[OPINIÓN] ¿Puede un caso interestatal ayudar a mejorar la situación de los derechos humanos en Turquía?


Ali Yildiz*

Desde el intento de golpe de Estado de 2016, el presidente Erdogan ha estado gobernando Turquía de una manera cada vez más autoritaria. A día de hoy, Turquía es el mayor carcelero de abogados, jueces y periodistas. Según Freedom House, Turquía ya no es un país libre y según el índice de Estado de Derecho del World Justice Project, Turquía ocupa el puesto 101 de 113 países indexados.

En virtud del estado de excepción, Turquía disolvió 4.100 entidades jurídicas con o sin ánimo de lucro, incluidas 1.412 asociaciones y 139 fundaciones, y transfirió sus activos al Tesoro Público sin ningún procedimiento judicial ni compensación. Además, el Gobierno turco se hizo con el control de más de 1.000 empresas por valor de más de 12.000 millones de euros y ha estado dirigiendo estas empresas a través de fideicomisarios nombrados por un organismo gubernamental (Fondo de Seguro de Depósitos de Ahorro).

En los últimos 30 meses, más de 150.000 funcionarios públicos fueron despedidos con los decretos ley sin ninguna investigación judicial o administrativa. Según una encuesta de la Arrested Lawyers Initiative, hay un aumento constante en el uso de las leyes antiterroristas por parte de los fiscales. Así, mientras que en 2013 fueron procesadas 8.324 personas en virtud del artículo 314 del Código Penal turco, en 2017 fueron procesadas 146.718 personas en virtud del mismo artículo. Las estadísticas destacan que Turquía ha acusado a 221.366 personas de ser miembro o líder de una organización terrorista armada en los últimos cinco años. Las estadísticas también indican que, en 2017, los fiscales turcos han abierto investigaciones contra 527.154 personas bajo sospecha de haber cometido delitos contra el orden constitucional.

El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado la violación de leyes de derechos humanos que no pueden suspenderse, como la prohibición de la tortura y los malos tratos, y el principio de no aplicar castigos retrospectivos. El 11 de diciembre de 2018, nueve medios de comunicación de ocho países revelaron las operaciones internacionales de secuestro de Turquía y sus “black sites” para torturar al pueblo disidente.

Como miembro del Consejo de Europa, Turquía ha hecho caso omiso de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y se ha negado a liberar a Selahattin Demirtas.

A pesar de todas estas graves violaciones sistemáticas de los derechos humanos, el Consejo de Europa (CdE), sus Estados miembros y los Demócratas Europeos se contentan con condenas tímidas. Lo que es peor, el CdE ha estado aplicando una política de apaciguamiento hacia Erdogan.

¿Son los Estados europeos prácticamente impotentes frente al Gobierno turco ante la soberanía del Estado?
Desde el Tratado de Westfalia (1648), los Estados gozan del principio de soberanía y, por lo tanto, tienen una autoridad casi absoluta en su territorio, salvo las prácticas que infringen las normas de jus cogens, los principios generales del derecho internacional y sus obligaciones derivadas de los tratados internacionales.

Turquía es miembro del Consejo de Europa y parte en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El artículo 33 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales estipula los casos interestatales y faculta a “cualquier Alta Parte Contratante para remitir al Tribunal cualquier presunta violación de las disposiciones del Convenio y de sus Protocolos por otra Alta Parte Contratante”.

Después del golpe militar de 1980 (en Turquía), Francia, Noruega, los Países Bajos, Dinamarca y Suecia presentaron casos separados contra Turquía ante la entonces Comisión Europea de Derechos Humanos, que es la predecesora del Tribunal. Cinco casos de los cinco miembros del Consejo de Europa se combinaron en un solo caso. Los Gobiernos solicitantes alegaron violaciones de la prohibición de la tortura, del derecho a la libertad, del derecho a un juicio justo y de la libertad de asociación y expresión.

Estas aplicaciones, aunque no son conocidas por los turcos, han tenido resultados positivos a lo largo de la historia. El caso, que terminó con una solución amistosa el 7 de diciembre de 1985, requirió 13 enmiendas legislativas (derogación del Decreto de la Junta Militar), y dos leyes de amnistía, una de las cuales se refería a castigos disciplinarios en 1985 y la otra a causas penales en 1988.

Hoy en día la situación en Turquía no es mejor que la de 1982, los diputados y alcaldes del tercer partido más grande de Turquía permanecen en la cárcel a pesar de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenaba la situación como una violación de la Convención. La tortura y los malos tratos están muy extendidos en el país y los líderes mafiosos progubernamentales piden armamento individual sin ninguna responsabilidad legal. La población de las cárceles turcas supera el 25% de su capacidad, que ya ha aumentado artificialmente.

Ya es hora de que los miembros del Consejo de Europa presenten una demanda interestatal contra Turquía. Tal aplicación está a favor tanto de los pueblos turcos como de los europeos, así como del Consejo de Europa y de la UE.

* Abogado turco.