El discurso de odio contra los cristianos

Turquía ha sido testigo de un aumento sin precedentes en el discurso xenófobo, intolerante y lleno de odio por parte de los gobernantes de la nación, impulsado principalmente por su presidente, Recep Tayyip Erdogan, quien utiliza un discurso incesante y vil para incitar a la hostilidad, profundizando así las divisiones y fomentando la polarización en una nación de cerca de 80 millones de habitantes de cara a obtener beneficios políticos a corto plazo.

Esto ha tenido un impacto negativo en la cohesión social, el pluralismo y la integridad de la sociedad turca, supone una amenaza a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, y ha supuesto la politización de las instituciones estatales, incluido el poder judicial. Hoy, la utilización del discurso de odio que estigmatiza a millones de personas entre los grupos sociales vulnerables, como las minorías y otros, se ha convertido en algo rutinario para el régimen autocrático del presidente Erdogan.

En Turquía, desafortunadamente, muchos partidos de la oposición permiten la ideología divisiva del gobernante Partido Justicia y Desarrollo (AKP) y del presidente Erdoğan, y repiten las mismas palabras, o bien no muestran voluntad política para desafiar y combatir el discurso de la intolerancia y las consiguientes acciones discriminatorias que debilitan la democracia.

Además, este patrón alarmante de odio que encontramos en los líderes ha sido expandido y amplificado aún más por los medios de comunicación, ONGs e instituciones educativas controladas o dirigidas por el gobierno las cuales siembran ideas intolerantes en todos los segmentos de la sociedad.

Esto no sólo es una amenaza para Turquía, sino que además amenaza con propagarse a otros lugares, tal y como se ha presenciado ya en muchos países, especialmente en Europa, donde existen importantes comunidades turcas. Las viles e ininterrumpidas declaraciones del presidente Erdogan contra sus críticos y opositores internos, como son los miembros del movimiento Gülen, alevís y kurdos, se extienden más allá de las fronteras turcas. Occidente en general, y los cristianos y los judíos en particular, en ocasiones tampoco se han librado del discurso de odio de los líderes turcos.

El Centro por la Libertad de Estocolmo (Stockholm Center for Freedom – SCF), un grupo de seguimiento que rastrea violaciones de los derechos humanos en Turquía, ha documentado casos de incitación al odio y delitos de odio que representan una amenaza para la diversidad y el pluralismo en Turquía. Como caso concreto en este informe, el SCF seleccionó los patrones de odio de Erdogan y sus asociados para demonizar a los cristianos en Turquía y en el extranjero. La alarmante situación en Turquía equivale a una violación de la libertad de pensamiento, conciencia y religión y, por lo tanto, coloca a Turquía en una posición de incumplimiento de sus compromisos en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).

Este informe sigue al informe del SCF de mayo de 2017 sobre el discurso de odio contra miembros del movimiento Gülen, quien ha sufrido los incesantes ataques de Erdogan y sus círculos en el gobierno, dando lugar a una persecución masiva y a una caza de brujas sin igual en la historia moderna de Turquía.

La campaña de odio de Erdogan y sus socios islamistas ha sido tan intensa que incluso los partidos de la oposición han adoptado en ocasiones el lenguaje de los opresores en lugar de desafiarlo y resistir, con la esperanza de desviar la ira de Erdogan y transferir parcialmente la culpa a las víctimas. Aunque los católicos y los ortodoxos han sido los principales objetivos de esta implacable campaña, los protestantes y otros grupos han sido también estigmatizados en Turquía. Esta campaña de odio ha dado lugar a políticas y acciones legales reales, llevando a un pastor estadounidense a la cárcel y prohibiendo a otro la entrada en el país aduciendo razones de seguridad nacional.

Aunque no existe una definición universalmente aceptada de discurso de odio, hay una serie de pautas que Turquía debería y tiene que seguir, como, por ejemplo, las emitidas por los órganos del Consejo de Europa. De hecho, hasta cierto punto, Turquía ya lo ha hizo al criminalizar el discurso de odio en 2014. Sin embargo, su implementación ha sido bastante decepcionante, cuanto menos, porque en muchos casos los fiscales simplemente se niegan a presentar denuncias penales, especialmente cuando son dirigidas contra oficiales del gobierno, en particular Erdogan, y en algunos casos han convertido las denuncias en nuevas investigaciones contra los demandantes y las víctimas.

Erdogan, quien consolidó su control sobre el poder judicial con las enmiendas constitucionales del 16 de abril, que le dieron el poder definitivo para dar forma con eficacia a los principales órganos judiciales, goza de absoluta inmunidad para utilizar de forma insistente el discurso del odio contra sus críticos y opositores. Por otro lado, los abogados de Erdogan generan miles de casos de difamación contra personas que han criticado legítimamente al presidente, golpeando a los críticos con fuertes multas y condenas de cárcel.

Ese patrón confirma la opinión de que la simple penalización del discurso de odio no ha significado ninguna solución en el caso de Turquía, ya que el problema real proviene de la falta de respeto por la igualdad, la diversidad y el pluralismo, en el verdadero sentido, entre el cuadro actual de líderes turcos, cuya ideología está arraigada en el islamismo xenófobo y en el nacionalismo. Para colmo, Erdogan y otros líderes turcos van más allá al alentar el discurso de odio, ignorar los derechos humanos y los problemas fundamentales, y revisar las políticas educativas y sociales con el fin de institucionalizar esta narrativa peligrosamente inflamable y llena de odio.

Sin embargo, esto implica que Turquía ha estado violando principalmente los artículos del CEDH, que son vinculantes para dicho país. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha declarado claramente que “la tolerancia y el respeto por la igual y dignidad de todos los seres humanos constituyen los cimientos de una sociedad democrática y pluralista. Siendo ese el caso, por principio, puede considerarse necesario en ciertas sociedades democráticas sancionar o incluso prevenir todas las formas de expresión que propaguen, inciten, promuevan o justifiquen el odio basado en la intolerancia.”

El artículo 9 del CEDH, que protege la libertad de pensamiento, conciencia y religión, es considerado uno de los pilares de una sociedad democrática y pluralista. Las limitaciones al ejercicio de la libertad religiosa deben limitarse a las prescritas por la ley y necesarias en una sociedad democrática.

La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) también estableció las directrices para combatir el discurso de odio en su recomendación de política general número 15, que fue adoptada el 8 de diciembre de 2015. En ella, la ECRI reconoció que los políticos y otros líderes “tienen una responsabilidad particularmente importante” en la prevención del discurso de odio “debido a su capacidad de ejercer influencia sobre un amplio público.”

En el caso de Turquía, Erdogan está haciendo todo lo contrario. Como resultado, lo que la ECRI advirtió al decir que “el uso del discurso de odio puede tener la intención de incitar, o razonablemente esperar que tenga el efecto de incitar a otros a cometer actos de violencia, intimidación, hostilidad o discriminación contra aquellos que son blanco de él y que esta es una forma especialmente grave de dicho discurso” ha sucedido en Turquía. La discriminación ignora sistemáticamente todos los derechos humanos de personas o grupos particulares debido a su identidad o creencias. La discriminación puede incluso permitir que la víctima sea tratada cruelmente, ya que ve a la persona como un objeto, no como un ser humano.

El hostigamiento de turistas que son tomados como cristianos, en las calles de Turquía, y la indiferencia de las autoridades en la gestión de tales casos son el resultado de esta incitación y narrativa odiosa promovida por los líderes del país. La implacable campaña de difamación de los medios controlados por el gobierno contra un pastor protestante estadounidense injustamente encarcelado en Esmirna alimenta aún más dichos actos de hostilidad. Los ataques constantes hacia el Vaticano y el Papa por parte de Erdogan y otros en discursos públicos, y las tácticas difamatorias, ampliamente extendidas en los medios de Erdogan, en contra del Patriarcado Ortodoxo Griego de Estambul han llevado el discurso de odio a un nuevo nivel.

Con este patrón de comportamiento, los líderes de Turquía parecen estar incumpliendo la Convención de la ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, que finalmente ratificó en 2002, 30 años después de su firma. Es muy probable que Turquía sea citada a ese efecto en los próximos informes del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), que supervisa la implementación de dicha convención. Del mismo modo, como miembro de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Turquía acordó en Copenhague en el año 1990 que los Estados participantes deberían “garantizar a todas las personas una protección igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo.”

La Oficina para las Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE / ODIHR) supervisa a Turquía por crímenes de odio. Sin embargo, la propia oficina recibió un ataque injustificado por parte de Erdogan durante y después de la campaña del referéndum del 16 de abril, que impulsó los poderes del presidente sin un sistema de controles y equilibrios en lo que fue considerada una campaña sin garantías. Erdogan calificó a los observadores electorales de la OSCE de “terroristas”, se comprometió a no reconocer sus informes y ordenó a sus medios que realizaran una campaña de desprestigio contra los observadores individuales plasmando sus imágenes en las primeras páginas de los diarios pro-gubernamentales.

Tal y como el legislador sueco Jonas Gunnarsson dejó claro en su informe de 2014 titulado “Una estrategia para prevenir el racismo y la intolerancia en Europa,” que fue aprobado por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE), los políticos tienen una responsabilidad especial a la hora de permanecer vigilantes frente al creciente discurso de odio, instándolos a rechazar firmemente el racismo, el odio y la violencia. “Desafortunadamente, con demasiada frecuencia, los políticos se entregan al discurso populista e intolerante, incluso cuando pertenecen a los partidos mayoritarios,” concluyó. Esto es especialmente cierto en el caso de Erdogan.

Según se deduce de este estudio de investigación, el patrón decodificado de discurso de odio que Erdogan ha utilizado contra los cristianos es muy parecido, aunque en menor grado, al que ha estado usando contra los miembros del movimiento Gülen. Tampoco son mutuamente excluyentes, ya que Erdogan lanza insultos e invoca narrativas de discurso de odio similares para difamar a ambos grupos de manera colectiva o intercambiable.

Este patrón de comportamiento también se puede aplicar a otros en diversos grados e intensidad, incluyendo en un momento u otro el movimiento político kurdo y los alevís, así como organizaciones intergubernamentales como la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, y países concretos como Estados Unidos, Alemania o los Países Bajos.

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Los artículos publicados en el diario pro Erdogan “Yeni Akit” (07/10/2017) con el título de “TERRORISMO CRISTIANO” en la primera página ponen a los cristianos bajo sospecha, los asocian con la violencia e incitan a la enemistad contra ellos.