El estado de emergencia de Turquía de 2016 a 2018 afectó gravemente a unos 1,5 millones de ciudadanos, convirtiéndose en un «programa de genocidio social», según un informe de 1.500 páginas sobre los relatos personales y las experiencias de las personas que fueron despedidas de la función pública por decretos leyes después del fallido intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016 publicado conjuntamente por la Plataforma de Justicia para las Víctimas y el diputado del pro kurdo Partido Democrático de los Pueblos (HDP) y activista de derechos humanos Ömer Faruk Gergerlioğlu.
La fuga de cerebros, la fuga de capital financiero, el debilitamiento de la fuerza social y cultural y las pérdidas de productividad e inversiones fueron algunos de los impactos negativos del estado de emergencia, según el informe.
El documento de 1.500 páginas reunió el testimonio de 3.104 víctimas de purgas de toda Turquía y 33 países del mundo, incluyendo ex funcionarios públicos sumariamente despedidos de sus trabajos por decretos-leyes de emergencia.
“Las víctimas de los decretos-leyes no sólo fueron despedidas de sus empleos, sino que también se les impidió buscar empleo en el sector privado y se les negó el acceso a las prestaciones sociales”, dijo Gergerlioğlu.
“El proceso del estado de emergencia ha superado con creces los límites de la aceptabilidad y se ha convertido en una ‘muerte de civil’ aún no mencionada o, más precisamente, en un “genocidio social” mediante la opresión e, incluso, la destrucción de los seres físicos y mentales de más de un millón y medio de ciudadanos de la República de Turquía» señaló el informe.
Turquía despidió a unos 130.000 funcionarios públicos durante los dos años del estado de emergencia. Las organizaciones internacionales deploraron repetidamente la falta de recursos jurídicos eficaces para impugnar las decisiones.
