por Ugur Tok*
La semana pasada asistí a la 37º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos que se está celebrando en Ginebra como el acontecimiento más importante del año en materia de derechos humanos entre el 26 de febrero y el 23 de marzo de 2018. Muchos diplomáticos, periodistas y defensores de derechos humanos se unen a los eventos para intercambiar opiniones e información sobre los recientes acontecimientos que implican derechos de individuos y grupos en todo el mundo.
El Gobierno turco es duramente criticado por muchas violaciones, entre ellas la tortura generalizada, el estado de emergencia duradero, las detenciones arbitrarias, las condiciones inhumanas en las cárceles y las detenciones ilegales de periodistas y defensores de los derechos humanos. Los representantes del Gobierno intentaron responder a las acusaciones, pero su esfuerzo distaba mucho de ser convincente.
Así pues, casi toda la comunidad internacional está de acuerdo en que existe una persecución en Turquía. Sin embargo, la misma comunidad internacional todavía no está dispuesta a ejercer suficiente presión sobre el Gobierno para que ponga fin a la persecución en curso y tome las medidas necesarias para reparar lo que ya ha destruido tras el fallido golpe de Estado. Por ejemplo, los relatores especiales de la ONU han publicado informes detallados sobre las violaciones cometidas por el Gobierno turco en el país. Por esa razón, se esperaba que la ONU garantizara la seguridad de los ciudadanos turcos que buscan refugio bajo la protección de la ONU fuera de Turquía. Sin embargo, la ONU no puede impedir que las personas que están bajo su protección sean secuestradas por las personas que trabajan con el Gobierno turco, ni tampoco puede seguir el caso y llamar al gobierno turco para que libere a las víctimas y castigue a los perpetradores. Además, la ONU no puede imponer el alto el fuego en Siria a Turquía, que fue declarado por una resolución adoptada el 25 de febrero de 2018 en el Consejo de Seguridad. El gobierno turco no reconoce el alto el fuego y avanza su ejército hacia África. El presidente Erdogan dijo: “¡Maldito sea vuestro alto el fuego!” culpando a la comunidad internacional por apoyar a los terroristas.
La misma falta de voluntad puede observarse en el Consejo de Europa. Al no instar a Turquía a respetar los principios fundadores del Consejo -el Estado de derecho, los derechos humanos y la democracia-, el CdE desempeñó un papel importante en la creación de más y más víctimas bajo el gobierno opresivo del país. Los órganos pertinentes del Consejo, entre ellos la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y la Comisión de Venecia, junto con el Comisionado de Derechos Humanos, han alzado repetidamente su voz en contra de las medidas adoptadas por el Gobierno. Sin embargo, el CdE y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que supuestamente debe ser independiente y no estar políticamente motivado, ha decepcionado a las víctimas de la purga no sólo negociando con el Gobierno, sino también asesorándolo sobre cómo derrotar sus obligaciones derivadas del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Imagínese que el Consejo de Europa es una de las instituciones más poderosas del mundo en el ámbito del Estado de derecho, pero su secretario general no pudo pronunciar ni una sola palabra durante su visita de dos días a Ankara sobre la infame condena a cadena perpetua agravada impuesta a Altan Brothers y Nazli Ilicak.
Otro enfoque escandaloso es el del TEDH, que implica a cientos de miles de personas en Turquía. El Tribunal dictaminó el año pasado que los funcionarios públicos despedidos deberían primero agotar los recursos internos de la infame Comisión de Investigación del Estado de Emergencia de Turquía. Dicha comisión ha sido criticada por muchos, entre ellos académicos como Kerem Altiparmak, un prominente profesor de Derecho y defensor de los derechos humanos, miembro del Parlamento Europeo y defensores de los derechos humanos, por ser ineficaz e imparcial. Casi un año después de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Comisión sólo ha examinado 6.400 expedientes de 107.000 según las cifras oficiales. Peor aún es que sólo restableció 100 de ellos a sus trabajos. Ya está demostrado que es ineficaz e injusto. Además, la voz del Tribunal es muy débil frente a la situación de los periodistas encarcelados. Actualmente hay 156 periodistas encarcelados en Turquía. El tribunal ha dado prioridad a algunos de ellos para apaciguar al público internacional. Los demás periodistas, uno de los cuales ya ha sido rechazado, no parecen figurar en el orden del día a corto plazo de la Corte.
El Parlamento Europeo, por otra parte, parece que no puede decidir cómo gestionar su relación con Turquía. En sus resoluciones, el Parlamento Europeo expresó su preocupación por la abolición del Estado de derecho y las graves violaciones de los derechos humanos, pero una vez más el Parlamento Europeo toma medidas tácticas y de motivación política. Por ejemplo, Kati Piri, la relatora para Turquía, dijo que 150.000 personas perseguidas, entre ellas el filántropo Osman Kavala, el conocido periodista Ahmet Sik y el líder del pro kurdo HDP Selahattin Demirtas, no deberían ser dejados solos por Europa. Muchos parlamentarios se esfuerzan por garantizar la libertad de las personas perseguidas, pero el esfuerzo de la dirección del PE no está en la misma línea. Federica Mogherini, alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y varios eurócratas están trabajando en la renovación del Acuerdo de Unión Aduanera con Turquía, que aliviará económicamente a Erdogan de la presión del reciente declive económico.
Aparentemente, la comunidad internacional cometerá tales errores hasta que sepa que la política de apaciguamiento no funcionará con el actual Gobierno turco. El chantaje con los refugiados, la crisis siria o las minorías turcas/musulmanas en Europa siempre hará sentir a Erdogan que Europa tendrá que llevarse bien con él, independientemente de sus voces contra las prácticas ilegales de su gobierno.
* El Dr. Ugur Tok es el director de Platform for Peace and Justice, establecida en Bruselas, que aboga por los derechos humanos y la libertad de expresión en Turquía.
