El Gobierno turco, dirigido por el presidente Recep Tayyip Erdogan ha detenido a 228.137 personas y ha despedido a 134.144 funcionarios públicos de sus puestos de trabajo bajo el estado de emergencia que fue declarado tras un controvertido intento de golpe de Estado el 15 de julio de 2016.
Durante esos dos años se promulgaron 32 decretos de estado de emergencia, conocidos como KHK, que también restituyeron el empleo a 3.981 personas.
Una encuesta realizada por un grupo de defensa de los derechos humanos turco en febrero ha demostrado que más de 1,2 millones de personas se vieron gravemente afectadas por la pérdida del estatus económico, sus propiedades o sus familias que se derrumbaron debido al estado de emergencia.
Según informó la agencia estatal de noticias Anadolu, se presentaron 283 casos penales en relación con el intento de golpe de Estado, 106 de los cuales habían concluido hasta el 23 de marzo de 2018. 805 acusados fueron sentenciados a prisión, 592 de los cuales recibieron cadena perpetua.
Se investigaron un total de 45.415 cuentas de redes sociales y se iniciaron acciones legales contra 17.089 usuarios de redes sociales acusados, entre otras cosas, de propagar y elogiar a una organización terrorista; declarar abiertamente sus relaciones con organizaciones terroristas; incitar al público a la enemistad y el odio; insultar a funcionarios del Estado; atentar contra la integridad indivisible del Estado y la seguridad de las personas; y practicar expresiones de odio.
Según el Ministerio del Interior, 845 personas que criticaron la Operación “Rama de Olivo” lanzada en Afrin, al norte de Siria, fueron detenidas.
Se cerraron un total de 2.271 instituciones educativas privadas. Se cancelaron las licencias de 21.860 ejecutivos, educadores, maestros, instructores especializados y demás personal y se introdujeron normas para impedir que las personas en cuestión obtuvieran licencias para trabajar en instituciones educativas privadas.
Se cerraron 47 centros médicos privados, 174 medios de comunicación, 1.414 organizaciones y asociaciones no gubernamentales, 145 fundaciones, 15 universidades privadas y 19 sindicatos, que eran miembros de dos confederaciones.
Se nombraron síndicos en 99 municipios, 94 de los cuales estaban gobernados por el Partido de las Regiones Democráticas (DBP), cuatro por el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) y uno por el Partido del Movimiento Nacionalista (MHP).
Según el informe de seguimiento de los medios de comunicación de Bianet, 100 periodistas fueron enviados a prisión tras el intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2017. La cifra era de 31 en 2016. El número de periodistas encarcelados llegó a 131 el 1 de enero de 2018. En este momento, 127 periodistas siguen en prisión.
En 2017, Turquía ocupaba el puesto 155 entre 180 países, lo que supone un descenso de cuatro puestos con respecto al año anterior en la clasificación mundial de la libertad de prensa elaborada por Reporteros sin Fronteras (RSF). En su informe, RSF declaró que Turquía había bajado 57 puestos en los últimos 12 años durante el gobierno del AKP.
En el “Índice del Estado de Derecho” elaborado desde 2008 por la Plataforma Mundial de Justicia, Turquía ocupa el puesto 99 entre 113 países en 2016; según los datos anunciados en febrero de 2018, Turquía cayó dos puestos y se situó en el 101º.
Turquía ocupa el puesto 149 entre 163 países en el Índice de Paz Global publicado anualmente por el Instituto de Economía y Paz con sede en Australia. Turquía ocupa el puesto 146 en 2016 y 138 en 2015.
