Tres asociaciones de Derecho internacional presentaron una propuesta al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los jueces y abogados e instan a las Naciones Unidas a entablar un diálogo urgente con el Gobierno turco con miras a poner fin a la persecución y el enjuiciamiento de los profesionales del Derecho en el país.
Un informe de 34 páginas escrito por Kirsty Brimelow QC, Stephen Cragg QC, Tony Fisher, Roberta Taveri y la iniciativa de The Arrested Lawyers.
El informe titulado “International Law Breaches Concerning the Independence of Legal Profession in Turkey” (Violaciones del Derecho Internacional sobre la independencia de la profesión jurídica en Turquía) fue presentado el 25 de septiembre en Ginebra al Sr. Diego García-Sayán, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados por el Comité de Derechos Humanos del Colegio de los Abogados de Inglaterra y Gales (BHRC), el Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados (IBAHRI) y la Law Society of England and Wales.
Las asociaciones de Derecho internacional solicitaron a García-Sayán de la ONU que entablara un diálogo urgente con las autoridades turcas con el fin de poner fin a la persecución y el enjuiciamiento de los profesionales del Derecho en el país, afirmando que la situación, ya de por sí grave, está empeorando en Turquía.
Las asociaciones de Derecho internacional también han instado a la ONU a enviar una comunicación al Gobierno turco “para tratar de garantizar la independencia del poder judicial y de los servicios de la fiscalía, de acuerdo con los Principios Básicos de la ONU sobre la Independencia del Poder Judicial y las Directrices de la ONU sobre el papel de los Fiscales”.
En el informe se dice que «581 abogados han sido detenidos, 1.542 procesados y 168 condenados. Además, algunos de los abogados detenidos en Turquía desde 2016 se enfrentan a una enorme presión y, en algunos casos, se ven obligados a testificar contra sus clientes, violando el principio de confidencialidad entre abogado y cliente.
También se afirma que, desde 2010, las sucesivas reformas legislativas y constitucionales han debilitado considerablemente el Estado de Derecho en Turquía al socavar la independencia de los jueces y fiscales. Los nuevos poderes adquiridos permiten al gobierno interferir con el poder judicial y los servicios de la fiscalía mediante el nombramiento de los que el gobierno mantiene a su favor para ocupar cargos judiciales clave y para otras instituciones, mediante la reasignación y el despido de otros y mediante la detención y el enjuiciamiento de miles de abogados, jueces, fiscales y personal de los tribunales.
“Estas medidas socavan gravemente la independencia del poder judicial y de la fiscalía y contravienen los Principios Básicos sobre la independencia de la Judicatura de las Naciones Unidas (especialmente los Principios 1, 2, 4, 8, 18 y 20), así como las directrices de las Naciones Unidas sobre la función de los fiscales (especialmente los Principios 2(a), 4, 8, 21 y 22)”, dice el informe.
Recordando que los ciudadanos turcos presentaron más de 90.200 peticiones al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2017, pero más de 25.000 de ellas fueron desestimadas sumariamente por ser “manifiestamente infundadas” por el tribunal, ya que no se habían agotado los recursos internos, el informe afirma que “aunque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha remitido al Gobierno turco algunos casos en los que están implicados políticos y periodistas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos todavía no ha llegado a ninguna conclusión sustantiva en el sentido de que el derecho de petición individual al Tribunal Constitucional es ineficaz”.
Algunas recomendaciones que figuran en el informe:
* Modificar las disposiciones legislativas y constitucionales que permiten al Gobierno turco nombrar a un gran número de miembros del Consejo de Jueces y Fiscales, y del Tribunal Constitucional;
* Garantizar que todos los recursos contra las decisiones de despido sean examinados en una audiencia justa y pública en un plazo razonable por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el párrafo 1 del artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales;
* En lo que respecta a todas las solicitudes de despido examinadas por la Comisión de Investigación sobre el estado de emergencia, velar por que la mayoría de los miembros de la Comisión sean independientes e imparciales; no sean nombrados por el ejecutivo; que los solicitantes tengan acceso a los expedientes de los casos y a los motivos de los despidos; que los solicitantes puedan presentar pruebas y recusar las pruebas presentadas en su contra; que las decisiones de la Comisión estén motivadas, se hagan públicas y se notifiquen directamente a los solicitantes, sobre la base de las pruebas presentadas por ambas partes, y que la Comisión cuente con los recursos necesarios para hacer frente a su atraso a la mayor brevedad posible;
* Garantizar que los abogados puedan desempeñar eficazmente sus funciones profesionales de conformidad con las garantías previstas en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los Principios básicos de las Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados y los artículos 5 y 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales;
* Derogar la legislación que promulga decretos de emergencia que afectan el privilegio profesional legal, el acceso a un abogado de su elección, y que extienden los períodos de detención sin tener acceso a un abogado, y eliminar cualquier obstáculo práctico;
* Enmendar la legislación antiterrorista (incluido el nuevo proyecto de ley antiterrorista aprobado el 25 de julio de 2018) y las disposiciones del Código Penal recomendadas por el Consejo de Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Unión Europea.
* Asegurar que los abogados no se identifiquen con las causas de sus clientes y que puedan desempeñar sus funciones sin intimidación, obstáculos, acoso o improcedencia, de conformidad con los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados;
* Poner fin de inmediato a la detención, el procesamiento y la prisión arbitrarios y sistemáticos de abogados, retirar los cargos contra los acusados arbitrariamente y poner en libertad a los detenidos, a menos que se presenten pruebas creíbles en procedimientos que cumplan con las normas internacionales sobre juicios justos;
* Garantizar la investigación independiente y rápida y el enjuiciamiento de todos los casos de tortura y malos tratos a abogados cometidos por agentes del orden, de conformidad con las normas internacionales aplicables;
* Poner fin de inmediato a la injerencia y a la persecución sistemática de los colegios de abogados y las asociaciones de abogados, así como a la detención y el enjuiciamiento arbitrarios de sus miembros; y
* Asegurar que los abogados tengan derecho a formar y unirse a asociaciones profesionales independientes y autónomas, tal como se protege en el Principio 24 de los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados.
En una declaración relativa a la comunicación conjunta, “Las medidas draconianas introducidas durante el estado de emergencia en Turquía se han incorporado ahora al marco jurídico permanente del país, ampliando los poderes del presidente y restringiendo el acceso a la justicia para los ciudadanos de a pie. El Estado de Derecho y una profesión jurídica independiente del gobierno son las piedras angulares de una democracia sana en la que los ciudadanos tienen acceso a la justicia, el poder puede rendir cuentas y los abogados pueden ejercer sin obstáculos ni intimidaciones”, dijo Christina Blacklaws, presidenta de la Law Society of England and Wales.
Descargar el informe completo en inglés
