La Fundación de Periodistas y Escritores (JWF, por sus siglas en inglés), con sede en Nueva York, ha pedido a la comunidad internacional que inste al Gobierno turco a derogar las actuales leyes antiterroristas del país, de las que, según ha dicho, el Gobierno turco ha abusado en la represión del movimiento Gülen, o Hizmet, en los últimos años.
En un nuevo informe titulado “Leyes antiterroristas del Gobierno turco”, la JWF explica cómo la actual represión del movimiento Gülen por parte del gobierno ha ido de mal en peor desde el fallido intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016.
El Gobierno turco acusa al movimiento Gülen de ser el autor intelectual del fallido intento de golpe y lo califica de “organización terrorista”, aunque el movimiento niega rotundamente su participación en el intento de golpe o en cualquier actividad terrorista.
En Turquía, cientos de personas han sido detenidas o arrestadas cada semana desde julio de 2016 por ser presuntos miembros o simpatizantes del movimiento Gülen.
Según datos oficiales recientes del Ministerio de Justicia, al menos 612.347 personas (155.014 en 2016 y 457.423 en 2017) fueron investigadas por acusaciones de “fundar, dirigir o ser miembro de grupos terroristas”, según se define en el artículo 314 del Código Penal turco (TCK, por sus siglas en turco). Muchos de los detenidos han sido acusados de pertenecer al movimiento Hizmet, mientras que algunos han sido acusados de tener vínculos con el proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). Según datos recientes recopilados por el Stockholm Center for Freedom (SCF), desde el intento de golpe el gobierno ha arrestado a unos 88.000 presuntos miembros/simpatizantes del movimiento Hizmet, según el informe de la JWF.
Enumerando los criterios utilizados por el Gobierno turco para conectar a alguien con el movimiento Gülen, como depositar dinero en el Bank Asya (un banco que operó legalmente hasta que fue confiscado y cerrado por el gobierno en 2016), ser miembro de sindicatos o asociaciones relacionados con Hizmet, utilizar aplicaciones de móviles encriptadas como ByLock, hacer donaciones a Kimse Yok Mu, la organización de ayuda más grande de Turquía, el informe dice que utilizando uno o más de estos “criterios”, desde el intento de golpe hasta finales de diciembre de 2017, 159.506 personas habían sido arrestadas por golpismo, incluyendo a unos 300 periodistas. Además, se cerraron permanentemente 1.719 organizaciones y unos 166 medios de comunicación fueron cerrados, entre ellos editoriales, periódicos y revistas, agencias de noticias y canales de televisión y radio.
Incluso antes del intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016, la legislación mal definida o vaga adoptada en Turquía tenía por objeto prohibir arbitrariamente las organizaciones y frenar actividades que de otro modo serían legítimas, así como atacar a periodistas, defensores de los derechos humanos, miembros de minorías, miembros de la oposición política u otras personas, según el informe.
Teniendo en cuenta esto, la JWF dijo que las leyes antiterroristas altamente abusivas en Turquía han privado arbitrariamente de su libertad a cientos de miles de ciudadanos respetuosos de la ley y han puesto a muchos más en grave peligro legal por una serie de cargos graves relacionados con el “terrorismo”.
La JWF urge a las Naciones Unidas, al Consejo de Europa, a la Unión Europea y a otros mecanismos internacionales y regionales para que insten al gobierno de Turquía a revisar y derogar inmediatamente todas las disposiciones antiterroristas de la legislación nacional que sean incompatibles con las normas pertinentes y el principio de legalidad, a fin de garantizar que la legislación nacional contra el terrorismo se limite a la lucha contra el terrorismo, tal como se define de manera adecuada y precisa sobre la base de las disposiciones reflejadas en los instrumentos internacionales de lucha contra el terrorismo, con estricta observancia del principio de legalidad; respetar el principio de legalidad en la elaboración de leyes antiterroristas y/o en la modificación de la legislación vigente; liberar inmediatamente a decenas de miles de víctimas privadas arbitrariamente de su libertad debido a los vínculos percibidos con el movimiento Hizmet; garantizar el derecho exigible de las víctimas privadas arbitrariamente de su libertad a recibir una indemnización y otras reparaciones, incluido el impacto en su integridad física y psicológica.
Descargar el informe completo (inglés)
