Organizaciones de derechos humanos: “5.268 personas fueron torturadas bajo el estado de emergencia en Turquía”

Un total de 5.268 personas, incluidos 133 niños, fueron sometidas a tortura en prisiones turcas, bajo custodia policial, fuera de los centros de detención, durante manifestaciones bajo el estado de emergencia declarado tras un controvertido intento de golpe de Estado en Turquía el 15 de julio de 2016, según datos compartidos por organizaciones turcas de derechos humanos el martes.

La Asociación de Derechos Humanos (İHD, por sus siglas en turco), la Fundación de Derechos Humanos de Turquía (TİHV), Asociación Médica de Diyarbakir, Asociación de Iniciativas de Derechos y el Colegio de Abogados de Diyarbakir celebraron una conferencia de prensa en la oficina de TİHV en la provincia de Diyarbakir con motivo del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura.

Elif Turan, miembro de TİHV, dijo que 616 personas apelaron a TİHV en 2017 por haber sido sometidas a tortura o malos tratos y añadió que los incidentes de tortura y malos tratos han alcanzado recientemente un nivel nefasto. Turán destacó que al menos 1.809.000 personas fueron afectadas debido a los toques de queda implementados en el sureste entre el 16 de agosto de 2015 y el 1 de junio de 2018.

Turan declaró que İHD ha documentado que 5.268 personas, incluyendo 133 niños, fueron sometidas a tortura en prisiones, bajo custodia policial, fuera de los centros de detención, durante las manifestaciones y añadió: “Durante el estado de emergencia, estudiantes, periodistas y políticos fueron arrestados y los índices de ocupación en las prisiones han aumentado. Según los datos publicados por el Ministerio de Justicia de Turquía, el número de detenidos y condenados aumentó de 55.870 en 2005 a 232.179 en 2017. El hecho de que 467.673 personas estén en libertad condicional en abril de 2018 es otra señal del ambiente general en el país”.

Turan también dijo que en marzo de 2018 había 1.154 detenidos y convictos enfermos en prisión y que 401 de ellos están gravemente enfermos. Turán indicó que, según İHD, en 2017 y 2018 hubo 12 casos de secuestros y desapariciones forzadas, la mayoría en Ankara, y agregó que cuatro de esas personas han sido puestas en libertad, mientras que de ocho de ellas no hay noticias.

Las misteriosas desapariciones que involucran a grupos de la oposición ya victimizados se han convertido en algo común en Turquía tras el controvertido intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016.

Al menos 12 personas han sido secuestradas hasta ahora. Los secuestros en 11 casos tuvieron lugar en 2017, según un informe de la Asociación de Derechos Humanos (İHD) y la Fundación de Derechos Humanos de Turquía (TİHV).

Anteriormente, tres profesores, un abogado, un empleado de la universidad, dos funcionarios de agencias de inteligencia, un empleado de la Autoridad sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación de Turquía (BTK), un empleado de la Autoridad de Competencia y un ingeniero agrónomo habían sido secuestrados, mientras que uno de los profesores fue entregado por personas no identificadas a la policía después de 42 días. También, el 27 de enero de 2016 fue reportado el secuestro de Sunay Elmas, residente de Ankara.

Los desaparecidos tienen en común en su historia personal que perdieron sus empleos en medio de una represión radical que el Gobierno turco ha llevado a cabo contra sus críticos, particularmente los supuestos miembros del movimiento Gülen.

El director para Europa y Asia Central de Human Rights Watch, Hugh Williamson, en una misiva dirigida al ministro turco de Justicia enfatizó que “Hay motivos creíbles para creer que agentes del Gobierno secuestraron por la fuerza a las personas desaparecidas. Las autoridades turcas deben cumplir de inmediato su obligación de localizar a las personas desaparecidas, que pueden estar en grave peligro, garantizar su liberación y, si están bajo custodia, darles acceso inmediato a un abogado e informar a sus familias de su paradero”.

Según HRW, las similitudes entre los secuestros de personas desaparecidas y el hecho de que posteriormente se descubriera que una de ellas había sido detenida por la policía demuestran que las fuerzas de seguridad o los agentes del orden podrían desempeñar un papel en esos secuestros y “desapariciones forzadas”, es decir, el Estado detiene o restringe la libertad de una persona, pero se niega a reconocerlo y lo mantiene confidencial, privando a las personas de sus derechos legales.

HRW se refiere a los casos de Önder Asan, Turgut Çapan, Mustafa Özben y Cemil Koçak, todos los cuales fueron despedidos de sus puestos de trabajo en virtud de decretos del Gobierno del estado de emergencia, y describe las similitudes de los secuestros, como el de una furgoneta negra Volkswagen Transporter, en la que Asan, Özben y Koçak fueron agrupados en diferentes momentos, según informaron los testigos y lo demostró la cámara de seguridad.

“Las autoridades turcas deberían demostrar urgentemente su compromiso de mantener la prohibición absoluta de las desapariciones forzadas y garantizar una investigación rápida y eficaz de las fuerzas de seguridad, los servicios de inteligencia y todos los demás funcionarios públicos que presuntamente han privado ilegalmente de libertad a personas y las han torturado o maltratado de otro modo”, ha declarado HRW.