Encarcelando a las mujeres en Turquía
Una campaña sistemática de persecución y temor
Introducción
Ha habido una campaña sistemática llevada a cabo desde hace cierto tiempo por el Gobierno turco contra las mujeres encarceladas por cargos inventados, como parte de una creciente caza de brujas dirigida a críticos y opositores del presidente Recep Tayyip Erdoğan y su partido dirigente, el Partido Justicia y Desarrollo (AKP).
La motivación detrás de esta represión sin precedentes contra las mujeres es la de infundir miedo en la sociedad turca e intimidar a las personas para que no ejerzan derechos tales como la libertad de expresión, la libertad de reunión y otras libertades. Lógicamente, si el régimen llega al extremo de encarcelar a las mujeres que, en algunos casos, han dado a luz o están embarazadas, y someterlas a torturas y malos tratos en centros de detención y prisiones, la percepción general va a ser que nadie está a salvo de la ira de Erdogan y de su gobierno.
Una mujer fue detenida en un hospital inmediatamente después de dar a luz, sin darle tiempo para recuperarse, mientras otra fue encarcelada mientras visitaba a su marido encarcelado, dejando a sus hijos en un coche aparcado bajo el cuidado del hermano mayor. Una mujer que enloqueció bajo tortura mientras se hallaba bajo custodia de la policía fue devuelta a la prisión, a pesar de un diagnóstico de perdida de cordura, porque su marido, un periodista, seguía prófugo. El gobierno ha encarcelado a las esposas de empresarios que se considera que apoyan a la oposición del autocrático presidente Erdoğan de Turquía, además de confiscar todos sus negocios y bienes personales. Todo esto ha hecho mella no sólo en las mujeres encarceladas, sino también en sus hijos y familiares.
La persecución de las mujeres mediante el abuso del sistema de justicia penal atraviesa todas las edades, desde tan sólo 18 años a más de 80 años de edad. La mayoría de las detenciones recientes son dirigidas a un sector sumamente culto entre los grupos de mujeres, lo cual incluye a profesionales, desde académicas, doctoras y profesoras hasta juezas y fiscales. Citamos solo a algunas: la rectora de la Universidad de Dicle, Ayse Jale Sarac; la jefa de la 2ª Cámara del Consejo Supremo de Jueces y Fiscales (HSYK) de Turquía, Nesibe Ozer; Nazli Ilicak, una periodista veterana de 72 años que también anteriormente ejerció como parlamentaria. Ninguna de ellas tenía ningún antecedente penal, pero enfrentan ahora cargos penales porque el gobierno las declaró terroristas y golpistas de la noche a la mañana. Estas mujeres victimizadas por el régimen represivo de Turquía sin duda son presas políticas.
En el presente informe, SCF cita casos bien documentados para trazar un cuadro de un patrón más amplio del abuso institucionalizado de mujeres encarceladas en Turquía, como una práctica sistemática desarrollada por las autoridades para reprimir el derecho a disentir, la libertad de expresión y el derecho a tener distintos puntos de vista de la ideología dominante del actual gobierno islamista. SCF cree que la tortura y los malos tratos de las mujeres detenidas y encarceladas son peores de lo que se divulga públicamente, ya que muchas de las víctimas temen confesar y compartir sus historias horribles sobre el abuso, pues ello resultaría en peores repercusiones de las autoridades.
Además del encarcelamiento por falsos cargos, estas mujeres fueron despojadas de su derecho a tener fácil acceso a la asistencia médica, fueron rechazadas las provisiones que solicitaron y fueron separadas de sus bebés e hijos, en flagrante violación de las obligaciones del gobierno turco en virtud de los convenios internacionales, así como la Constitución turca. Turquía viola, entre otras cosas, las Reglas Penitenciarias Europeas del Consejo de Europa (2006) y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (1957). El artículo 17 de la Constitución turca reza: “Nadie puede ser sometido a tortura o malos tratos; nadie podrá ser sometido a sanciones o trato incompatible con la dignidad humana.” Estos preceptos parecen haber perdido su significado para el actual gobierno turco.
En un informe en junio de 2008, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa hizo una llamada a los estados miembros, incluido Turquía, solicitando que “cuando se encarcela a una mujer, en particular si es la única o principal cuidadora de sus hijos, la autoridad judicial de los estados miembros debe ser convencida de que su decisión tiene que estar más fundamentada que una pena no privativa, dados los costos emocionales y el trastorno que pueden sobrevenir a la madre y a los niños”.[1] Asimismo se dijo que “la suspensión del encarcelamiento durante el embarazo también podría ser considerada”.
Los preceptos revisados de las Reglas Penitenciarias Europeas dicen que “las condiciones carcelarias que infringen los derechos humanos de los detenidos no se justifican por falta de recursos”. En el caso de mujeres embarazadas, las restricciones tienen que ser relajadas y las visitas familiares permitidas. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa subrayó que los Estados miembros deben “garantizar que las instalaciones y los regímenes penitenciarios sean lo suficientemente flexibles para cubrir las necesidades de las mujeres embarazadas, las madres que amamantan y las prisioneras cuyos hijos están con ellas”. Señaló además que las autoridades estatales deben “garantizar que, en situaciones en las que sea necesario separar a los bebés y niños pequeños de sus madres presas, esto se haga paulatinamente, para que el proceso sea lo menos traumático posible y sin riesgos.[2]
Muchos de estos preceptos fueron, de hecho, incorporados a la legislación turca. De acuerdo con el artículo 16 de la Ley N° 5275 de la Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad, aprobada el 13 de diciembre de 2004,[3] personas con graves problemas de salud, recién nacidas o que están embarazadas pueden ser liberadas en espera de juicio y/o su tiempo de prisión puede ser aplazado. Este precepto es válido tanto para los sospechosos en prisión preventiva como para los que ya han sido condenados.
De hecho, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en el caso de Gülay Çetin contra Turquía en 2013, indicó que esperar hasta que la condena sea definitiva para que se aplique el Artículo 16 de la Ley Nº 5275 constituye una situación preocupante en casos de procedimientos de apelación. El Tribunal afirmó que la diferencia de trato entre los detenidos en espera de juicio y los condenados, a la hora de considerar su liberación por razones de salud, había sido evaluada como una violación del Artículo 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH) porque el primero no disfrutaba de la misma protección legal que el último cuando se padece una enfermedad terminal.
Como resultado, se determinó por unanimidad que Turquía había incumplido los artículos 14 y 3 de la CEDH.[4] En respuesta a la sentencia, el gobierno turco notificó al Comité de Ministros que había transmitido el fallo a las autoridades pertinentes, incluidos los tribunales, y proporcionó estadísticas que indicaban que Turquía liberó a 559 personas (15 de ellas detenidas) de la prisión por una enfermedad grave o continua de conformidad con el artículo 16 de la Ley Nº 5275.[5]
Informe completo en inglés: https://stockholmcf.org/wp-content/uploads/2017/04/Jailing-women-in-Turkey.pdf
