Tras dos años de rápido deterioro de la situación de los derechos humanos, el estado de emergencia en Turquía terminó finalmente el 18 de julio de 2018. Sin embargo, esta noticia tan esperada y bienvenida no fue acompañada de medidas concretas para normalizar la situación de los derechos humanos en el país. En cambio, muchas de las medidas introducidas durante el estado de emergencia siguen vigentes en la actualidad y siguen teniendo un efecto profundo y devastador en la vida pública de Turquía.
El estado de emergencia se utilizó para consolidar los poderes gubernamentales draconianos a fin de silenciar las voces críticas y despojar a la población de sus derechos y libertades fundamentales. Lejos de ser revertidas, muchas de estas medidas han continuado sin disminuir desde el final del estado de emergencia.
Desde el 18 de julio de 2018, las autoridades turcas han seguido atacando a diferentes grupos de la sociedad con arreglo a diversas disposiciones a fin de reprimir la disidencia y mantener un clima de temor. Los defensores de los derechos humanos y los representantes sindicales han sido acorralados en sucesivas oleadas de detenciones. El Gobierno turco ha introducido en el derecho común procedimientos de despido similares a los que utilizó durante el estado de emergencia para despedir a más de 130.000 trabajadores del sector público y ha introducido suspensiones para los médicos recién titulados que no superan los controles de seguridad opacos. Hasta 123 periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación permanecen en prisión, mientras que muchos estudiantes universitarios están siendo juzgados por cargos relacionados con el terrorismo por limitarse a expresar opiniones disidentes o participar en protestas pacíficas.
El costo para los derechos humanos del estado de emergencia ha sido enorme y las consecuencias de la represión gubernamental tras el intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016 siguen sintiéndose intensamente en la actualidad. Más de cien mil trabajadores del sector público, a los que se ha etiquetado públicamente como vinculados a organizaciones terroristas y a los que se les ha prohibido el servicio público de por vida, siguen esperando un remedio efectivo, al tiempo que se enfrentan a la miseria y a un tremendo estigma social. Mientras tanto, decenas de miles de personas languidecen en detenciones preventivas prolongadas y punitivas, en muchos casos sin pruebas creíbles de actos delictivos internacionalmente reconocibles.
El estado de emergencia de dos años de duración de Turquía puede haber terminado en julio de 2018, pero de manera alarmante, el retroceso cada vez mayor de los derechos humanos que provocó no lo ha hecho.
El estado de emergencia se utilizó para consolidar los poderes gubernamentales draconianos a fin de silenciar las voces críticas y despojar a la población de sus derechos y libertades fundamentales. Lejos de ser revertidas, muchas de estas medidas han continuado sin disminuir desde el final del estado de emergencia.
Este informe describe las preocupaciones de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en Turquía a finales de 2018 y concluye con recomendaciones al gobierno de Turquía para que la mejore.
Los derechos humanos en Turquía en 2018:Un estado de emergencia perpetuo
Durante los dos años del estado de emergencia, la legislación ha sido enmendada por 32 decretos ejecutivos que tienen fuerza de ley. Se hicieron más de 300 enmiendas mediante decretos ejecutivos del estado de emergencia a más de 150 leyes distintas, muchas de ellas con implicaciones para los derechos humanos. Además de las enmiendas que se introdujeron en las leyes vigentes durante el estado de excepción, incorporando así en la ley lo que deberían haber sido medidas excepcionales, el Parlamento turco aprobó la Ley 7145 en julio de 2018 con el objetivo declarado de permitir una lucha eficaz contra las organizaciones terroristas una vez finalizado el estado de excepción. Esta ley transpone al derecho común muchas de las facultades extraordinarias otorgadas durante el estado de excepción.
La Ley 7145 amplía el poder de los gobernadores para restringir la circulación y prohibir las asambleas públicas dentro de los límites de la provincia que gobiernan y permite a la policía retener a algunos sospechosos hasta 12 días sin cargos. Las autoridades turcas deben derogar todas las medidas de emergencia y otros cambios legales que no sean demostrablemente necesarios y proporcionados, o que impliquen restricciones desproporcionadas al ejercicio de los derechos humanos. Esto incluye, por ejemplo, los artículos 1, 8 y 9 de la Ley 7145 que impone restricciones a la libertad de movimiento y al derecho de reunión pacífica; el artículo 13 que extiende la detención policial a los sospechosos de delitos relacionados con el «terrorismo», así como el artículo 26 que permite que los despidos arbitrarios del sector público continúen durante otros tres años.
Detenciones arbitrarias y procesamientos abusivos
En diciembre de 2018, el número total de detenidos en prisión sin acusación ni juicio pendiente era de 57.000; más del 20% de la población carcelaria total. 44.690 personas están encarceladas por cargos relacionados con el “terrorismo”. Esta cifra incluye periodistas, activistas políticos, abogados, defensores de los derechos humanos y otros atrapados en una represión que ha excedido con creces el propósito legítimo de investigar y llevar ante la justicia a los responsables del intento de golpe de Estado de 2016.
Más de 100.000 trabajadores purgados del sector público que aún esperan justicia
De los 129.411 trabajadores del sector público despedidos arbitrariamente por decreto de emergencia tras el intento de golpe de Estado de 2016, al menos 121.928 no han podido revocar su despido. Muchos se enfrentan a la indigencia y a un tremendo estigma social. En algunos casos, se les ha impedido totalmente el acceso a sus profesiones. Los que fueron despedidos, incluyendo oficiales de policía, personal militar, maestros, académicos, profesionales de la salud y trabajadores de los medios de comunicación, fueron etiquetados públicamente como vinculados a organizaciones terroristas. Sin embargo, no se les proporcionaron justificaciones individualizadas ni la posibilidad de interponer un recurso efectivo contra sus despidos.
Sólo 3.799 de estos despidos fueron revocados posteriormente mediante decretos ejecutivos posteriores, mientras que otros tuvieron que recurrir a una comisión ad hoc establecida en enero de 2017 en respuesta a la presión nacional e internacional por la falta de un procedimiento de apelación para obtener reparación por los despidos masivos. La Comisión de Investigación del Estado de Emergencia recibió 125.600 solicitudes entre el 17 de julio de 2017 y el 5 de septiembre de 2018, fecha en que venció el plazo para la presentación de las desestimadas por el último decreto emitido el 8 de julio de 2018.5 Dos años después de la creación de la Comisión, se han examinado 50.500 solicitudes, de las cuales sólo 3.750 han sido aprobadas y remitidas a los departamentos gubernamentales pertinentes para su reincorporación.
En octubre de 2018, Amnistía Internacional publicó un informe, “Purged Beyond Return? No Remedy for Turkey’s Dismissed Public Sector Workers”, que revela que la Comisión no está creada para proporcionar una solución efectiva. Se ve empañada por la falta de independencia institucional, los largos períodos de espera, la ausencia de salvaguardias que permitan a las personas refutar las acusaciones y la debilidad de las pruebas citadas en las decisiones para defender los despidos. En efecto, actúa como un sello de goma para la gran mayoría de las decisiones originales de despido del gobierno, con más de 100.000 trabajadores del sector público despedidos a los que se les sigue prohibiendo el servicio público debido a supuestos vínculos con organizaciones “terroristas”.
Medidas enérgicas contra la libertad de los medios de comunicación
En 2016, Turquía se convirtió en el mayor encarcelador de periodistas del mundo, una posición que ha mantenido desde entonces, con hasta 123 periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación actualmente encarcelados en prisión preventiva o cumpliendo una sentencia de prisión.
Algunas de las investigaciones y enjuiciamientos en virtud de las leyes antiterroristas han dado lugar a condenas con trabajos periodísticos presentados como pruebas, como en el caso de 14 periodistas y ejecutivos de Cumhuriyet condenados a penas de entre dos años y medio y ocho años y un mes de prisión en abril de 2018. En julio, seis de los 11 acusados en el caso del periódico Zaman, cerrado por decreto ejecutivo en julio de 2016, fueron condenados y sentenciados a penas de entre ocho años y medio y diez años y medio de prisión por “pertenencia a una organización terrorista” sin ninguna prueba creíble.
La amenaza de investigaciones criminales, enjuiciamientos y encarcelamiento en espera de juicio ha tenido un efecto escalofriante en los medios de comunicación y la gran mayoría de los medios de comunicación principales apoyan al gobierno en sus reportajes.
La represión de la libertad de los medios de comunicación también incluyó el cierre de más de 170 medios de comunicación, incluidos los medios de comunicación impresos y audiovisuales, así como las editoriales. Más de 2.500 periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación perdieron sus empleos como resultado de estos cierres. El panorama de los medios de comunicación se volvió aún más desolado y uniforme cuando el último grupo de medios de comunicación independientes que quedaba fue vendido en marzo de 2018 a un conglomerado conocido por tener estrechos lazos comerciales con el gobierno.
Libertad de expresión, asociación y derechos de reunión pacífica
Al 31 de diciembre de 2018, al menos 1.487 organizaciones de la sociedad civil y 117 medios de comunicación cerrados durante el estado de emergencia seguían cerrados. Como los trabajadores del sector público despedidos mediante decretos ejecutivos, estas organizaciones y medios de comunicación no pueden acudir a los tribunales para solicitar la reapertura, sino que tienen que recurrir primero a la ineficaz Comisión de Investigación del Estado de Emergencia. Muchas de estas organizaciones tenían bienes considerables confiscados por el gobierno durante su cierre. Las autoridades turcas deben permitir que las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación que han sido cerrados arbitrariamente reabran y restauren sus bienes confiscados.
Este informe describe las preocupaciones de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en Turquía a finales de 2018 y concluye con recomendaciones al gobierno de Turquía para que la mejore.
