Cerca de una quinta parte de la población carcelaria total de Turquía ha sido acusada o condenada por delitos de terrorismo, dijo Human Rights Watch (HRW) en un informe publicado el jueves.
Si bien se detallan las violaciones multidimensionales de los derechos humanos en Turquía en el año 2018, el informe de HRW ofrece cifras sorprendentes sobre el uso generalizado de cargos de terrorismo y el encarcelamiento de personas sin las debidas garantías procesales. El informe cita cifras del Ministerio de Justicia de junio de 2018, que indican que 48.924 de una población carcelaria total de 246.426 personas habían sido acusadas o condenadas por delitos de terrorismo. En el informe se subraya que entre los enjuiciados y condenados había periodistas, funcionarios públicos, maestros y políticos, así como agentes de policía y personal militar.
En el informe de HRW se desglosa además la población carcelaria acusada de terrorismo: De las 48.924 personas encarceladas por cargos de terrorismo, 34.241 fueron detenidas por supuestos vínculos con el movimiento Gülen, 10.286 por supuestos vínculos con el proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y 1.270 por supuestos vínculos con el Estado Islámico.
Junto con otras organizaciones de derechos humanos, HRW también señala que en 2018 Turquía seguía siendo el líder mundial en el encarcelamiento de periodistas. Se estima que 175 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación se encontraban en detención preventiva o cumpliendo condenas por delitos de terrorismo en el momento de redactar el presente informe. Cientos más están siendo juzgados, pero están en libertad, según el informe.
Además, incluso los defensores de los derechos humanos se encontraban entre los más de 1.500 abogados que estaban siendo juzgados por cargos de terrorismo en el momento de redactar el presente informe, afirmó HRW. Según el grupo de defensa de los derechos humanos, sus casos “subrayan la dramática erosión de los derechos de los acusados y el debido proceso en Turquía”.
El presidente de HRW, Kenneth Roth, anunció el informe en Twitter el miércoles, citando al presidente turco Recep Tayyip Erdogan como uno de los autócratas en ascenso. Según el informe de HRW, las elecciones de junio de 2018, que convirtieron a Erdogan en el presidente ejecutivo del país, tuvieron lugar bajo un estado de emergencia impuesto tras un intento de golpe de Estado en julio de 2016 y en un clima de censura de los medios de comunicación y represión de los supuestos enemigos y críticos del gobierno que persistió durante todo el año, con muchos periodistas, así como parlamentarios y el candidato presidencial de la oposición pro kurda en prisión.
Según HRW, el estado de emergencia de dos años expiró oficialmente en julio, pero fue sustituido por una nueva legislación antiterrorista, aprobada por el Parlamento en agosto.
La legislación contiene muchas medidas similares a los poderes extraordinarios de los que disfrutaban las autoridades bajo el estado de emergencia.
Dirigiendo la atención a una purga continua de la burocracia, el informe de HRW dice que una comisión que revisa el despido de más de 130.000 funcionarios públicos ha emitido decisiones en 36.000 casos, con 2.300 reincorporados a sus puestos de trabajo o medidas similares de reparación, y al menos otros 88.660 recursos de revisión.
Entretanto, HRW consideró que las continuas denuncias de tortura, malos tratos y tratos crueles, inhumanos o degradantes durante la detención policial y la prisión, así como la falta de una investigación significativa de los mismos, eran motivo de “profunda preocupación”.
Turquía considera al movimiento Gülen como una organización terrorista y responsable del intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016, aunque el movimiento niega rotundamente cualquier implicación.
En el informe de HRW también se menciona el secuestro de simpatizantes del movimiento en el extranjero. “Sin respetar las debidas garantías procesales, los servicios de seguridad de países como Kosovo y Moldavia cooperaron con agentes turcos durante el año para detener y trasladar a ciudadanos turcos a Turquía, donde fueron detenidos y procesados”, dice el informe.
HRW también citó la represión en curso contra el movimiento político kurdo en el país. El Gobierno turco continuó aplicando medidas represivas contra parlamentarios electos, alcaldes y municipios de partidos pro kurdos, aunque el Partido Democrático de los Pueblos (HDP, por sus siglas en turco) obtuvo 67 escaños parlamentarios (11,9 por ciento de los votos) en las elecciones de junio, subraya el informe de HRW.
