En medio de las afirmaciones de que Turquía se enfrenta a una crisis económica, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo el sábado que no perdonará a los empresarios que intentan sacar su dinero fuera de Turquía, informó la agencia estatal de noticias Anadolu.
“Aquellos que prefieren transferir dinero al extranjero no para aumentar y desarrollar la inversión, el comercio y los negocios, sino sólo para tener los fondos fuera del país, lo siento, pero no se les perdonará”, dijo Erdogan en la asamblea general de la Junta de Relaciones Económicas Exteriores (DEİK) en Estambul.
Rechazando la petición de los empresarios para levantar el estado de emergencia, Erdogan dijo que el Gobierno turco extendería el estado de emergencia por décima vez si fuera necesario.
El banco central de Turquía retiró las reservas de oro que tenía en la Reserva Federal de EE.UU. y las depositó en el Banco de Pagos Internacionales y el Banco de Inglaterra en medio de una crisis política con los Estados Unidos, dijo el columnista de Hürriyet Ugur Gürses, citando un informe del banco central.
Las reservas totalizaron 28,6 toneladas, escribió Gürses en una columna la semana pasada. Además, los bancos de Turquía han aumentado sus reservas con el banco central en oro en lugar de en divisa extranjera, poniendo 38,3 toneladas en el Banco de Inglaterra y 63,8 toneladas en las cuentas del banco central en la Bolsa de Estambul.
El Gobierno turco ha nacionalizado efectivamente alrededor de 1.100 empresas, asumiendo su administración o entregándolas a la Hacienda como parte de la represión contra la oposición y los grupos críticos en el país.
En respuesta a una moción presentada por el diputado del Partido Republicano del Pueblo (CHP) de la oposición, Melike Basmaci, en enero de 2017, el ex viceprimer ministro Nurettin Canikli dijo que el gobierno se había apoderado de 809 empresas hasta el 11 de enero de 2017 con un valor total de 38.300 millones de liras turcas (casi 10.000 millones de dólares).
La mayoría de estas empresas fueron confiscadas debido a los supuestos vínculos de sus propietarios con el movimiento Gülen, al que el gobierno acusa de haber planeado un fallido golpe de Estado el 15 de julio de 2016.
