidemocrático dice que sus medidas de seguridad son necesarias dada la gravedad de las amenazas que enfrenta.
“La disfunción de la sociedad civil y el estado de emergencia constituyeron un terreno propicio para las violaciones de los derechos humanos”, dijo Andrew Gardner, investigador principal de Amnistía Internacional en Turquía, en una rueda de prensa en Estambul. “Desafortunadamente, parece probable que las violaciones de los derechos humanos continúen mientras continúe el estado de emergencia”, dijo Gardner, según un informe de Reuters.
En cuanto al estado del poder judicial en el país, el informe dice el sistema judicial, que también se vio diezmado por la destitución o detención de hasta un tercio de los jueces y fiscales del país, permaneció́ bajo una presión política extrema. “Siguieron siendo habituales las detenciones preventivas arbitrarias, prolongadas y punitivas, así́ como el incumplimiento de las normas sobre juicios justos», dice el informe.
En cuanto a la libertad de expresión, el informe dice que los representantes de la sociedad civil y la población en general ejercían la autocensura de forma generalizada: borraban publicaciones en las redes sociales y se abstenían de hacer comentarios públicos por miedo a que los despidieran del trabajo, a que cerraran sus organizaciones o a que los procesaran penalmente.
“Se iniciaron miles de procesos penales por el ejercicio pacifico del derecho a la libertad de expresión, muchos de ellos en virtud de la legislación que prohibida la difamación o por cargos falsos relacionados con el terrorismo. Se impusieron de manera habitual detenciones preventivas arbitrarias y de duración punitiva. Era frecuente que detalles confidenciales de las investigaciones se filtraran a los medios de comunicación vinculados al gobierno y se publicaran en las primeras planas de los periódicos, mientras que los portavoces gubernamentales hacían declaraciones perjudiciales sobre casos que se estaban investigando. Continuaron los procesamientos de periodistas y activistas políticos, y aumentaron notablemente los procesamientos de defensores y defensoras de los derechos humanos. También se persiguió́ a periodistas y medios de comunicación internacionales.”
Gardner también ha dicho que el estado de emergencia se estaba utilizando para atacar a periodistas, así como a críticos del gobierno.
Tras su ingreso en prisión preventiva en 2016, continuaron privados de libertad durante todo el año nueve parlamentarios del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), formación política izquierdista de filiación kurda, incluidos sus dos líderes. El presidente de Amnistía Internacional de Turquía ha estado en la cárcel desde junio de 2017, también acusado de terrorismo, y todos ellos han negado los cargos. Un tribunal condenó la semana pasada a seis periodistas a cadena perpetua agravada por ayudar a los conspiradores del golpe. Han negado los cargos.
El informe de Amnistía Internacional, publicado el jueves, dice en su evaluación: “La disidencia fue reprimida de forma implacable. Entre quienes sufrían esa represión había periodistas, activistas políticos y defensores y defensoras de los derechos humanos”. “A medida que el estado de emergencia continúa y el hecho de que los defensores de derechos humanos y la sociedad civil no puedan llevar a cabo su trabajo, es muy probable que… las violaciones de derechos humanos continuarán”, dijo Gardner.
Según el informe, desaparecieron en gran medida las críticas al gobierno en los medios de comunicación audiovisuales e impresos, y la disidencia quedó fundamentalmente confinada a los medios de comunicación online. El gobierno continuó utilizando de forma habitual ordenes administrativas de bloqueo, contra las que no había recurso efectivo, para censurar el contenido en Internet.
El informe dice que más de 100 periodistas permanecieron en prisión preventiva en Turquía a finales de 2017 y que los periodistas de los medios de comunicación cerrados por decretos de estado de excepción siguieron enfrentándose a enjuiciamiento, condena y encarcelamiento. “Ahmet Altan, exredactor del diario Taraf, y su hermano Mehmet Altan, continuaban en prisión preventiva tras haber sido detenidos en julio de 2016 por pertenencia al movimiento Gülen, al igual que 34 profesionales de los medios de comunicación que trabajaron para el grupo de periódicos Zaman”, dice el informe.
Turquía es la mayor cárcel de periodistas del mundo. Las cifras más recientes documentadas por el SCF han demostrado que 240 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación se encuentran en las cárceles desde el 22 de febrero de 2018, la mayoría en prisión preventiva languideciendo en notorias cárceles turcas sin siquiera haber sido condenados. De los presos turcos, 205 están detenidos a la espera de juicio, sólo 35 periodistas permanecen condenados y cumplen condena en cárceles turcas. Quedan pendientes las órdenes de detención contra 140 periodistas que viven en el exilio o siguen prófugos en Turquía. Deteniendo a decenas de miles de personas por presuntos vínculos con el movimiento Gülen, el gobierno también cerró más de 180 medios de comunicación tras el controvertido intento de golpe de Estado.
En el informe de Amnistía Internacional también se menciona cómo ocho defensores de los derechos humanos, entre ellas la directora de Amnistía Internacional Turquía, İdil Eser, las mantuvieron en prisión preventiva hasta octubre, cuando empezó́ un juicio por cargos falsos de “pertenencia a una organización terrorista” por su trabajo como defensores y defensoras de los derechos humanos. El tribunal también decidió́ unir a la causa el procesamiento de Taner Kılıç, presidente de Amnistía Internacional Turquía, detenido en junio bajo debido a sus presuntos vínculos con el movimiento Gülen.
En cuanto a los casos de tortura y otros malos tratos, el informe dice Continuaron denunciándose actos de tortura y otros malos tratos, sobre todo bajo custodia policial, pero a un nivel sensiblemente inferior que durante las semanas posteriores al intento de golpe de Estado de julio de 2016.
“Las autoridades turcas continuaron sin autorizar que el Comité́ Europeo para la Prevención de la Tortura publicara su informe sobre las denuncias de tortura tras el intento de golpe de Estado. No existía ningún mecanismo nacional de prevención efectivo con mandato para supervisar los centros de detención. No se disponía de estadísticas sobre las investigaciones de denuncias de tortura, ni había indicios de que esas denuncias se estuvieran investigado de manera efectiva”, dice el informe.
Según el informe “en virtud de los decretos de excepción, los trabajadores y trabajadoras del sector público continuaban expuestos a despidos sumarios por presuntos vínculos no especificados con grupos terroristas. Cerca de 20.000 trabajadores y trabajadoras fueron despedidos en 2017, con lo que se elevó́ a 107.000 el número total de personas despedidas desde julio de 2016. A muchas de ellas se les impidió́ en la práctica continuar ejerciendo su profesión, y tuvieron problemas para encontrar otros empleos después de ser calificados de “terroristas” a consecuencia de sus despidos”.
“En enero, las autoridades anunciaron una Comisión de apelación formada por siete personas para evaluar los despidos. La comisión no se estableció́ hasta julio, y al terminar el año se había pronunciado en menos de 100 de las 100.000 apelaciones que, según informes, se habían presentado. Según las críticas generalizadas, la comisión carecía de la independencia y capacidad necesarias para llevar a cabo su labor”, añadió el informe.
Una encuesta realizada por un grupo de defensa de los derechos humanos turco ha demostrado que más de 1,2 millones de personas se vieron gravemente afectadas por la pérdida del estatus económico, sus propiedades o sus familias que se derrumbaron debido al estado de emergencia de 18 meses de duración del país.
