«El funcionario buscó información sobre mi situación en el ordenador y me dijo que no podían reexpedirme un pasaporte porque mi pasaporte había sido cancelado por un decreto ley» dijo Savaş.
«Evidentemente, el levantamiento de mi prohibición de viajar no significa nada y el decreto ley nos condena a la muerte en Turquía», añadió.
El psicoterapeuta Savaş explicó que estaba buscando recibir inmunoterapia, que ayuda a fortalecer o restaurar la capacidad del sistema inmunológico para combatir el cáncer, en países como Estados Unidos o Japón.
Savaş dijo que los médicos le habían dicho que le quedaban 39 meses de vida, 30 de los cuales ya habían pasado.
«Parece que los 9 meses restantes se perderán intentando comunicarme con las autoridades turcas, convenciéndolas de que emitan un pasaporte», dijo.
Más de 130.000 funcionarios públicos fueron despedidos por decretos del gobierno durante dos años de estado de emergencia declarado tras el intento de golpe de Estado en julio de 2016. Muchos se enfrentaron a la prohibición de viajar. La represión del gobierno se centró principalmente en el movimiento Gülen, acusado de orquestar el fallido intento de golpe, pero también se extendió a otros grupos de la oposición.
