Ahmet Ertürk, un profesor que perdió su trabajo en una purga llevada a cabo por las autoridades turcas, ha estado desaparecido desde el 16 de noviembre, según su esposa, otra en un número creciente de desapariciones en Turquía. https://proderechos.org/desapariciones-forzadas-en-turquia
La esposa de Ertürk anunció su desaparición en Twitter, diciendo que su marido desapareció al mismo día que la policía allanaba la casa de sus padres en Ankara.
Ertürk fue profesor en un colegio dirigido por el movimiento Gülen que fue cerrada por el Gobierno turco. El régimen acusa a Fethullah Gülen y a sus seguidores de haber participado en el golpe de Estado en julio de 2016 y desde entonces ha estado llevando a cabo una amplia caza de brujas contra el movimiento.
La esposa de Ertürk pidió ayuda a los diputados de la oposición y a las organizaciones de derechos humanos en Twitter después de afirmar que no ha habido respuesta a sus preguntas al departamento de policía y a la oficina del fiscal.
Desde el fallido intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016, las fuerzas de inteligencia de Turquía han secuestrado a personas, en su mayoría educadores, vinculados al movimiento Gülen. Algunos siguen desaparecidos, mientras que otros fueron encontrados en centros de detención después de haber sido torturados.
Las misteriosas desapariciones que involucran a grupos de la oposición ya victimizados se han convertido en algo común en Turquía tras el controvertido intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016.
Al menos 12 personas han sido secuestradas hasta ahora. Los secuestros en 11 casos tuvieron lugar en 2017, según un informe de la Asociación de Derechos Humanos (İHD) y la Fundación de Derechos Humanos de Turquía (TİHV).
Anteriormente, tres profesores, un abogado, un empleado de la universidad, dos funcionarios de agencias de inteligencia, un empleado de la Autoridad sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación de Turquía (BTK), un empleado de la Autoridad de Competencia y un ingeniero agrónomo habían sido secuestrados, mientras que uno de los profesores fue entregado por personas no identificadas a la policía después de 42 días. También, el 27 de enero de 2016 fue reportado el secuestro de Sunay Elmas, residente de Ankara.
Los desaparecidos tienen en común en su historia personal que perdieron sus empleos en medio de una represión radical que el Gobierno turco ha llevado a cabo contra sus críticos, particularmente los supuestos miembros del movimiento Gülen.
El director para Europa y Asia Central de Human Rights Watch, Hugh Williamson, en una misiva dirigida al ministro turco de Justicia enfatizó que “Hay motivos creíbles para creer que agentes del Gobierno secuestraron por la fuerza a las personas desaparecidas. Las autoridades turcas deben cumplir de inmediato su obligación de localizar a las personas desaparecidas, que pueden estar en grave peligro, garantizar su liberación y, si están bajo custodia, darles acceso inmediato a un abogado e informar a sus familias de su paradero”.
Según HRW, las similitudes entre los secuestros de personas desaparecidas y el hecho de que posteriormente se descubriera que una de ellas había sido detenida por la policía demuestran que las fuerzas de seguridad o los agentes del orden podrían desempeñar un papel en esos secuestros y “desapariciones forzadas”, es decir, el Estado detiene o restringe la libertad de una persona, pero se niega a reconocerlo y lo mantiene confidencial, privando a las personas de sus derechos legales.
HRW se refiere a los casos de Önder Asan, Turgut Çapan, Mustafa Özben y Cemil Koçak, todos los cuales fueron despedidos de sus puestos de trabajo en virtud de decretos del Gobierno del estado de emergencia, y describe las similitudes de los secuestros, como el de una furgoneta negra Volkswagen Transporter, en la que Asan, Özben y Koçak fueron agrupados en diferentes momentos, según informaron los testigos y lo demostró la cámara de seguridad.
“Las autoridades turcas deberían demostrar urgentemente su compromiso de mantener la prohibición absoluta de las desapariciones forzadas y garantizar una investigación rápida y eficaz de las fuerzas de seguridad, los servicios de inteligencia y todos los demás funcionarios públicos que presuntamente han privado ilegalmente de libertad a personas y las han torturado o maltratado de otro modo”, ha declarado HRW.
