«Las autoridades de Kirguistán deben investigar la desaparición de Orhan İnandı, fundador de una red de instituciones educativas en Kirguistán, en medio de la preocupación de que pueda ser deportado por la fuerza a Turquía», señaló Human Rights Watch.
Es probable que İnandı, con doble nacionalidad turco-kirguisa, sea perseguido por sus presuntos vínculos con el movimiento relacionado con el clérigo suní que vive en Estados Unidos Fethullah Gülen, que el Gobierno turco considera una organización terrorista responsable del intento de golpe militar de 2016 en Turquía. Si es devuelto a Turquía, İnandı podría correr el riesgo de ser maltratado o torturado y se enfrentaría a una detención arbitraria y a un juicio injusto.
«Orhan İnandı es un ciudadano kirguís», dijo Syinat Sultanalieva, la investigadora de HRW para Asia Central. «El Gobierno kirguís tiene la responsabilidad de investigar su desaparición, determinar dónde está retenido y garantizar su seguridad y que no sea trasladado ilegalmente a Turquía«.
El Gobierno turco acusó en 2019 a İnandı de tener vínculos con el movimiento Gülen. Está desaparecido desde el 31 de mayo de 2021. Su esposa Reyhan İnandı dijo el 6 de junio que tiene pruebas de que está retenido en la embajada turca en Bishkek, la capital de Kirguistán.
En los últimos cinco años, decenas de hombres supuestamente vinculados con el movimiento Gülen por las autoridades turcas, que viven en países de todo el mundo, han sido detenidos arbitrariamente y devueltos por la fuerza a Turquía. Allí son encarcelados bajo falsos cargos de terrorismo, en violación de los derechos y protecciones del debido proceso.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU ha emitido varios dictámenes que determinan que Turquía ha sometido a estos hombres a una privación de libertad arbitraria. En muchos casos, para forzar su regreso a Turquía, los hombres han sido objeto de desapariciones forzadas. En una desaparición forzada, una persona es privada de su libertad en una detención tipo secuestro y retenida en un lugar no reconocido, fuera de la protección de los procedimientos legales y desafiando las decisiones de los tribunales de los países afectados.
La prensa turca ha informado regularmente de estas desapariciones forzadas como operaciones llevadas a cabo por los servicios de Inteligencia de Turquía en cooperación con las autoridades de los países afectados. Más recientemente, el 31 de mayo, la prensa turca informó de que los servicios de Inteligencia habían capturado y devuelto a Turquía a otro hombre vinculado al movimiento Gülen. Una vez en Turquía, İnandı corre el riesgo de sufrir malos tratos y tortura y se enfrentaría a una detención arbitraria y a un juicio injusto por cargos de terrorismo.
İnandı, de 53 años, es fundador y presidente del consejo administrativo de las Instituciones Educativas Sapat, una amplia red de colegios de prestigio y una universidad internacional en Kirguistán. İnandı ha trabajado en Kirguistán desde 1995, y obtuvo la ciudadanía kirguisa en 2012.
Su coche fue encontrado la madrugada del 1 de junio con las puertas abiertas y los objetos de valor intactos, lo que sugiere que no se trata de un caso de robo. La policía kirguisa inició una investigación sobre la desaparición de Inandı ese mismo día, seguida de una instrucción del presidente Sadyr Japarov al Comité Estatal de Seguridad Nacional y al ministerio del Interior para intensificar las búsquedas en curso.
Reyhan İnandı afirmó en su declaración del 6 de junio que una fuente no revelada le dijo que su marido está retenido contra su voluntad en la embajada de Turquía y que ha sido torturado para que renuncie a su ciudadanía kirguisa. Esto simplificaría el traslado forzoso de İnandı a Turquía, dijo.
El 7 de junio, el viceministro de Asuntos Exteriores de Kirguistán, Aibek Artykbaev, confirmó en una comparecencia en el Parlamento que en 2019 el Gobierno turco había solicitado la extradición de İnandı, a lo que el Gobierno kirguís se negó en ese momento, aludiendo a la ciudadanía kirguís de İnandı. Artykbaev indicó la disposición del ministerio a comprometerse con la embajada turca, si el ministerio del Interior hace una solicitud para investigar la denuncia de Reyhan İnandı sobre el paradero de su marido.
Las protestas para exigir una investigación efectiva sobre la desaparición de İnandı siguen en Bishkek desde el 1 de junio. Los manifestantes han expresado su intención de continuar hasta que se libere a İnandı y se le permita regresar a su casa.
Permitir la entrega de Inandı a Turquía violaría las obligaciones de Kirguistán en virtud de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, que ratificó en 1997. El artículo 3 de la convención incluye la prohibición absoluta de extraditar o devolver a alguien a un lugar donde corra el riesgo de ser torturado. Su devolución forzosa establecería un preocupante precedente en Kirguistán.
«Kirguistán aspira a defender las normas internacionales de derechos humanos, y éste es un caso claro en el que es esencial«, ha declarado Sultanalieva. «Si las autoridades kirguisas no recuperan a İnandı de dondequiera que esté retenido contra su voluntad, no cumplirán con sus obligaciones de garantizar su seguridad, tal como exigen el derecho internacional y la Constitución kirguisa.»
