El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) del Consejo de Europa confirmó en dos informes publicados el 5 de agosto la existencia continuada de malos tratos, torturas, interrogatorios informales y acceso restringido a un abogado, así como un sistema de control médico fundamentalmente defectuoso en los centros de detención turcos.
El CPT, un organismo que combate la tortura y otros malos tratos mediante visitas periódicas o sin previo aviso a los lugares de detención de los Estados miembros, hizo públicos sus informes junto con las respuestas de las autoridades turcas con el permiso del Gobierno turco.
Según el CPT, Se recurre a los malos tratos y a la tortura con el fin de obtener una confesión o información o como castigo.
Además, el problema del hacinamiento en las cárceles sigue siendo grave.
Los informes se basan en la visita periódica del CPT en 2017 y en la visita ad hoc a Turquía en 2019.
“La delegación recibió un número considerable de denuncias de personas detenidas (incluidas mujeres y menores) de recientes malos tratos físicos por parte de agentes de la policía y la gendarmería, en particular en la zona de Estambul y en el sudeste de Turquía”, dice el informe de 2017.
Según el informe, los presuntos malos tratos, en algunos casos, eran de tal gravedad que podían considerarse equivalentes a la tortura.
Durante sus visitas, la delegación del CPT examinó el trato y las condiciones de detención de las personas detenidas por la policía o la gendarmería. Con ese fin, el CPT entrevistó a cientos de personas que estaban o habían estado recientemente bajo custodia policial, incluso bajo la sospecha de delitos relacionados con el terrorismo, en las zonas de Ankara, Diyarbakir y Estambul.
Además, la delegación visitó varias cárceles muy superpobladas en Estambul y en el sudeste de Turquía.
La mayoría de las recientes denuncias de malos tratos físicos se referían al uso excesivo de la fuerza en el momento de la detención. “Además, muchas personas detenidas afirmaron que habían sido objeto de malos tratos físicos dentro de los establecimientos de las fuerzas del orden, con el fin de obtener una confesión o información o como castigo”, según el informe.
Citando el testimonio de algunos detenidos, el informe afirmaba además que los agentes de policía les habían infligido descargas eléctricas con dispositivos de choque para el contacto corporal.
“En varios casos, los presuntos malos tratos eran de tal gravedad que podían considerarse equivalentes a la tortura.”
El CPT recibió además muchos relatos, en particular de mujeres detenidas, que testificaron que habían sido sometidas a malos tratos psicológicos (como amenazas de palizas, violación o muerte) y/o a graves abusos verbales (a menudo de carácter sexual explícito).
En cuanto a sus conclusiones sobre la tortura y los malos tratos, el CPT recomendó que “el presidente de la República enviara un mensaje claro y firme en el sentido de que todas las formas de malos tratos a las personas detenidas son ilegales y serán castigadas en consecuencia”.
El CPT también expresó su preocupación “por la existencia de restricciones legales en relación con el acceso a un abogado durante la fase inicial de la custodia policial”.
La delegación recibió muchas quejas de los detenidos en el sentido de que habían sido sometidos a un interrogatorio informal por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sobre el presunto delito sin la presencia de un abogado, antes de tomar una declaración formal (en presencia de un abogado).
El CPT consideró además que todo el sistema de controles médicos de rutina al principio y al final de la custodia policial era fundamentalmente defectuoso, “ya que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley solían estar presentes durante esos controles y éstos a menudo se realizaban sin ningún examen físico”.
El informe criticó las condiciones materiales de los centros de detención, que adolecían de importantes deficiencias estructurales y, por tanto, no eran adecuadas para períodos de detención de más de 24 horas.
La delegación consideró que las celdas de los centros de detención visitados, con pocas excepciones, tenían un acceso limitado o nulo a la luz natural y apenas estaban equipadas con instalaciones que permitieran a los detenidos hacer ejercicio al aire libre.
“La situación se veía exacerbada por el hecho de que los detenidos se encontraban en celdas muy superpobladas.”
El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes repitió observaciones similares en su informe de 2019. “Al igual que durante la visita del CPT en 2017, la delegación recibió un número considerable de denuncias de uso excesivo de la fuerza y/o de malos tratos físicos por parte de agentes de la policía o la gendarmería contra personas que habían sido detenidas recientemente (incluidas mujeres y menores).”
Según el informe, “esas denuncias consistían principalmente en bofetadas, patadas, puñetazos (incluso en la cabeza y/o la cara) y golpes de porra después de que las personas afectadas hubieran sido esposadas o sometidas a otro tipo de control”.
“Una proporción importante de las denuncias se refería a palizas durante el transporte o dentro de los centros de detención, al parecer con el fin de obtener confesiones u otra información, o como castigo”, según el informe.
En el informe se indicaba además que, en varios casos, las denuncias de malos tratos físicos estaban respaldadas por pruebas médicas, como las lesiones corporales documentadas en los registros médicos u observadas directamente por los miembros médicos de la delegación.
Resumiendo sus conclusiones generales, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes dijo que “había tenido la impresión de que, en comparación con las conclusiones de la visita de 2017, la gravedad de los presuntos malos tratos policiales había disminuido”. Sin embargo, encontró que la frecuencia de las denuncias era preocupante.
El comité subrayó una vez más en su informe de 2019 la necesidad de que todas las autoridades competentes adoptaran medidas más decisivas para combatir el fenómeno de los malos tratos policiales en Turquía y reiteró su recomendación de que se transmitiera a todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley un mensaje claro y firme de “tolerancia cero” a los malos tratos por parte del presidente de la república.
Según el Comité, a pesar de la ampliación de las instalaciones penitenciarias y del mayor uso de la libertad condicional y de medidas alternativas no privativas de la libertad, el problema del hacinamiento en las cárceles seguía siendo grave y continuaba el aumento constante del tamaño de la población carcelaria ya observado a mediados del decenio de 2000.
En cuanto al continuo hacinamiento, el Comité recordó que la construcción de nuevas cárceles no es probable, en sí misma, que proporcione una solución duradera a este problema y recomendó que el encarcelamiento -incluida la prisión preventiva- se utilice como medida de último recurso.
Tras el intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016, los malos tratos y la tortura se generalizaron y fueron sistemáticos en los centros de detención turcos, como lo demostró el relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Nils Melzer en un informe basado en su misión a Turquía entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre de 2016.
“En el período inmediatamente posterior al golpe fallido, la tortura y otras formas de malos tratos se generalizaron, en particular en el momento del arresto y durante la posterior detención en los calabozos de la policía o la gendarmería, así como en lugares de detención improvisados y no oficiales, como centros deportivos, establos y los pasillos de los juzgados”, constató el relator especial.
A diferencia de los informes de 2017 y 2019, el Gobierno turco prohibió la publicación del informe del CPT sobre Turquía de 2016, basado en sus inspecciones entre el 28 de agosto y el 6 de septiembre de 2016 en los centros de detención turcos después del fallido intento de golpe de Estado.
