La Unión Europea podría considerar la posibilidad de descongelar las conversaciones de adhesión con Turquía en caso de que el país levante los decretos del estado de emergencia.
Christian Berger, embajador de la UE en Turquía, dijo que el levantamiento del estado de emergencia sería visto como un gesto “muy simbólico”.
“Si eso cambiara, creo que los Estados miembros retomarían el tema y volverían a reflexionar sobre qué hacer a continuación”, dijo el austríaco a los periodistas en Estambul el miércoles (30 de mayo).
El estado de emergencia en Turquía ha dado lugar a detenciones masivas, despidos arbitrarios y denuncias de tortura desde el fallido golpe de Estado de 2016. El mes pasado se prorrogó por séptima vez.
No está claro hasta qué punto Viena, que asume la presidencia de la UE en el segundo semestre del año, se someterá a la reanudación de las conversaciones, dado que el canciller austriaco Sebastian Kurz ha pedido que se ponga fin a la candidatura de Turquía a la adhesión.
La UE y Ankara también celebraron una cumbre fría en Varna, Bulgaria, en marzo, en la que las dos partes se mantuvieron en desacuerdo sobre numerosas cuestiones relacionadas con el Estado de derecho, el encarcelamiento masivo de periodistas, la detención de soldados griegos y conflictos más amplios con Siria y Chipre.
Los comentarios de Berger preceden a los de una delegación de funcionarios de la UE que llegará el jueves a Ankara para debatir las cuestiones pendientes de la supresión de los visados de corta duración para los turcos que viajan a Europa.
Esto incluye, entre otras cosas, la exigencia de reformar las leyes antiterroristas de Turquía.
Acelerar la exención de visado es una concesión de la UE tras un acuerdo con Turquía en marzo de 2016 para frenar el flujo de inmigrantes a las islas griegas.
A principios de este año, Turquía había presentado sus planes a la Comisión Europea sobre cómo clasificar las leyes antiterroristas para que cumplieran las condiciones de la UE.
Sin embargo, los comentarios de Berger también se adelantan a las medidas del presidente turco Erdogan para consolidar aún más su control político con la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias el 24 de junio.
El país está lidiando con un repunte de la inflación, el desempleo y un déficit presupuestario que ha aumentado un 58 por ciento en el último año. Erdogan también se enfrenta a partidos aliados de la oposición y a candidatos empeñados en desbancarlo.
Si ganara otros cinco años como presidente, entonces la nueva constitución votada en un controvertido referéndum el año pasado, lo más probable es que entrara en vigor al día siguiente.
La Constitución ya ha concedido a Erdogan un papel más importante en el nombramiento de jueces, una medida criticada por el organismo de vigilancia de los derechos humanos con sede en Estrasburgo, el Consejo de Europa.
El conjunto es parte de un cambio más amplio que va de un sistema de gobierno parlamentario a uno que concentra el poder en el ejecutivo.
“Ahora están pasando más poderes al ejecutivo y lo que veríamos como funciones de control de un parlamento frente a un gobierno o el ejecutivo ya no es tan fuerte”, dijo Berger.
