“Insultar al presidente no debería ser un delito, y los estudiantes que sostienen una pancarta satírica obviamente nunca deberían haber sido procesados”, dijo Benjamin Ward, director interino de Human Rights Watch (HRW) para Europa y Asia Central.
“Los tribunales turcos han condenado a miles de personas en los últimos cuatro años simplemente criticar al presidente. El gobierno debe poner fin a esta burla de los derechos humanos y respetar el derecho de las personas en Turquía a la libertad de expresión pacífica”, dijo Ward.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha decidido retirar una denuncia contra cuatro estudiantes de Ankara a los que acusó de “insultar al presidente” por sostener una pancarta satírica, dijo el miércoles Human Rights Watch.
El juicio de los estudiantes está previsto que se celebre el 22 de octubre, pero es probable que el fiscal solicite su absolución tras el anuncio de que el presidente ha retirado su demanda. Aunque la medida es un avance positivo y bienvenido para los cuatro estudiantes a ser juzgados, no aborda el problema más amplio de miles de casos similares en curso en los tribunales que violan flagrantemente la libertad de expresión, dijo la organización.
El caso es uno de los muchos enjuiciamientos por el mismo delito en los últimos cuatro años y se basa en el artículo 299 del Código Penal de Turquía, una disposición raramente utilizada antes de que Erdogan fuera elegido presidente en 2014. El primer informe de Human Rights Watch de un número creciente de procesamientos por “insultar al presidente” es de 2015, y las cifras van en aumento.
Los estudiantes, D.C.Y., B.A., F.E.D. y Ö.K. fueron detenidos tras su ceremonia de graduación el 6 de julio en la Universidad Técnica de Oriente Medio de Ankara (ODTÜ). Existe la tradición universitaria de que los estudiantes que se gradúan marcan la ceremonia con pancartas humorísticas y satíricas, muchas de las cuales reflejan la evolución actual de Turquía.
Entre los cientos de estandartes, tres estudiantes portaban una pancarta con la leyenda “Ahora es el Reino de los Tayyip”, que representaba animales dibujados con la cara del presidente turco. La caricatura se basó en una imagen de portada de 2005 de la revista satírica turca Penguen.
La policía detuvo a los estudiantes en sus casas tras una denuncia de un abogado que actuaba para Erdogan. El 11 de julio de 2018, un tribunal de Ankara ordenó su detención preventiva en espera de juicio. Un cuarto estudiante, Ö.K., que ayudó a los demás a transportar la pancarta al campus, también fue acusado del mismo delito y detenido un día después. El tribunal ordenó la liberación de los cuatro el 10 de agosto. Ş.D., gerente de la papelería que imprimió la pancarta, fue acusado del mismo delito y enfrenta un juicio con los estudiantes el 22 de octubre.
Los enjuiciamientos en virtud del artículo 299 del Código Penal turco por “insultar al presidente” requieren el permiso del ministro de Justicia y pueden ser castigados con penas de prisión de uno a cuatro años. Han aumentado drásticamente de 132 en 2014 a más de 6.000 en 2017. Los tribunales a menudo han suspendido las sentencias o las han convertido en multas. Usar el artículo para procesar a periodistas, académicos, jóvenes y gente común por publicar en las redes sociales, un fenómeno desde que Erdogan se convirtió en presidente, es un ataque directo a la libertad de expresión y a la libertad de expresión crítica, desprovisto de defensa o incitación a la violencia.
Cuando las imágenes fueron publicadas por primera vez por Penguen el 24 de febrero de 2005, Erdogan, entonces primer ministro, presentó una demanda por difamación y solicitó una indemnización por daños y perjuicios a la revista de 40.000 liras turcas (aproximadamente 25000 € en su día). Un tribunal de Estambul rechazó la demanda y dictaminó que la caricatura estaba dentro de los límites de la libertad de expresión y no era difamatoria.
El 17 de julio de 2018, el presidente del principal partido de la oposición, Partido Republicano del Pueblo (CHP), Kemal Kiliçdaroglu, tuiteó la caricatura del “Reino de los Tayyip”, diciendo: “Debes tolerar la crítica y el humor, ¡tienes que hacerlo! No se puede detener la crítica y el humor metiéndolos en la cárcel”. Al día siguiente, la fiscalía de Ankara inició una investigación preliminar por “insultar al presidente”.
Eleştiriye ve mizaha tahammül edeceksin, etmelisin! Hapse atarak eleştirinin ve mizahın önüne geçemezsin. pic.twitter.com/D30J2cHsa6
— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 17 de julio de 2018
Otros parlamentarios del CHP también compartieron la caricatura en Twitter para apoyar a los estudiantes. Los abogados de Erdogan han presentado denuncias penales contra 72 parlamentarios de CHP por insultar al presidente por haber tuiteado la imagen de la pancarta. Los miembros del Parlamento gozan de inmunidad y no pueden ser interrogados por la oficina del fiscal mientras prestan servicios como parlamentarios a menos que se les retire esa inmunidad de conformidad con la ley.
Turquía es parte en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y está jurídicamente obligada a respetar la libertad de expresión. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dejado claro que cualquier esfuerzo por proteger a un jefe de Estado “no puede justificar que se le conceda un privilegio o una protección especial frente al derecho a expresar opiniones sobre él”.
El discurso satírico goza de protección especial como forma de expresión artística y comentario social, y el tribunal considera habitualmente que las acusaciones de “insultar al presidente” violan la convención, señalando que la criminalización de la sátira tendría un efecto disuasorio sobre el libre debate de cuestiones de interés general. Expertos de las Naciones Unidas y regionales en libertad de expresión han pedido que se deroguen todas las leyes que brindan protección especial a las figuras públicas.
“Turquía debe dejar de estrangular la libertad de expresión mediante el uso indebido del derecho penal y comportarse como una sociedad democrática basada en el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos”, dijo Ward. “Las decisiones de los fiscales y los tribunales de iniciar o suspender los casos no deben depender de la palabra del presidente.”
