Un tribunal internacional reprocha a Erdogan por crímenes de guerra contra su propio pueblo


Un mes antes de las elecciones presidenciales en Turquía, un tribunal internacional ha condenado duramente al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, acusándole de crímenes de guerra contra los kurdos en Turquía y diciendo que ha estado “causando un sufrimiento incalculable” al pueblo kurdo en el sudeste de Turquía.

El informe del Tribunal le pide que inicie negociaciones inmediatas con los kurdos, restablezca el Estado de derecho y se retire completamente del enclave, en su mayoría kurdo, de Afrin en Siria.

El informe del Tribunal se publicó el jueves en una sala de conferencias del Parlamento Europeo en Bruselas, en la que la eurodiputada británica Julie Ward dijo que mostraba a Erdogan librando una guerra “contra todos los aspectos de la cultura kurda”.

Philippe Texier, presidente del Tribunal y juez honorario del Tribunal de Casación de Francia, que también ha servido en la Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, anunció el veredicto diciendo que la “causa clave” del conflicto entre Turquía y los kurdos es “la negación de permitir que el pueblo kurdo ejerza su derecho a la autodeterminación”.

El Tribunal, conocido formalmente como el Tribunal Permanente de los Pueblos, fue fundado en Bolonia en 1979 como un foro para escuchar quejas contra países que no suscriben las convenciones de derechos humanos, como el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional. El panel estuvo compuesto por siete estimados jueces de varias naciones europeas, quienes fueron convocados por la Asociación Europea de Abogados para la Democracia y los Derechos Humanos en el Mundo y otras instituciones legales para una audiencia de dos días sobre Turquía y los kurdos.

Los días 15 y 16 de marzo de 2018 testificó en París sobre dos cargos específicos contra Turquía: que durante el período del 1 de junio de 2015 al 31 de enero de 2017 cometió crímenes de guerra contra el pueblo kurdo, bombardeando, derribando y disparando indiscriminadamente contra la población en varias ciudades del sureste de Turquía, incluyendo Diyarbakir; y que facilitó crímenes comunes como atentados con bombas, asesinatos selectivos y secuestros, tanto en suelo turco como en el extranjero, incluyendo el asesinato en 2013 de tres mujeres kurdas en París.

En el veredicto y las recomendaciones emitidas el jueves 24 de mayo, el Tribunal concluyó que el Estado turco era responsable de “negar el derecho a la autodeterminación de la identidad y presencia del pueblo kurdo, y la represión de su participación en la vida política, económica y cultural del país”.

Y lo que es más importante, declaró que la lucha kurda no es un tema “terrorista” como dice Erdogan, sino un “conflicto armado no internacional regido por el derecho internacional humanitario” y que, por lo tanto, no debería estar sujeto a la legislación antiterrorista. El Tribunal señaló que el movimiento kurdo ha intentado en repetidas ocasiones negociar una solución pacífica con Turquía y ha sido rechazado por Erdogan.

El informe contiene una serie de conclusiones y recomendaciones, entre ellas:

• Turquía debe poner fin inmediatamente a todas las operaciones militares llevadas a cabo por su ejército en Siria y debe retirar sus tropas dentro de sus fronteras nacionales.

• Turquía debe investigar y castigar a los responsables de crímenes de guerra en el sudeste de Turquía durante el período comprendido entre el 1 de junio de 2015 y el 31 de enero de 2017, según determine el Tribunal.

• Turquía debe restablecer el Estado de derecho, liberar a los magistrados y periodistas aún detenidos, restablecer la libertad de prensa, poner fin al estado de emergencia y aplicar plenamente el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

• Turquía debe reanudar de buena fe las negociaciones para una solución pacífica del conflicto, que interrumpió en octubre de 2014, y concluirlas en un plazo razonable.

• Debe concederse una amnistía por los crímenes cometidos por todas las partes durante el conflicto y todos los prisioneros políticos aún detenidos deben ser puestos en libertad.

Al anunciar el veredicto, el presidente del Tribunal señaló que el testimonio presentado durante el juicio mostraba pruebas claras de que “el derecho a la autodeterminación ha sido negado sistemáticamente al pueblo kurdo”, en contravención de los artículos 1 y 2 del Pacto Internacional de Derechos Sociales y del Pacto Internacional de Derechos Políticos. Turquía ha llevado a cabo operaciones de guerra diseñadas para forzar al pueblo kurdo a abandonar sus tierras de origen, dijo. Culpó directamente a Erdogan diciendo que “incitaba y legitimaba la violencia desproporcionada” contra el pueblo kurdo.

La eurodiputada Julie Ward reprendió a la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, por haberse reunido con Erdogan, diciendo que era “algo espantoso para nosotros ser testigos de ello, quienes defendemos los valores democráticos y la paz”. Dijo que May estaba ahora “tomada de la mano con algunos de los personajes más desagradables del mundo” e “inmersa en un descenso desenfrenado hacia un mundo que dice: comerciar a cualquier precio”, como resultado de la votación de Brexit.

“Tenemos que solidarizarnos con el pueblo kurdo que lucha contra uno de los regímenes más fascistas y racistas que tenemos actualmente en Europa”, dijo. Señaló que los kurdos han comenzado a implementar una nueva sociedad feminista, democrática y ambientalmente sensible en el área conocida como Rojava en el norte de Siria, e hizo una llamada a todos aquellos que apoyan los derechos de las mujeres y la protección del medio ambiente a presionar por los derechos del pueblo kurdo.

Los países de la UE deben reconocer que los “ataques de Erdogan se están realizando contra un nuevo sistema de valores democráticos, gobernabilidad y justicia social que se está practicando día a día en una zona de conflicto, lo cual es extraordinario”, dijo.

Simon Dubbins, Director Internacional de UNITE, el sindicato más grande de Gran Bretaña, con 1,4 millones de miembros, que también habló en el anuncio del veredicto, dijo que es un “acto criminal” que la comunidad internacional guardó silencio cuando Erdogan arrasó las comunidades kurdas del sudeste de Turquía en 2015 y 2016.

“No es exagerado decir que es un crimen aún mayor que la comunidad internacional haya permanecido en silencio mientras Erdogan en el norte de Siria ha invadido, ocupado y limpiado étnicamente lo que era una región pacífica” usando, además de las tropas turcas, una fuerza de “los mismos militantes de Estado Islámico (EI) de los que estamos tratando de deshacernos”.

Dubbins, cuyo sindicato también está pidiendo la liberación de Abdullah Öcalan, líder del proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), dijo que la liberación de Öcalan es más importante que nunca y sería el tema de una próxima convención a la que asistirán miles de miembros del sindicato.

Margaret Owen, MBE, abogada internacional de derechos humanos, que estuvo recientemente en Turquía para asistir al juicio de Selahattin Demirtaş, el líder kurdo encarcelado por Erdogan y ahora candidato a la presidencia desde su celda, dijo que los juicios en Turquía fueron “totalmente injustos, puramente políticos” y el resultado de “ficciones extraordinarias” basadas en acusaciones infundadas. Señaló que actualmente hay 70.000 estudiantes universitarios, muchos de ellos kurdos, en espera de juicio en prisiones que equivalen a “campos de concentración”.