El Gobierno turco ha procesado a 1.539 abogados, arrestado a 580 y sentenciado a 103 a largas penas de prisión desde un controvertido intento de golpe militar el 15 de julio de 2016, según un informe publicado el martes por The Arrested Lawyers Initiative.
El informe, titulado “Incarceration of Turkish Lawyers: En Masse Arrests and Convictions (2016-2018)” (Encarcelamiento de abogados turcos: arrestos y condenas en masa), ha revelado que todos los abogados perseguidos están siendo acusados de delitos relacionados con el terrorismo. Las dos principales acusaciones dirigidas contra ellos han sido la pertenencia a una organización terrorista armada y la formación y dirección de una organización terrorista armada.
Afirmando que el artículo 314 del Código Penal turco (TCK, por sus siglas en turco) tipifica como delito la creación y la dirección de una organización armada (artículo 314/1), así como la pertenencia a una organización armada (artículo 314/2), el informe subraya que el TCK exige de 7,5 a 22,5 años de prisión para quienes presuntamente hayan cometido cualquiera de estos dos delitos.
“El TCK no contiene una definición de organización armada o grupo armado”, dice el informe, y agrega que “la falta de definiciones y criterios legales de la organización terrorista armada y el delito de pertenencia a la organización terrorista armada lo hacen propensa a la aplicación arbitraria. La formulación vaga de las disposiciones penales sobre la seguridad del Estado y el terrorismo y su interpretación demasiado amplia por parte de los jueces y fiscales turcos convierten a todos los abogados y otros defensores de los derechos humanos en posibles víctimas de acoso judicial”.
El informe subrayó que “[esta] área difusa bajo el TCK es utilizada activamente por el Gobierno turco para investigar, procesar y condenar a los opositores. Como se ha convertido en una práctica común después del intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016, 402.000 personas han sido investigadas, procesadas y/o condenadas por los presuntos delitos de terrorismo estipulados en el artículo 314 del TCK”.
Afirmando que los abogados han sido particularmente atacados debido a la identidad o afinidad de sus clientes, el informe recordaba que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) “ha observado una tendencia de persecución de abogados que representan a individuos acusados de delitos de terrorismo, cuando están asociados con las opiniones políticas de sus clientes (o presuntas opiniones políticas) en el desempeño de sus funciones profesionales y, en consecuencia, son procesados por los mismos u otros delitos conexos de los que se acusa a sus clientes.”
“Los esfuerzos y la cooperación de las organizaciones internacionales son fundamentales para ejercer presión sobre Turquía a fin de que respete los derechos humanos universales y adapte su legislación penal a las normas especificadas en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH) y aceptables para la Comisión Europea y la Unión Europea”, señaló el informe.
También añadió que los esfuerzos unificados de los colegios de abogados y otras organizaciones jurídicas de los países europeos son absolutamente cruciales para que las autoridades turcas dejen de criminalizar a los abogados turcos.
“Los abogados y defensores de los derechos humanos detenidos, que tienen que sufrir un trato inhumano a manos de funcionarios turcos, necesitan desesperadamente tales acciones por parte de las organizaciones europeas. Cualquier esfuerzo en apoyo de los abogados detenidos, los defensores de los derechos humanos y otras víctimas de las acciones ilegales del Gobierno turco es muy apreciado”, dice el informe.
Turquía sufrió un controvertido intento de golpe militar el 15 de julio de 2016 en el que 249 personas perdieron su vida. Inmediatamente después del golpe de Estado, el gobierno del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) junto con el presidente Erdogan culpó al movimiento de Gülen.
Gülen, quien inspiró al movimiento, negó enérgicamente tener ningún rol en el golpe fallido y pidió una investigación internacional sobre él, pero el presidente Erdogan llamando al intento de golpe “un regalo de Dios” y el gobierno iniciaron una amplia purga para limpiar a los simpatizantes del movimiento de las instituciones estatales, deshumanizando a sus figuras populares y poniéndolas bajo custodia.
Turquía ha suspendido o despedido a más de 150.000 jueces, profesores, policías y funcionarios públicos desde el 15 de julio de 2016. El ministro del Interior turco anunció el 12 de diciembre de 2017 que 55.665 personas han sido detenidas. Anteriormente, el 13 de diciembre de 2017, el Ministerio de Justicia anunció que 169.013 personas han sido procesadas por cargos relacionados con el golpe de Estado.
“Un total de 48.305 personas fueron detenidas por tribunales de Turquía en 2017 por sus presuntos vínculos con el movimiento Gülen”, dijo el 5 de enero de 2018 el ministro del Interior turco Süleyman Soylu. “El número de detenciones es casi tres veces mayor”, dijo Soylu en una reunión de seguridad en Estambul y afirmó que “ni siquiera estas cifras son suficientes para revelar la gravedad del asunto”.
