Tortura masiva

La tortura, el abuso y el maltrato de detenidos y presos en Turquía se ha convertido en la norma y no en la excepción bajo el represivo régimen del presidente Recep Tayyip Erdogan, quien ha prometido públicamente no mostrar misericordia hacia sus críticos, opositores y disidentes en el contexto de una persecución masiva que ha supuesto que más de 50.000 personas hayan acabado en la cárcel, en base a cargos inventados, tan sólo en los últimos diez meses.

La aplicación sistemática y deliberada de torturas y abusos por parte de oficiales, en centros de detención y cárceles, ha recibido el apoyo general del gobierno; las acusaciones sobre tales casos no son investigadas por los fiscales y, si se lanza alguna investigación, no se realiza de manera adecuada o exhaustiva. El gobierno del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) de Erdogan impulsó incluso un proyecto de ley en el Parlamento en 2016 para perpetuar la impunidad actual proporcionando protección legal a los servicios de seguridad involucrados en la lucha contra supuestos grupos terroristas.

La política de “tolerancia cero” hacia la tortura que el gobierno del AKP afirma que adoptó al llegar al poder en noviembre de 2002 ha sido ahora replanteada y transformada en plena tolerancia a la tortura, el abuso, el uso excesivo de la fuerza y el trato cruel contra críticos y opositores del gobierno, quienes son acorralados en masa a diario. El gobierno ya ha renovado el estado de emergencia tres veces desde que tuviera lugar el fallido intento de golpe de Estado en julio de 2016; ha eliminado salvaguardias cruciales para proteger a los detenidos del abuso y la tortura, y ha prolongado el período de detención, al tiempo que restringe los derechos al debido proceso, como el acceso de los detenidos a sus abogados.

El Centro de Estocolmo para la Libertad (SCF – Stockholm Center for Freedom) ha recibido numerosos y creíbles informes de torturas y abusos a manos de oficiales turcos que trabajan para las ramas de seguridad e inteligencia del gobierno. En algunos casos, la tortura ha resultado en la muerte de detenidos, mientras que, en otros, ha provocado graves complicaciones de salud y ha causado afecciones de por vida. El gobierno ha mantenido un gran número de víctimas en centros de detención no oficiales, como salas deportivas, establos y antiguos molinos, y ha negado o restringido sus derechos a ver a abogados y familiares.

Las decenas de casos citados en este informe son sólo la punta del iceberg en lo que el SCF cree que son colosales problemas de tortura continuada en Turquía. Son casos más que suficientes para verificar un patrón consistente, a juzgar por los testimonios de las propias víctimas en el tribunal o los relatos proporcionados por familiares y abogados. Los informes relativos a Turquía aportados por las Naciones Unidas y el Consejo de Europa, así como por grupos fiables de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, informan de casos similares de tortura e impunidad generalizada en Turquía.

Las prácticas de tortura denunciadas incluyen golpes, ahogamiento simulado, privación del sueño, mantenimiento en posiciones de estrés, violación, acoso sexual, abuso verbal y físico, denegación de alimentos y agua, limitación o denegación del acceso a medicamentos o servicios hospitalarios, registros sin ropa injustificados y otras formas de maltrato. El gobierno de Erdogan no solo viola flagrantemente los artículos constitucionales y los códigos penales de Turquía que prohíben la tortura y los malos tratos, sino que además incumple claramente sus obligaciones internacionales en virtud de las convenciones de derechos humanos. Las autoridades turcas deberían investigar de manera efectiva y sin demora cualquier denuncia de tortura, abuso y maltrato con el fin de evitar estas prácticas ilegales y la impunidad de los perpetradores.

Al mismo tiempo, el gobierno turco debe ser responsabilizado, denunciado y avergonzado a nivel mundial, y cualquier compromiso con Ankara debe aprovecharse para mejorar su terrible historial de derechos humanos.