Mustafa Nacaroğlu, un contador que fue despedido de su trabajo por decreto del gobierno después del fallido intento de golpe de Estado en Turquía en julio de 2016, fue restituido a su puesto un año después de su muerte, según informó Bold Medya.
Nacaroğlu fue uno de los miles de funcionarios que fueron destituidos de sus cargos por el decreto gubernamental emitido el 1 de septiembre de 2016 gracias a un estado de emergencia (OHAL) declarado por el Gobierno turco tras la intentona.
Trabajaba como contador en la sucursal de Administración para el Desarrollo y Fomento de Pymes (KOSGEB, por sus siglas en turco) de la ciudad de Gaziantep. Después de ser despedido, Nacaroğlu encontró varios trabajos para ganarse la vida y mantener a su familia. Sus peticiones a los tribunales para que se le restituyera en su puesto en la KOSGEB fueron rechazadas.
Más tarde, Nacaroğlu solicitó a la comisión OHAL, creada por el Gobierno turco, que estudiara las quejas de las personas afectadas por los decretos del gobierno durante el estado de emergencia, que comenzó a aceptar solicitudes en julio de 2017.
Sin embargo, murió en un accidente de tráfico el 13 de enero de 2018 en Gaziantep mientras se tramitaba su petición ante la comisión OHAL.
Casi un año después de la muerte de Nacaroğlu, la comisión OHAL completó su investigación y decidió reincorporarse a su trabajo. Los hijos de Nacaroğlu fueron informados de la decisión de la Comisión a través de e-devlet, un portal en línea que da acceso a los servicios del gobierno.
En un incidente similar en febrero de 2018, un profesor turco, Gökhan Açıkkollu, que fue torturado hasta la muerte mientras estaba bajo custodia policial tras el intento de golpe de Estado por su presunta pertenencia al movimiento Gülen, fue declarado inocente un año y medio más tarde y “reintegrado” a su puesto de trabajo.
El documento oficial para el restablecimiento de Açıkkollu fue entregado por el director de su antigua escuela a la esposa de Açıkkollu, que también había sido despedida de su trabajo como profesora por decreto del gobierno.
Más de 150.000 personas fueron destituidas de puestos de trabajo estatales mientras que más de 50.000 fueron encarceladas, y unas 600.000 personas han sido investigadas por acusaciones de terrorismo desde el fallido intento de golpe de Estado debido a sus supuestos vínculos con el movimiento Gülen, que niega rotundamente cualquier implicación en la intentona.
Un informe publicado por Stockhom Center for Freedom (SCF) reveló los absurdos pretextos utilizados por los fiscales para acusar a sospechosos y jueces de encarcelar a personas inocentes que supuestamente estaban afiliadas al movimiento Gülen. El informe concluye que los principios fundamentales del derecho, como “no hay delito si no está previsto en la ley (nullum crimen, nulla poena sine lege)”, han sido violados de forma amplia y sistemática.
(SCF-turkishminute.com-Bold Medya)
