A través de la nueva legislación de “Colegios de Abogados alternativos” y de las propias palabras del presidente Erdogan “Los que actúan como abogados de terroristas no pueden actuar como terroristas ellos mismos. Si lo hacen, debe haber un precio que pagar”, lo cual dijo en presencia de jueces y fiscales en la ceremonia de apertura del nuevo año judicial, el Gobierno turco ya había dado señales de que estaba a punto de comenzar una nueva fase de persecución de los abogados.
Sólo unos días después del discurso del presidente Erdogan, hoy (11 de septiembre de 2020), el Fiscal General de Ankara ha ordenado la detención de 48 abogados, 7 abogados en prácticas, 4 jueces destituidos y un licenciado en Derecho por ser “miembros de una organización terrorista”.
Según el informe de la agencia estatal de noticias de Anatolia, sus detenciones se solicitaron únicamente por representar a aquellos que el Gobierno consideraba disidentes y acusados de estar involucrados en el “terrorismo”. A los abogados detenidos no se les permitiría reunirse con nadie y se les mantendría bajo custodia durante al menos 12 días, en violación de las leyes de procedimiento penal vigentes. También se ha informado de que durante el procedimiento de detención y registro (de las residencias de los abogados) se violaron las leyes procesales y las abogadas fueron esposadas por la espalda y sometidas a malos tratos.
Es un hecho ampliamente aceptado que, en Turquía, los cargos de “terrorismo” son de naturaleza política y se utilizan para reprimir, intimidar y silenciar a cualquier oposición. Los que son arrestados, detenidos y condenados son sometidos a esos actos ilícitos, contrariamente a lo que el Gobierno ha estado sugiriendo, sólo por sus opiniones políticas y sus críticas al Gobierno.
En Turquía se está arrestando y procesando a los abogados a gran escala tras el fallido intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016. Todo comenzó con la detención del presidente del Colegio de Abogados de Konya y ha continuado desde entonces sin perder impulso. Hasta la fecha, más de 1600 abogados han sido detenidos y más de 600 de ellos han sido encarcelados. Por otra parte, 441 abogados han sido condenados por “ser miembros de una organización terrorista”.
Las detenciones masivas se llevan a cabo para intimidar y disuadir a los abogados, ya que desempeñan un papel fundamental en la lucha contra diversas acciones ilícitas de la Policía y el poder judicial, incluidas la tortura y los malos tratos. La persecución de los abogados facilita la tortura y los malos tratos a los detenidos e impide que pidan que se respeten sus derechos humanos fundamentales.
El hecho de que las detenciones en cuestión se hayan llevado a cabo en Ankara, que tiene el mayor número de infecciones por COVID-19, es otro motivo de preocupación. Esto ha sucedido en un momento en que el Consejo de Europa y los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas han subrayado que las medidas de custodia, como el arresto y la detención, no deben llevarse a cabo durante la pandemia a menos que dichas medidas sean absolutamente necesarias.
De acuerdo con los Principios Básicos de la ONU sobre la Función de los Abogados, los gobiernos deben garantizar que los abogados:
a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas;
b) no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión.
c) Los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempeño de sus funciones.
Estas salvaguardias no son un lujo profesional concedido a los abogados, sino una necesidad de proteger los derechos y libertades de las personas. Por consiguiente, las investigaciones penales sobre los abogados se llevarán a cabo con arreglo a un procedimiento específico (que implica salvaguardias adicionales) siempre que no se produzca una situación de “delito flagrante”.
Según lo establecido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en los casos Alparslan Altan vs. Turquía y Hakan Bas vs. Turquía), la interpretación y aplicación del “delito flagrante” por parte de la judicatura turca viola el principio de legalidad y el derecho a la libertad. En consecuencia, la detención masiva de abogados con redadas policiales, que se ha convertido en una nueva norma desde el 15 de julio [de 2016], es una aparente violación de la ley.
La detención de 60 abogados, la mayoría de ellos mujeres, forma parte importante del objetivo de silenciar a los abogados. Este silencio privará a todos los ciudadanos de sus derechos y libertades.
Pedimos al Gobierno turco que:
a) termine la campaña de arrestos masivos contra los abogados,
b) garantice que todos los abogados detenidos y encarcelados sean puestos en libertad inmediatamente,
c) garantice que se investigue a los responsables de la detención y el encarcelamiento arbitrarios e ilegales de abogados,
d) cumpla plenamente con los Principios Básicos de la ONU sobre la Función de los Abogados.
Signatarios de la declaración:
1) Barreau de Lyon – Francia
2) Consiglio Nazionale Forense – Italia
3) Federation des Barreaux d’Europe – Francia
4) Fundación Internacional de Derechos Humanos – España
5) Human Rights Foundation – EE.UU.
6) International Association of People’s Lawyers (IAPL) – Francia
7) The International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI) – Reino Unido
8) International Observatory of Human Rights – Reino Unido
9) L’association Défense Sans frontière – Avocats Solidaires (DSF-AS) – Francia
10) Lawyers’ Rights Watch Canada – Canadá
11) La Conférence des Bâtonniers de France – Francia
12) Plataforma Pro Derechos y Libertades – España
13) MEDEL – Magistrats européens pour la démocratie et les libertés – Alemania
14) Monitoring Committee on Attacks on Lawyers – Francia
15) Open Dialogue Foundation – Bélgica
16) Platform for Peace & Justice – Bélgica
17) Raoul Wallenberg Centre for Human Rights – Canadá
18) Scotland Against Criminalising Communities (SACC) – Escocia
19) Social Justice Action Campaign (SOJAC) – Sudáfrica
20) The Arrested Lawyers Initiative – Bélgica
21) The Law Society of South Africa – Sudáfrica
22) Universal Rights Association – Sudáfrica
