La directora de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional Moldavia (AIM), Cristina Pereteatcu, ha dicho a la Balkan Investigative Reporting Network (BIRN) que creen que 48 residentes turcos en Moldavia están bajo la vigilancia de las autoridades moldavas y podrían compartir la misma suerte que siete profesores turcos expulsados recientemente del país.
“Otros 48 ciudadanos turcos podrían ser expulsados de Moldavia. Se trata de personas en una lista negra que no sólo pertenecen a la cadena de escuelas secundarias Horizont, sino que realizan otras actividades en Moldavia, como la de empresarios”, dijo Pereteatcu a BIRN.
Cuando se le preguntó sobre la suerte de los siete maestros turcos que ya están bajo custodia de las autoridades turcas, Pereteatcu dijo que corrían el riesgo de ser condenados a cadena perpetua.
“Sabemos que tres de ellos están juntos en una celda, y los otros cuatro en celdas en diferentes lugares de detención. Tienen acceso a un abogado”, añadió.
Pereteatcu dijo que AIM y otras organizaciones de derechos humanos en Moldavia están preparando varias reacciones a la visita anunciada al país por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan el 17 y 18 de octubre.
Se espera que Erdogan asista a la ceremonia de inauguración del palacio presidencial del presidente Igor Dodon, que está siendo reparado por empresas turcas en virtud de un contrato de 10 millones de euros pagado por TIKA, la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación.
La directora de AIM acusó a las autoridades moldavas de cometer falsificación con documentos oficiales para intentar demostrar que actuaban legalmente con las expulsiones de los nacionales turcos.
Amnistía envió una petición urgente al Parlamento moldavo el 6 de septiembre, pidiéndole que explicara por qué las audiencias en el Parlamento sobre los turcos deportados se celebraban a puerta cerrada, diciendo que el público estaba ansioso por saber más sobre este caso.
Las autoridades respondieron diciendo que los motivos para expulsar a los siete turcos seguían siendo un “secreto de Estado” y no podían ser revelados al público.
Dijeron que la comisión parlamentaria de seguridad nacional, defensa y protección pública había organizado una gran audiencia sobre la actividad del Servicio de Inteligencia y Seguridad (SIS).
En este contexto, miembros de diferentes grupos parlamentarios habían celebrado audiencias con las autoridades competentes sobre los ciudadanos turcos expulsados.
“La sesión [de la audiencia] fue un procedimiento cerrado y toda la información fue clasificada como secreto de Estado”, dijo la comisión parlamentaria a Amnistía Internacional Moldavia.
Sin embargo, dijo que la solicitud de Amnistía se remitiría a la Fiscalía General.
Tras recibir esta respuesta, Amnistía declaró que seguía estando “confundida por el secreto de las audiencias de los representantes de las autoridades responsables del secuestro de un grupo de ciudadanos turcos”.
“Consideramos que se trata de un asunto de interés público y reiteramos que es necesario explicar públicamente las razones y el procedimiento para declarar indeseables a estas personas”, subrayó.
Pereteatcu dijo a BIRN que la principal preocupación también es que los propios moldavos puedan ser blanco de esta forma en el futuro.
