Según un informe* publicado el martes por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las prórrogas rutinarias del estado de emergencia en Turquía han dado lugar a graves violaciones de los derechos humanos de cientos de miles de personas, desde la privación arbitraria del derecho al trabajo y a la libertad de circulación hasta la tortura y otros malos tratos, detenciones arbitrarias y violaciones del derecho a la libertad de asociación y expresión.
El informe, que abarca el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, advierte que el estado de emergencia ha facilitado el deterioro de la situación de los derechos humanos y la erosión del Estado de derecho en Turquía, y puede “tener implicaciones duraderas en el tejido institucional y socioeconómico de Turquía”.
Aunque la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reconoce los complejos desafíos a los que se ha enfrentado Turquía para hacer frente al intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016 y a una serie de ataques terroristas, el informe dice que “el número, la frecuencia y la falta de conexión de varios decretos [de emergencia] con cualquier amenaza nacional parecen… señalar el uso de poderes de emergencia para sofocar cualquier forma de crítica o disidencia contra el Gobierno”.
“Los números son asombrosos: casi 160.000 personas detenidas durante un estado de emergencia de 18 meses; 152.000 funcionarios despedidos, muchos de ellos de forma totalmente arbitraria; profesores, jueces y abogados despedidos o procesados; periodistas arrestados, medios de comunicación cerrados y sitios web bloqueados; claramente los sucesivos estados de emergencia declarados en Turquía han sido utilizados para restringir severa y arbitrariamente los derechos humanos de un gran número de personas”, dijo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Zeid Ra’ad Al Hussein.
“Una de las conclusiones más alarmantes del informe -añadió- es que las autoridades turcas han detenido a unas 100 mujeres embarazadas o que acababan de dar a luz, en su mayoría por ser ‘cómplices’ de sus maridos, sospechosas de estar relacionadas con organizaciones terroristas. Algunas fueron detenidas con sus hijos y otras fueron separadas violentamente de ellos. Esto es simplemente indignante, totalmente cruel, y seguramente no puede tener nada que ver con hacer el país más seguro.”
El informe cita el referéndum de abril de 2017 que extendió los poderes ejecutivos del presidente tanto a la legislatura como al poder judicial como seriamente problemático, lo que resultó en interferencia con el trabajo del poder judicial y reducción de la supervisión parlamentaria sobre el poder ejecutivo. A finales de 2017 se habían promulgado 22 decretos de emergencia (y otros dos desde la fecha de cierre del informe), muchos de los cuales regulaban cuestiones no relacionadas con el estado de emergencia y se utilizaban para limitar diversas actividades legítimas de los agentes de la sociedad civil. El informe señala que los decretos también fomentan la impunidad y otorgan inmunidad a las autoridades administrativas que actúan según los decretos.
El informe contiene relatos de varias personas que fueron despedidas de sus trabajos por tener supuestos vínculos con las redes gulenistas, por usar aplicaciones de mensajería específicas o por sus contactos en las redes sociales. “Los decretos se refieren en términos generales a ‘vínculo o conexión’ con ‘organizaciones terroristas’ sin describir la naturaleza de dichos vínculos, lo que otorga una amplia discreción de interpretación a las autoridades”, señala el informe, y agrega que hubo graves violaciones de las garantías procesales. “Muchas personas arrestadas… no fueron provistas con evidencia específica en su contra y no tenían conocimiento de investigaciones en su contra.”
En el informe también se documenta el uso de la tortura y los malos tratos durante la detención, incluidas las palizas graves, las amenazas de agresión sexual y agresión sexual real, las descargas eléctricas y el ahogamiento por parte de la policía, la gendarmería, la policía militar y las fuerzas de seguridad.
Los despedidos perdieron sus ingresos, sus prestaciones sociales, su seguro médico e incluso sus hogares, ya que varios decretos estipulan que los funcionarios públicos “serán desalojados de las casas de propiedad pública o de las casas propiedad de una fundación en la que vivan en un plazo de 15 días”.
“Dado que el propósito declarado del régimen de emergencia era restablecer el funcionamiento normal de las instituciones democráticas, no está claro cómo pueden contribuir a este objetivo medidas como el desalojo de las familias de los funcionarios públicos de las viviendas de propiedad pública”, señala el informe.
El informe también afirma que alrededor de 300 periodistas han sido arrestados debido a que sus publicaciones contenían “sentimientos apologistas sobre el terrorismo” u otros “delitos verbales” o por “ser miembro” de organizaciones terroristas.
Según se informa, en 2017 se bloquearon más de 100.000 sitios web, entre ellos un gran número de sitios web pro kurdos y canales de televisión por satélite.
El informe subraya que las medidas que limitan los derechos durante un estado de emergencia deben “limitarse en la medida estrictamente requerida por las exigencias de la situación, es decir, deben ser proporcionales y limitarse a lo que sea necesario, en términos de duración, cobertura geográfica y alcance material”.
En el informe se recomienda que Turquía ponga fin sin demora al estado de excepción, restablezca el funcionamiento normal de sus instituciones, revise y derogue toda la legislación que no se ajuste a las obligaciones internacionales de Turquía en materia de derechos humanos, incluidos los decretos de excepción. También hace hincapié en la necesidad de garantizar la realización de exámenes independientes e individualizados y la indemnización de las víctimas de detenciones y despidos arbitrarios.
En el informe también se señalan las continuas denuncias de violaciones de los derechos humanos específicas del sudeste de Turquía, lo que confirmaba las pautas de violaciones señaladas en el informe de marzo de 2017 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos** sobre la situación en la región. Esto incluía asesinatos, tortura, violencia contra la mujer, uso excesivo de la fuerza, destrucción de viviendas y patrimonio cultural, prevención del acceso a atención médica de emergencia, agua potable y medios de subsistencia, y severas restricciones del derecho a la libertad de expresión. Según el informe, Turquía no ha realizado sistemáticamente investigaciones penales fidedignas sobre las muertes de civiles ocurridas en el contexto de las operaciones de seguridad de 2015-2016 en el sudeste del país. Según el Ministerio de Defensa, entre julio de 2015 y junio de 2017, 10.657 “terroristas fueron neutralizados”. La falta de claridad sobre el significado de la palabra “neutralizado” es motivo de profunda preocupación, dijo el Alto Comisionado Zeid, haciendo un llamamiento a las autoridades para que proporcionen información detallada sobre la suerte de estas personas.
“Insto al Gobierno de Turquía a que se asegure de que se investiguen estas acusaciones de graves violaciones de los derechos humanos y de que los autores sean llevados ante la justicia”, dijo el Alto Comisionado. “Insto una vez más al Gobierno a que conceda a mi Oficina acceso pleno y sin trabas para que pueda evaluar de manera directa, independiente y objetiva la situación de los derechos humanos en el sudeste del país”.
El informe se basa en la información reunida y verificada mediante entrevistas con 104 víctimas, testigos y familiares de las víctimas; el análisis de la información del Gobierno; así como en documentos de código abierto, imágenes de satélite y material audiovisual, entre otros materiales pertinentes y fidedignos. El informe no es un relato exhaustivo de la situación de los derechos humanos en Turquía, sino que ilustra las pautas de las violaciones de los derechos humanos en el país. La confidencialidad de las fuentes está estrictamente protegida para evitar represalias.
*El informe completo puede consultarse aquí
**El informe de 2017 puede consultarse aquí
