El Golpe de Erdogan en Turquía

Un extraño intento de golpe que fue planeado para fallar desde el inicio

El fallido intento de golpe del 15 de Julio el en Turquía fue una operación de bandera falsa orquestada por Erdogan, en colaboración con un cuadro de militares y funcionarios de inteligencia, para consolidar su poder, asegurar un sistema presidencial de estilo imperial, reprimir toda la oposición y preparar el terreno para iniciar una incursión militar en Siria. La intentona, condenada a fallar desde el comienzo, fue calificada por Erdogan como un “regalo de Dios”, afirmando que debería ser considerada como un intento exitoso desde su perspectiva, a la vista de sus resultados.

Una gran brecha ha surgido entre los hechos y el relato del gobierno sobre la intentona de golpe, a pesar de los intensos esfuerzos del régimen de Erdogan en forma de censura, propaganda, presión, amenazas e incluso tortura y maltrato. Los testimonios de los acusados y la evidencia descubierta hasta la fecha han reafirmado la opinión de que la tentativa de golpe no fue más que un montaje.

El contradictorio discurso público de Erdogan, a la hora de referirse a la cadena de acontecimientos del día de la intentona, sus recuerdos, que incluso difieren de las acusaciones expedidas por el poder judicial que está estrictamente controlado por su régimen, las medidas anti-democráticas tomadas después del 15 de julio, el cierre de miles de instituciones y los arrestos de decenas de miles de civiles suscitan muchas dudas sobre los eventos del 15 de Julio.

El hecho de que el jefe de los servicios de inteligencia, Hakan Fidan, fuera informado de la intentona con antelación, según sus propias declaraciones escritas enviadas al Parlamento, pero que no haya informado ni al Primer Ministro ni al Presidente, refuerza la afirmación de que el intento de golpe fue totalmente organizado. No hay explicación de por qué los oficiales que fueron, ante todo, responsables de descubrir, frustrar y parar la tentativa de golpe contra el gobierno electo, permanecieron ilocalizables el día del golpe y por qué siguieron con su rutina diaria incluso después de que se enteraran de la tentativa.

En el contexto de la ausencia del testimonio del jefe de los servicios de inteligencia, Hakan Fidan, como sospechoso o testigo, en cualquier investigación judicial sobre la intentona de golpe, su ausencia en la Comisión Parlamentaria de Investigación del Golpe, y el mero hecho de que haya mantenido su puesto, Erdogan exige que todo el mundo crea en su relato sobre la intentona de golpe, sin siquiera cuestionar o investigar cualquier dato significativo.

El hecho de que Hakan Fidan se reuniera con los altos oficiales militares durante horas, el día antes del golpe, incluso el mismo día del golpe, su viaje a la oficina central del Estado Mayor a pesar del presunto soplo de que iba a ser detenido por los militares, su salida del cuartel militar sin ningún impedimento y el inicio de la intentona de golpe justo después de su partida -nada de esto ha sido explicado ni justificado hasta el día de hoy.

Es también importante apuntar que el Jefe General del Estado Mayor, Hulusi Akar, realizó declaraciones contradictorias. Los testimonios de testigos y acusados no confirmaron el relato proporcionado por Akar. Los expertos del servicio militar consultados por la SCF para la preparación de este informe claramente subrayan que, debido al soplo anticipado, el intento de golpe podría haber sido fácilmente parado en su curso y evitado por medio de medidas rápidas y simples. El hecho de que Akar no recurriese a tales medidas preventivas alimenta profundas sospechas sobre los eventos del 15 de Julio.

Resulta extraño que los altos comandos del servicio militar siguiesen con su rutina habitual, incluso asistiendo a ceremonias matrimoniales en el momento en el que había inteligencia fidedigna y alarmante de una tentativa de golpe. Esto está en contra de las tradiciones y prácticas establecidas, así como de las normas de los procedimientos operativos del servicio militar turco. De acuerdo al relato oficial, 8.651 oficiales tomaron parte en el golpe, correspondiendo al 1,5 por ciento del personal total del servicio militar en el ejército turco. De ellos, 1.761 eran reclutas privados, 1.214 estudiantes militares y 5.761 oficiales y sub-oficiales. Pero incluso estos números no reflejan la actual movilización que ha sido vista por tierra durante la tentativa de golpe. Dado el hecho de que 168 generales y miles de oficiales están ahora siendo procesados por acusaciones sobre el golpe, los expertos militares encuentran extraño que un número tan insignificante de tropas tomaran parte en la tentativa del golpe. Está estimado que hay 200.000 soldados bajo el comando de los generales que fueron acusados de la tentativa.

Algunos sucesos extraños, -tales como cerrar el puente de Bósforo al tráfico en una sola dirección, dar contra blancos que no sirvieron para nada a los propósitos de los golpistas, el evitar a políticos que deberían haber sido los primeros en ser señalados, asesinar civiles y tratar de confiscar instituciones con solamente un puñado de tropas, son cosas que no han sido explicadas. La limitada movilización de activos militares fue confinada a pocas ciudades y los supuestos comandos que fueron a detener a Erdogan llegaron a su hotel horas después de su partida. Todos estos sucesos no tienen ni pies ni cabeza, lo cual sugiere que fueron solamente organizados para dar una impresión y suministrar imágenes y fotos del golpe. Incluso tras un año, el gobierno turco ha sido incapaz de presentar evidencias convincentes y sólidas que demuestren que el movimiento Hizmet (popularmente conocido como el movimiento Gülen) estaba detrás de la tentativa de golpe, ya sea como cerebro o como actor. Los testimonios fabricados o forzados, aparentemente recabados bajo tortura severa en custodia, fueron más tarde refutados por los acusados cuando comparecieron en el tribunal ante la audiencia del juicio. Mientras tanto, la investigación publicada o reportada por instituciones internacionales reveló que los oficiales que fueron acusados de la tentativa del golpe tienen varias ideologías y educación. En la mayoría de los casos, las declaraciones de los acusados en el tribunal han mostrado que las tropas fueron movilizadas por amenazas de terror inminentes o como parte de un sondeo militar. Fethullah Gülen, en una entrevista escrita que dio al Centro de Estocolmo para la Libertad, expone que el intento de golpe fue un “guion indignante y atroz construido por Erdogan y sus cómplices”. Él dice que estaba iniciando una caza de brujas sin precedentes para perseguir el movimiento Hizmet. Dejó claro que si algún simpatizante del movimiento Hizmet tomó parte en este acto atroz, pudo hacerlo solo traicionando muchos de los ideales del movimiento. Gülen reiteró su llamamiento a una comisión internacional para investigar completamente el golpe, una oferta a la cual Erdogan se negó a responder. La incertidumbre sobre las investigaciones de balística de las armas usadas en el asesinato de civiles y tropas aún se hace esperar. Los grupos parlamentarios que tomaron parte en los conflictos, y que más tarde aparecieron en varios videos grabados la noche del golpe, no han sido identificados y cómo estaban organizados y movilizados aún permanece en el misterio. También hay informes de que la policía turca distribuyó armas de alto calibre a civiles la noche del golpe.

Turquía ya no es un país gobernado por el dominio de la ley y los principios democráticos. Es ahora un Estado gobernado por decretos del gobierno bajo un constante estado de emergencia. El poder judicial está bajo el control total del gobierno; la libertad de prensa y expresión permanecen secuestrados; lo parlamentario ya no está funcionando; y los políticos de la oposición están tras las rejas. Más de 150.000 empleados del gobierno han sido despedidos de sus puestos de trabajo, en base a sus perspectivas críticas, sin ningún examen efectivo del poder judicial o administrativo. Las purgas en el servicio militar, el poder judicial, el servicio de exterior y el equipo de seguridad han alcanzado niveles alarmantes. El Estado ha puesto a 51.889 personas tras las rejas, sin evidencia, juicio o condena, principalmente amas de casa, profesores, estudiantes, doctores, comerciantes y periodistas que estaban afiliados al movimiento Hizmet. Como fue confirmado por organizaciones inter-gubernamentales y no-gubernamentales, las instancias de tortura y maltrato de los detenidos, asesinatos sin resolver, desapariciones forzadas, arrestos arbitrarios y arrasamiento de cargos que no tienen base en el código penal están en incremento en Turquía. Las quejas registradas por las víctimas no reciben una respuesta por parte de las autoridades. El Centro de Estocolmo para la Libertad invita a todas las instituciones internacionales, ante todo a las Naciones Unidas, la OTAN, la Unión Europea, el Consejo de Europa, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, así como también a los aliados y socios de Turquía, especialmente los Estados Unidos, a prestar mucha atención a la preservación de los derechos humanos y libertades en Turquía. El Centro de Estocolmo para La Libertad cree enérgicamente que hay una necesidad urgente de implementar medidas y acciones políticas que pongan fin a las políticas anti-democráticas del régimen autocrático de Erdogan.

 Introducción

En Turquía, un miembro de la OTAN con el segundo ejército más grande en la Alianza en términos de efectivos, experimentaron una controvertida tentativa de golpe de estado el 15 de Julio de 2016 que, según todos los indicios, estaba destinado a fracasar desde el comienzo. El intento fue reprimido rápidamente, pero sus efectos tendrán probablemente consecuencias de gran repercusión para Turquía y sus aliados y socios durante años. Inmediatamente después del intento, el gobierno declaró el estado de emergencia y suspendió muchos de los derechos y libertades fundamentales. Turquía presentó notificaciones oficiales a las Naciones Unidas el 21 de Julio de 2016, exponiendo que atentará en contra de sus obligaciones bajo el Artículo 4 del Convenio Internacional en Derecho Civil y Político por declarar el estado de emergencia. Turquía también informó al Consejo de Europa sobre un aviso formal de la abolición de la Convención Europea en Derechos Humanos como está previsto en el Artículo 15 de la Convención. En una resolución, adoptada el 25 de abril de 2017, la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo concluyó: “Desafortunadamente, ocho meses después de la tentativa de golpe, la situación se ha deteriorado y las medidas han ido lejos, más allá de lo que es necesario y proporcionado. Las autoridades han estado gobernando a través de decretos-leyes que van más allá de lo que la situación de emergencia requiere y sobrepasa la competencia del parlamento legislativo”. La Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo también pautó colocar a Turquía bajo mecanismos de escucha para rastrear las violaciones de los derechos humanos. El Parlamento Europeo, con fecha del 6 de Julio de 2017, criticó a Turquía por las medidas tomadas bajo el estado de emergencia que tienen efectos negativos a gran escala, desproporcionados y duraderos en un gran número de ciudades, así como también en la protección de las libertades fundamentales del país. Esto propició “el despido colectivo de funcionarios y oficiales de policía, la masiva liquidación de las emisiones de los medios de comunicación, los arrestos de periodistas, académicos, jueces, defensores de los derechos humanos, oficiales electos y no-electos, miembros del servicio de seguridad y ciudadanos normales, y la confiscación de sus propiedades, capitales y pasaportes, la clausura de muchas escuelas y universidades, y la prohibición de viajar impuesta a miles de ciudadanos turcos”.

Dado que los decretos tienen fuerza de ley, han sido usados inconstitucionalmente con propósitos ilegítimos bajo el renovado estado de emergencia, emergiendo un gobierno en Turquía totalmente libre de cualquier control efectivo legislativo y judicial y con los mecanismos de evaluación y balance destruidos.

Sin precedentes en la historia del país, una purga masiva ha retirado a 140.000 oficiales públicos de sus puestos en el ejército, el poder judicial, la burocracia y las universidades sin el debido juicio. Las víctimas de la purga han sido declaradas terroristas o afiliadas o vinculadas a grupos de terror, poniendo simplemente sus nombres en decretos-leyes sin ninguna investigación administrativa o judicial y sin un razonamiento individual basado en alguna evidencia sólida. Decenas de miles de oficiales del ejército, funcionarios, periodistas, profesores, doctores, miembros de sindicatos, académicos y otros han sido arrestados. Uno de los grupos más afectados ha sido el del poder judicial, con el 30 por ciento de todos los jueces y fiscales (4.424) habiendo perdido sus trabajos y muchos siendo encarcelados sin acusaciones, juicio o condena. Asimismo, el 30 por ciento de los diplomáticos con carrera que trabajan para el Ministerio de Asuntos Exteriores han sido purgados y declarados como terroristas, y los embajadores superiores que han representado a Turquía en el extranjero durante años han sido arrestados con acusaciones inventadas de terrorismo y como conspiradores del golpe.

De acuerdo a los registros oficiales, 51.889 personas, la mayoría de las cuales son amas de casa, profesores, estudiantes, doctores y comerciantes, han sido arrestados por presuntos vínculos con el movimiento Gülen, un grupo cívico inspirado en la Base Estadounidense Islámica del alumno Fethullah Gülen; 2.099 instituciones educativas, incluyendo universidades de alto nivel y escuelas secundarias, han sido cerradas, 965 empresas privadas han sido expropiadas por el gobierno por medio de acusaciones dudosas, y los activos y la riqueza de individuos privados, incluyendo periodistas, han sido confiscados sin juicio o condena.

Casi 200 medios de comunicación independientes, críticos y disidentes han sido cerrados; 264 periodistas han sido encarcelados a partir del 12 de Julio de 2017; y han sido expedidas órdenes de detención para 150 periodistas que huyeron de Turquía o todavía están en el trayecto. Han sido cerradas cientos de asociaciones, fundaciones y organizaciones civiles. Selahattin Demirtaş y Figen Yüksekdağ, los co-presidentes del Partido Democrático del Pueblo Pro-kurdo, el tercer partido más grande en el Parlamento por número de escaños, y 11 legisladores del mismo partido, así como también un legislador de la principal oposición del Partido de Gente Republicana, están aún en prisión pendiente de juicio. Durante este periodo, que se asemeja a una montaña rusa, Turquía ha sido muy criticada en informes publicados por organizaciones de derechos humanos, como un país donde los asesinatos sin resolver y las desapariciones forzadas han hecho su reaparición, las demandas por la tortura sistemática y extendida han aumentado, y el trato inhumano y la degradación por parte de las autoridades no perdona ni siquiera a mujeres y niños. 82 personas han muerto o se han suicidado en circunstancias sospechosas y 13 han sido secuestradas por las fuerzas de seguridad. A veces, ha sido denegado el acceso a la supervisión de organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones cuando se intentaba investigar estas reclamaciones. En el informe presentado por en el Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas por David Kaye, Relator Especial en la promoción y protección de los derechos de libertad de opinión y expresión, subrayó que “un ajuste del espacio de la sociedad civil que señalice una reincidencia radical del camino a la democracia de Turquía y que merece una atención urgente para dar marcha atrás”. Kaye concluyó que “la situación de la libertad de expresión en Turquía pasa por una grave crisis y requiere pasos de inmediato para que Turquía cumpla con sus obligaciones bajo la ley internacional de los derechos humanos”.