por Ramazan Güveli*
El Gobierno turco, dirigido por el presidente Recep Tayyip Erdogan, está librando una guerra despiadada contra el movimiento Gülen o Hizmet en todos los frentes posibles. Desde el fallido golpe de 2016, más de 160.000 funcionarios han sido despedidos y 60.000 personas han sido encarceladas, de las cuales al menos 17.000 son mujeres, y hay más de 700 niños encarcelados. La última víctima de esta temeraria represión es Halime Gülsu, una profesora de 34 años de edad arrestada en febrero por supuestamente ayudar al movimiento Gülen, quien murió en prisión la semana pasada, ya que no se le permitió tomar sus medicamentos.
El presidente Erdogan y sus ministros anuncian con orgullo que 83 personas afiliadas a Hizmet han sido secuestradas en el extranjero y llevadas a Turquía. Los últimos secuestros ocurrieron en Kosovo y Gabón, y el caso de Kosovo fue condenado rotundamente por la Unión Europea.
Erdogan, quien calificó al intento de golpe del 15 de julio “un regalo de Dios”, declaró al movimiento Gülen el único responsable del golpe sin presentar ninguna prueba convincente. Las pruebas presentadas a la UE todavía no han convencido a ningún miembro, razón por la cual los Estados de la UE se han resistido a las innumerables iniciativas del Gobierno turco para declarar al movimiento Gülen una organización terrorista.
A pesar de la acusación de “terrorista” de Erdogan, al Occidente le importan las acciones y pruebas concretas más que a las palabras. Los participantes del movimiento Hizmet no han estado involucrados en un solo incidente violento a lo largo de los 50 años de historia del movimiento. De hecho, Fethullah Gülen condenó inmediatamente el golpe y pidió repetidamente una comisión internacional que lo investigara. Gülen también escribió a New York Times que “Si alguien que aparenta ser simpatizante de Hizmet ha estado involucrado en un intento de golpe de Estado, traiciona mis ideales”.
En una entrevista con EURACTIV, el embajador turco en la UE tergiversó de forma chocante los hechos presentados en el informe de la Comisión Europea sobre los progresos realizados por Turquía, publicado el 17 de abril. El embajador da a los lectores la impresión de que la UE se ha referido al movimiento Gülen como “FETÖ”, acrónimo utilizado por el Gobierno turco para designar a la “Organización Terrorista de Fethullah”, y que el grupo está ahora clasificado como organización terrorista.
La aseveración fue hecha por los medios de comunicación progubernamentales varios días antes de la publicación del informe y fue negada rotundamente por la Comisión. Cuando el informe se hizo oficialmente público, estaba claro que no había ni una sola referencia al movimiento con el término peyorativo “FETÖ”. Para decepción del Gobierno turco y aparentemente del embajador, la UE se negó a llamar terrorista al movimiento Gülen a pesar de todo el arduo trabajo del diplomático turco en Bruselas. El informe deja muy claro que la Comisión no está convencida en absoluto de que el movimiento Gülen sea terrorista, mientras que está convencida de que Turquía con Erdogan está dando grandes pasos atrás, alejándose de las normas de la UE.
El informe de la Comisión elogia los esfuerzos de Turquía en el ámbito de la migración en relación con la UE y su crecimiento económico. En comparación con los informes anteriores, parece que se ha redactado con más tacto para facilitar las reacciones de Ankara sobre determinadas cuestiones. Sin embargo, el Informe de Progreso de este año, que muchos llaman “el informe de regresión”, destaca acertadamente el grave retroceso de Turquía en la mayoría de los ámbitos de la democracia. El “retroceso” es, de hecho, una de las palabras que se repiten con más frecuencia a lo largo del informe. Destaca audazmente que se ha observado un “grave retroceso en el Estado de Derecho, las libertades fundamentales y la libertad de expresión”. El informe también insta a Turquía a “levantar el estado de emergencia sin demora”. Además, establece que “en las circunstancias actuales, no se considera la apertura de nuevos capítulos”. Esto significa prácticamente la “suspensión de facto” de las conversaciones de adhesión, lo que no es una buena noticia para el difícil camino de Turquía hacia la adhesión. Como ha dicho el comisario Hahn, Turquía necesita “invertir esta tendencia negativa en el Estado de Derecho y las libertades fundamentales” y adoptar medidas positivas para cumplir los principios de la UE.
A pesar de los intentos de chantaje de Ankara, los participantes de Hizmet continuarán con su buen trabajo y continuarán contribuyendo a sus comunidades locales y teniendo un impacto positivo en Europa. Si son educadores continuarán proporcionando la mejor educación a sus estudiantes, si son periodistas, continuarán apegándose a los principios de la prensa libre, y si están involucrados en cualquier actividad caritativa, se esforzarán por llegar a todos los que lo necesiten.
* Ramazan Güveli es director de Intercultural Dialogue Platform de Bruselas.
