Acciones ilegales como los secuestros y las desapariciones forzadas en Turquía, a menudo perpetradas por los servicios de seguridad o grupos clandestinos con la aprobación o el conocimiento de las autoridades, han reaparecido recientemente justo cuando se pensaba que esta aborrecible práctica era cosa del pasado, principalmente confinada al período oscuro de la década de 1990, cuando los kurdos fueron víctimas de asesinatos extrajudiciales.
El brutal régimen del presidente Recep Tayyip Erdogan se ha dedicado a privar a muchas víctimas de su libertad sin reconocer su detención no oficial. El principio del debido proceso fue descartado por completo en estos casos bajo el estado de emergencia, renovado por cuarta vez. Obviamente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos recibirá una serie de denuncias de desaparición forzada en Turquía, al igual que ocurrió con los numerosos casos que surgieron de una campaña militar contra el proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), en el sudeste de Turquía, en la década de los 90.
El Centro de Estocolmo para la Libertad (SCF – Stockholm Center for Freedom) ha documentado hasta el momento 11 casos de individuos desaparecidos desde 2016, que muestran una campaña sistemática y deliberada de secuestros por parte de elementos pertenecientes a los servicios de inteligencia y seguridad turcos. Esta forma parte de la persecución lanzada por el presidente turco, Erdogan, y su gobierno, principalmente contra los participantes de un grupo cívico conocido como el movimiento Gülen. Los secuestros parecen haberse concentrado en la capital turca de Ankara y siguen un patrón común en el que hombres armados que se identifican como agentes de policía obligan a las víctimas a entrar en una furgoneta y desaparecen a plena luz del día.
Las denuncias de los familiares no han dado frutos a la hora de localizar a las personas desaparecidas, ya sea en centros de detención o en prisión, lo cual indica que se encontraban recluidos en centros de detención secretos y no oficiales y que permanecían incomunicados, incluida la falta de contacto con abogados y familiares. En un caso en el que un secuestrado finalmente fue localizado, 42 días después de su desaparición, sus abogados revelaron que fue secuestrado por hombres que dijeron ser agentes de policía, fue torturado durante días y obligado a firmar una confesión antes de ser entregado a la policía para su custodia oficial. El hecho de que la policía y los fiscales no se hayan mostrado dispuestos a investigar estos secuestros, a pesar de las denuncias de los familiares, sugiere que las autoridades sabían quién estaba realmente involucrado en estas desapariciones forzadas.
Ningún oficial del gobierno ha emitido jamás una declaración con respecto a estos secuestros, a pesar de las declaraciones públicas de los familiares, las investigaciones parlamentarias de los legisladores de la oposición y la cobertura de los medios. Es como si un sindicato criminal y diversas pandillas se hubieran apoderado del gobierno electo de Turquía, causando estragos en el país, con total impunidad. Existen dos motivaciones detrás de estos secuestros y desapariciones. Por un lado, el gobierno turco, dirigido por un presidente autocrático, mantiene su campaña de intimidación al intensificar el temor en la sociedad.
Eso asusta a los críticos y opositores a la hora de adoptar una posición crítica contra Erdogan y sus socios en el gobierno. La segunda motivación del gobierno es obtener confesiones forzadas, fabricadas y auto incriminatorias, a menudo escritas por la policía con antelación, con el fin de ayudar al gobierno a criminalizar a los grupos de la oposición y facilitar la persecución masiva de disidentes. El terrible historial de Turquía en la rectificación de los casos antiguos de personas desaparecidas y de desapariciones forzadas no aporta mucha esperanza para el futuro en cuanto a la probabilidad de que estos nuevos casos sean finalmente cerrados.
El gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) llegó al poder en noviembre de 2002 con la promesa de cerrar ese oscuro capítulo en la historia de Turquía. Pero los sucesivos gobiernos del AKP, durante la última década bajo el liderazgo de Erdogan, han demostrado no estar dispuestos a abordar ese asunto antes de reanudar esta práctica, en gran parte abandonada, y han comenzado a recurrir a estos secuestros y desapariciones forzadas. El informe del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (WGEID), del 27 de julio de 2016, criticó duramente a Turquía por este hecho.
Acusó al gobierno turco de no adoptar una política proactiva e integral para abordar “el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la memoria de las víctimas”. Señaló que “apenas ha habido un solo caso de responsabilidad penal o civil por los actos de desaparición forzada”. Una delegación del WGEID, compuesta por la presidenta del grupo, Houria Es-Slami, el vicepresidente, Bernard Duhaime, y un miembro, Henrikas Mickevičius, visitó Turquía entre el 14 y el 18 de marzo de 2016.
El WGEID fue establecido en 1980 por la entonces Comisión de Derechos Humanos, actualmente el Consejo de Derechos Humanos, que supervisa a Turquía. La última vez que el WGEID realizó una visita a Turquía fue en 1998. El grupo de trabajo ha transmitido 202 denuncias de desaparición forzada o involuntaria al gobierno de Turquía, de las cuales 79 siguen pendientes. Los expertos de la ONU concluyeron que Turquía representa un caso particularmente difícil al evaluar las dimensiones reales del problema y obtener cifras exactas sobre las desapariciones forzadas porque Ankara se ha negado a reconocer plenamente las desapariciones pasadas y no ha abordado adecuadamente el problema. “Es esencial, como cuestión de máxima prioridad, reconocer plenamente las violaciones pasadas y crear un órgano específicamente dedicado a investigar completamente la suerte y el paradero de los desaparecidos durante los años ochenta y noventa para así finalmente proporcionar verdad, justicia y reparación a las familias afectadas”, afirmó la ONU.
De acuerdo a la Asociación de Derechos Humanos (İHD, según sus siglas en turco), ha habido 940 casos de desaparición forzada en Turquía. Además, la İHD cree que 3.248 personas asesinadas en ejecuciones extrajudiciales están enterradas en 253 lugares diferentes.
El pro-kurdo Partido Democrático de los Pueblos (HDP) ha afirmado que decenas de personas han desaparecido en las operaciones de seguridad que han tenido como objetivo la región sudoriental predominantemente kurda de Turquía en los últimos dos años. El legislador Meral Danış Beştaş indicó en el Parlamento que muchos de los fallecidos fueron enterrados en fosas comunes ya que el consejo forense no identificó los cuerpos o bien tardó mucho tiempo en determinar sus identidades.
